València ya empadrona a personas sin hogar y en riesgo de exclusión
Todos los ciudadanos de València sin excepción podrán obtener un certificado de empadronamiento, y por tanto, acceder a determinados servicios sociales para los que se exige este documento como abonos de transporte, ayudas de emergencia, viviendas municipales o incluso la futura renta de inclusión social que prepara la Generalitat.
Según ha explicado este jueves la concejala de Igualda y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, hasta ahora las personas sin techo o en riesgo de exclusión como aquellas que viven en chabolas o infraviviendas, en albergues, que son víctimas de trata o incluso familias desahuciadas que ocupan viviendas no tenían la posibilidad de empadronarse al no poder justificar una vivienda como residencia habitual.
Esto les dejaba sin posibilidad de beneficiarse de estos servicios creados paradójicamente para ciudadanos con un alto grado de vulnerabilidad.
Sin embargo, tal y como ha comentado Lozano, desde hace cuatro meses el Ayuntamiento ha iniciado en proceso en colaboración con los servicios sociales y entidades u ONG colaboradoras para informar y tramitar el certificado de empadronamiento a todos estos colectivos. Así, en estos cuatro meses ya se lo han hecho una trintena de personas.
“Aunque no disponemos de cifras concretas de posibles beneficiarios, sí que tenemos a 500 personas sin hogar registradas y unas 300 familias que viven en viviendas precarias, aunque es posible que algunas ya estuvieran previamente empadronadas”, ha informado la edil.
En cuanto al proceso para proceder al empadronamieno, se les dará de alta como residentes de los diferentes centros sociales con los que cuenta el Ayuntamiento asociado a cada colectivo. En el caso de las familias que vivan en pisos ocupados, se les solicitará permiso a los propietarios para censarlos en la vivienda. En caso de que rechacen esta opción, se les empadronará también en un centro municipal.
Los servicios sociales del Ayuntamiento crearán una comisión de seguimiento que cada seis meses comprobará si las personas empadronadas en este régimen excepcional continúan viviendo en la ciudad para evitar situaciones fraudulentas.
València no es la primera ciudad en la que se aplica esta medida, puesto que al menos en Barcelona también se ha puesto en marcha.
