Un año con la ultraderecha en Malasaña: el Hogar Social Madrid resiste a la espera de juicio
Un 3 de noviembre de 2018, hace justo hoy un año, los residentes en la calle San Bernardino y en la plaza de Cristino Martos, en la zona de Conde Duque, se despertaban con la noticia de que tenían a la ultraderecha como vecina. El Hogar Social Madrid, organización de corte neonazi, había ocupado la antigua sede de Comisiones Obreras situada en el número 4 de la plaza, un edificio que fue abandonado por estar afectado de aluminosis.
La llegada de esta organización caracterizada por sus discursos racistas y de odio inquietó a un vecindario de gran diversidad multicultural, votante mayoritariamente de izquierdas en las últimas citas electorales, que pidió la expulsión de los ocupas del lugar en diversas acciones.
Los cristales rotos de las ventanas de su primera planta o las pintadas con esvásticas junto a la puerta -ya borradas- indican que no son bienvenidos en la zona. En los 365 días que lleva Hogar Social en el barrio han saltado noticias sobre una presunta violación y se han producido intervenciones policiales a raíz de quejas por ruido, como la que sucedió el pasado 6 de septiembre y de la que quedó constancia en forma de denuncia en comisaría.
Fuera de Cristino Martos 4 también ha cambiado la percepción de la ultraderecha en la ciudad. Hoy, un partido que defiende muchas de sus ideas (Vox) cuenta con varios concejales, diputados regionales y diputados nacionales sentados en diferentes cámaras de representación. Su ascenso tuvo lugar a partir de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y conflictos como el catalán no han hecho sino avivar su fuerza.
Hogar Social Madrid también ha utilizado los últimos sucesos a raíz de la sentencia del Procés para tratar de crecer políticamente y en apoyo popular, algo que nunca ha conseguido en Madrid pese a sus múltiples intentos. Se dejaron ver en la manifestación ultraderechista convocada el 16 de octubre en la Puerta del Sol, que acabó con disturbios y agresiones por parte de sus participantes. Tal vez de esa protesta salió la pancarta que cuelga hoy de la fachada del edificio ocupado y donde se puede leer -en catalán- la frase “Juntos construimos España”.
En el lado legal, la ocupación de Cristino Martos está denunciada desde el mismo 3 de noviembre de 2018 por el el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, titular del inmueble. El juicio por usurpación tenía fijada la primera vista para el 26 de marzo, pero las acciones judiciales no prosperaron y el Gobierno reiteró las denuncias el 10 de abril «con objeto de recuperar la posesión del citado edificio», explican fuentes del ministerio a Somos Malasaña.
“Este Ministerio se mantiene en contacto con la Abogacía del Estado y sigue a la espera del señalamiento de fecha para la celebración del juicio oral que permita el desalojo del edificio, previa resolución judicial”, añaden.
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