Vitoria inicia el camino para ser zona tensionada, con lo que las tres capitales vascas podrán topar el alquiler

Vitoria ha iniciado ya el camino para convertirse en zona tensionada para la vivienda, con lo que las tres capitales vascas podrán topar los precios de los alquileres. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miércoles la orden del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, con la que se inicia el procedimiento de declaración. De esta forma, Vitoria se unirá las otras dos capitales vascas. Donostia ya es zona tensionada, mientras que Bilbao está en trámite. En total, hay en estos momentos un total trece municipios vascos que en estos momentos son ya zona tensionada en materia de vivienda o están en trámite para serlo.

La declaración se extiende a todo Vitoria, excluida la zona rural del municipio que no está inserta en la trama urbana, salvo Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ehari-Ali y Gardelegi. A partir de este momento se abre un periodo de 20 días hábiles para que se puedan presentar alegaciones a la propuesta.

El plan presentado al Gobierno vasco constata que en la capital alavesa se cumplen los requisitos que marca la Ley para poder acogerse a esta medida, como haberse producido un incremento en los últimos cinco años tanto del precio medio de las viviendas de alquiler, en un 21,2%, como en el de compraventa, en un 27,5%,, y, además, el esfuerzo económico para el pago de la renta y de los gastos de suministros se sitúa en el 30,6% de la renta media disponible de los hogares, es decir, por encima del 30%.

La solicitud de zona tensionada debe estar acompañada de un plan de acción en materia de vivienda a tres años, que, en el caso de Vitoria, contempla la construcción de casi 3.000 viviendas, de las que el 53% serán de alquiler. En concreto se firmará un nuevo convenio de vivienda con el Gobierno vasco para la construcción de 950 viviendas de iniciativa pública en Zabalgana, Salburua, Ibaiondo y Abetxuko. A esto se unirán otras 1.383 viviendas de promociones para viviendas sociales y tasadas, impulsadas por la iniciativa privada; y en tercer lugar 642 viviendas, en Arkaiate y Larrein, fruto del convenio firmado por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco en febrero del año pasado. “Construiremos estas 2.975 viviendas con una clara ventaja respecto a otros municipios vascos: Vitoria facilitará suelo finalista para vivienda, es decir, urbanizado y preparado para la llegada de las grúas en cuanto se solicite la licencia”, decía la alcaldesa Maider Etxebarria el pasado 3 de julio, en el momento de aprobarse el plan en el Ayuntamiento para realizar la solicitud.

Cuando se apruebe el paso definitivo a zona tensionada, y se incluya en el registro de municipios bajo el paraguas de esta medida en materia de vivienda, supondrá que Ayuntamiento de la capital alavesa podrá topar el precio de los alquileres para evitar que suban de manera desmedida. Durante los tres años que dura la vigencia de la medida, el municipio podrá aplicar el tope de subida anual de los alquileres en función de índice de revalorización de alquileres, que en estos momentos está en el 2,8%. No podrá subirse los alquileres por encima de ese tope. También se posibilita la prórroga durante tres años del contrato en las mismas condiciones que el anterior cuando finalice después de cinco años. Además, en los nuevos contratos se limitará el precio del alquiler, que no podrá superar la renta del último contrato. Es decir, no podrá subirse el precio de la mensualidad aprovechado el cambio de inquilino. La excepción que marca la legislación permite incrementar los contratos en un 10% en alquileres de más de 10 años o para mejoras relacionadas con la rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad de la vivienda.

En el caso de los pisos propiedad de grandes tenedores, los que son titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial en el municipio, los precios topados que se fijen del alquiler estarán vinculados al Índice de Precios de Referencia fijados para esta zona. Esto no podrá hacerse, de momento, en Euskadi, ya que dicho índice no está fijado porque las Haciendas forales están todavía recabando los datos que deben enviar al Ministerio para elaborar dicho índice. Las viviendas que llevan más de cinco años sin alquilar o se alquilan por primera vez, también tiene su tope de alquiler de salida vinculado a este índice, por lo que no se podrán topar. El Departamento de Vivienda confiaba en que el mes de julio se tuvieran ya los datos referidos a Gipuzkoa, pero hasta el mes de septiembre no está previsto que las tres Haciendas forales hayan remitido los datos pertinentes al Ministerio para la elaboración del Índice de Precios de Referencia.

En relación con esta cuestión, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria, Borja Rodríguez, pedía en una entrevista hace unos días a la Diputación “haga sus deberes” para elaborar los índices de referencia. “Pediría a la Diputación que también haga sus deberes para que cuando se publique en el BOE la declaración de zona tensionada, pues efectivamente se pueda proceder a la limitación de los precios del alquiler”.

A falta de los índices de referencia, oficialmente tienen ya la declaración de zona tensionada y están inscritos en el registro de municipios que elabora el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Errenteria, Lasarte-Oria, Zumaia, Irún, Barakaldo, Donostia y un distrito de Galdakao. En trámite están, Hernani, Astigarraga, Lezo, Usurbil, Zestoa y Bilbao y Vitoria. La previsión con la que cuenta el consejero de Vivienda es que a finales de 2025 el 48% de la población podrá estar bajo medidas de blindaje de los alquileres.

Según un informe publicado esta semana por el portal inmobiliario pisos.com Bilbao, Donostia y Vitoria se encuentran entre las once capitales españolas que exigen destinar más del 50% del salario bruto al alquiler tradicional. En el caso de Donostia es necesario dedicar el 77,41% de su retribución salarial, mientras en Bilbao la tasa es del 63,68% y en Vitoria, del 50,64%. Estos datos, calculados en relación con el salario bruto medio español (2.290,46 euros, según el último informe del INE correspondiente al primer trimestre de 2025), destacan “la creciente dificultad para acceder a una vivienda completa en el país”, señala el informe.