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El Gobierno valenciano comunica al naviero Boluda que no seguirá en el consejo en plena polémica por la ampliación del puerto

El conseller de Obras Públicas debe llevar al pleno del Consell la propuesta de los tres nuevos representantes en la Autoridad Portuaria de Valencia consensuados con Compromís y ahora con Podemos, que quiere incidir en la decisión

El cuarto consejero de la Generalitat, el líder patronal Salvador Navarro, abandonará su puesto el próximo año, por lo que el Consell tendrá que proponer un sustituto

El PSPV tiene apalabrado un nombramiento de perfil técnico, mientras Compromís tiene previsto proponer a la secretaria autonómica de Política Territorial, Inmaculada Orozco, y a la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra

El conseller Arcadi España, primero por la izquierda; el empresario Vicente Boluda, tercero por la izquierda, y el presidente del Puerto, Aurelio Martínez, tercero por la derecha.

El conseller Arcadi España, primero por la izquierda; el empresario Vicente Boluda, tercero por la izquierda, y el presidente del Puerto, Aurelio Martínez, tercero por la derecha.

Antes de final de año. Esa es la fecha que desde la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana fijan para renovar a tres de sus cuatro consejeros en el puerto de Valencia cuyo mandato se agotó hace seis meses. Esta interinidad provoca que los representantes de la administración autonómica tengan voz pero no voto, lo que tiene de los nervios a Compromís y Podemos porque entienden que en estos momentos la institución se encuentra en un punto crucial con la tramitación del polémico nuevo proyecto de ampliación norte.

El conseller Arcadi España todavía no ha llamado a Compromís para negociar los nombres y Podemos ha llamado al conseller para que le incluya en la decisión. De momento, lo único acordado de manera informal fue que los tres nuevos consejeros que se deben nombrar de manera inminente y el cuarto el año que viene no sean empresarios. El Gobierno valenciano ya ha comunicado al presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, que no seguirá. También lo sabe el líder de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, cuyo mandato expira el año que viene.

El naviero Vicente Boluda ha sido miembro del consejo de administración desde hace más de una década cuando el PP optó por situar entre los representantes de la administración a empresarios del sector. En la primera legislatura del Pacto del Botánico se siguió con esta política, pero la modificación de la ampliación norte, que afecta directamente a los intereses empresariales de Boluda, ha hecho insostenible que continuara. De hecho, el presidente del lobby Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se ausentó de la mesa que votó la tramitación del nuevo proyecto porque afecta directamente a sus intereses empresariales.

Otro consejero de la Generalitat crítico con esta obra podría haber estado y votar en contra, en sintonía con la postura que defienden Compromís y Podemos y que ejerció el alcalde de Valencia, Joan Ribó. De hecho, los empresarios están representados con varios sillones en nombre de la Cámara, la patronal y los navieros. 

Arcadi España quiere un perfil técnico y especialista en sostenibilidad para afrontar la importante decisión de cambiar la ampliación aprobada en 2007. El Ayuntamiento de València y la Conselleria de Medio Ambiente entienden que las modificaciones son tan sustanciales que debe hacerse una nueva declaración ambiental. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, sigue adelante con la tramitación de las obras de la nueva terminal que ya ha preadjudicado a la multinacional MSC.

Compromís, por su parte, tiene previsto proponer a la secretaria autonómica de Política Territorial, Inmaculada Orozco, y a la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra. Dos perfiles de confianza para proponer sus iniciativas, aunque no se garantiza tener la mayoría del consejo. El compromiso de España es llevar a pleno los nombramientos antes que finalice el año. Será difícil.

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