Una pequeña empresa se querella contra el gigante Amazon en la Audiencia Nacional por estafa a gran escala: “Miles de pymes han perdido su dinero”

Amazon, propiedad de Jeff Bezos, habría “urdido” un plan que “reviste caracteres de estafa a gran escala” con el que causa “un perjuicio patrimonial contra una gran cantidad de usuarios y titulares de cuentas asociadas” del gigante de la distribución, según la querella que ha presentado en la Audiencia Nacional la empresa valenciana Quickshop SL contra la multinacional y su vicepresidenta en España e Italia, Mariangela Marseglia.  

La pequeña empresa valenciana considera que Amazon detecta determinados parámetros para bloquear las ventas de un producto estrella de los vendedores que usan la plataforma online. “Le estudian, observan lo que vende, y al detectar productos estrella o con éxito de ventas, le cierran las ventas y se quedan el dinero”, asegura la querella. “Lo que pretenden es robarle el proveedor”.

Esta mercantil, dedicada al comercio al por mayor no especializado, era un seller de Amazon que, en la jerga interna de la multinacional, designa a los vendedores que usan la plataforma a cambio del pago de un canon fijo mensual. El usuario abona su compra a Amazon que a su vez paga al seller... o no. 

La querella, adelantada porValenciaPlaza y a la que también ha tenido acceso este diario, denuncia que Amazon se ha “apropiado de todos los importes de las ventas” de Quickshop SL, “sin que haya transferido ni un solo euro a su cuenta corriente”.

“Por más rocambolesco que resulte, podemos afirmar que Amazon se financia, al menos en parte, con el importe que sustrae y estafa a una determinada cuota de sus sellers”, sostiene el abogado Javier Gimeno Ortega en la querella, que reclama un importe de 36.384,6 euros de responsabilidad civil.

La empresa valenciana se dio de alta en Amazon el 27 de julio del 2019. Tres meses después, la multinacional comunicó a Quickshop SL que iba a proceder a transferir a su cuenta 23.783,4 euros por ventas en España, Reino Unido, Francia y Alemania.

“Ninguna de las transferencias supuestamente enviadas han llegado a la cuenta de Quickshop SL, que tuvo que interrumpir inmediatamente sus ventas, tanto en Amazon como en los demás portales o marketplaces, al haberse quedado sin fondos propios con los que adquirir nuevas mercancías para poder proceder a su posterior venta, dado la magnitud que dicha cifra suponía para una pequeña empresa”, indica la querella.

Así, la mercantil valenciana se ha visto abocada al “cierre definitivo”. Quickshop SL tuvo que cesar inmediatamente en sus ventas el 24 de octubre y solicitar ese mismo día un crédito de 4.000 euros para cubrir las ventas y pedidos pendientes, “pues era preciso comprar los productos que a la mercantil le habían sido pedidos y enviarlos a sus compradores, quienes los adquirían y pagaban a través de la plataforma Amazon”. 

La multinacional de Jeff Bezos “se ha apropiado descaradamente del importe de todas y cada una de las ventas” de la empresa valenciana que vio cómo Amazon cerraba varias veces su cuenta e impedía así acceder a la documentación sobre el histórico de ventas y de transacciones realizadas.

La querella considera que el cierre “sin previo aviso” de la cuenta constituye un delito de daños que generó un “perjuicio tan grave” que supuso el fin de su actividad comercial. Además, considera que el cierre de cuentas de los sellers es una “práctica habitual” de Amazon que crea una “absoluta situación de indefensión”. 

La empresa envió tres correos electrónicos reclamando el pago de las transferencias “sin obtener respuesta alguna”. “Existen cientos o miles de vendedores afectados con la misma sistemática metodología criminal de Amazon”, apostilla la querella, que sostiene que la multinacional, además de sus ingresos por las comisiones que cobra a los sellers y por los servicios logísticos, se embolsa “ingresos fraudulentos producto de sus actividades ilícitas”.

Un abogado de la empresa envió varios requerimientos al gigante del comercio online, que despejó el balón escudándose en que los servicios de Marketplace “no son explotados ni gestionados por Amazon Spain Services SL, por lo que dicha entidad carece manifiestamente de legitimación y capacidad alguna para dar satisfacción a ninguno de los requerimientos”. A pesar de ello, y como “muestra de buena fe”, la multinacional dice que se ha remitido el requerimiento a “la entidad correspondiente”. 

La “sibilina evasiva” no termina de convencer a la empresa ni a sus representantes jurídicos. “Parecería un juego de prestidigitación si no estuviéramos hablando de una estafa a gran escala a cientos o miles de pequeños empresarios individuales o pymes que han perdido su dinero”, escribe el letrado Javier Gimeno. 

La prácticas “claramente delictivas de Amazon” detectan “productos estrella o con éxito de ventas, les cierran las ventas y se quedan el dinero” de los sellers, concluye la querella, que solicita que se tome declaración como investigada a la vicepresidenta de Amazon en España e Italia, Mariangela Marseglia.