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Renuncian los abogados y la procuradora que defendían al empresario Antxon Alonso en la investigación de corrupción

Antxon Alonso, en el Senado

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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El bufete de abogados de Martín Zudaire, con despacho en Pamplona, ha comunicado al Tribunal Supremo su renuncia expresa a continuar ejerciendo la defensa del empresario nacido en Gipuzkoa pero residente en Bizkaia Antxon Alonso. Ha renunciado también la procuradora. En el escrito registrado no figuran los motivos y se insta a Alonso a que designe un nuevo equipo, según explican fuentes judiciales.

Alonso, entre otras participaciones, es el dueño de la empresa Servinabar 2000, el epicentro de la derivada navarra de la presunta trama de corrupción. La Guardia Civil halló en su domicilio de Elorrio un documento privado en el que Santos Cerdán, de quien es amigo personal, parecía asumir el control del 45% de la entidad, aunque no fue elevado a público. El empresario fue citado en calidad de investigado y compareció en el Supremo el 7 de julio, coincidiendo con la festividad de San Fermín en Pamplona. En contraste con lo que le sucedió una semana antes a Cerdán, Alonso esquivó la prisión preventiva pero sí tiene medidas cautelares, como la obligación de comparecer cada dos semanas en un juzgado y no poder salir de España.

El 10 de junio fue cuando la UCO registró el dúplex de Alonso en Elorrio. Si el operativo arrancó a las 8.05 horas, a las 9.45 horas ya estaba representado por el navarro Martín Zudaire, que en su día fue candidato del PNV y que ha ejercido como letrado de la sociedad de vivienda de Navarra, Nasuvinsa, o en el 'caso Davalor'. Zudaire también estuvo presente en el registro de la oficina de Pamplona que era la sede de Servinabar 2000 y que tuvo lugar en la tarde y noche de esa misma jornada, con presencia del teniente coronel Antonio Balas. Sin embargo, en la comparecencia en el Supremo participó otra letrada de ese despacho, Myriam Ayerra.

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