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La Fiscalía señala a la alcaldesa de Zambrana por tener interés directo en las parcelas de la recalificación

Dos de las fincas afectadas por el plan urbanístico eran de la familia de María Justina Angulo y, según Izaguirre, podrían haberle reportado hasta 140.000 euros

Su entorno matiza que una de ellas no se llegó a cobrar y que la tramitación definitiva con los promotores de Riera la formalizó el siguiente alcalde, Aitor Abecia

María Justina Angulo, exalcaldesa de Zambrana

María Justina Angulo, exalcaldesa de Zambrana NURIA GONZÁLEZ

La recalificación de 120 hectáreas para construir un polígono industrial en Zambrana, la operación que más dinero movió dentro de las investigadas en el 'caso De Miguel' de presunta corrupción, se gestó en 2004 cuando la entonces alcaldesa de la pequeña localidad del sur de Álava era María Justina Angulo, del PNV. Fue ella quien contactó con el 'número dos' de su partido, Alfredo de Miguel, que situó a su amigo Iosu Arruti como intermediario para captar inversores. Finalmente, los catalanes de Construcciones Riera se embarcaron en el proyecto, del que esperaban obtener 65 millones de euros. En la sesión del juicio del 'caso De Miguel' de este miércoles, la primera de nueve sobre esta cuestión, el fiscal Josu Izaguirre no sólo ha puesto de manifiesto que De Miguel cobró presuntas comisiones de los promotores catalanes mientras impulsaba políticamente la operación, sino que la propia Angulo tenía "interés directo" en dos de las fincas rústicas que iban a ser recalificadas.

Según ha expuesto Izaguirre, cuando Angulo plantea en 2004 la operación "tenía interés económico evidente" ya que dos de las fincas que iba a comprar Riera en la zona en la que se proyectó el polígono eran de su familia. Una era de una tía y la otra de su madre. Dos testigos de Ipar Kutxa, la entidad financiera que asesoró a los propietarios de los terrenos durante el proceso de firma de las opciones de compra, han confirmado que la regidora fue su interlocutora en las conversaciones. Han sido Pablo Larrabide, director de la entidad en Álava, y Roberto Fernández, empleado que se encargó del contacto con los dueños de las parcelas.

Los propietarios firmaron un acuerdo con opción de compra con Riera, que se comprometió a abonar 13,45 euros por metro cuadrado si se completaba la tramitación de los cambios urbanísticos pero que adelantó 4 euros como anticipo. Según el ministerio fiscal, las fincas de la familia de Angulo podrían haberle reportado hasta 140.000 euros y en ningún momento ello le empujó a abstenerse en los diferentes trámites internos que siguió la operación en el Ayuntamiento. Desde el entorno de Angulo han explicado a este periódico que la tía nunca llegó a firmar los contratos de opción de compra. La otra finca sí se firmó.

Su letrada, María José Tapia, ha preguntado a los representantes de Ipar Kutxa si "otros concejales" eran propietarios, pero los testigos han indicado que no tienen constancia de ello. En su escrito de defensa, Angulo subraya que el Ayuntamiento no firmó el convenio con Riera hasta la llegada del nuevo regidor, el independiente de AIZ Aitor Abecia. "Si hubiese interés, se hubiera firmado el convenio con Riera. Y eso lo hizo el siguiente alcalde", explican desde su entorno. Sin embargo, es probable que Abecia no comparezca en el juicio dado que se ha renunciado a su testimonio por parte de algunos imputados como De Miguel y otros ni siquiera lo habían propuesto a pesar de atribuirle un papel relevante en la trama.

Nadie supo el papel de De Miguel

En sus interrogatorios a los representantes de la entidad financiera, el fiscal también ha querido conocer el papel real de De Miguel, que cobró cantidades elevadas en Zambrana aparentemente por trabajos de asesoramiento realizados por la asesoría que controlaba, Kataia Consulting. De hecho, esta compañía inició su actividad en 2005 con 130.000 euros procedentes de este plan urbanístico.

Uno de esos supuestos trabajos era la elaboración un listado de propietarios, trabajo que realizó Ipar Kutxa con el ánimo de que la compraventa de terrenos les reportara nuevos clientes, como han detallado Larrabide y Fernández. En total, han calculado en unos 14 millones el volumen total que hubiese supuesto la compra de las 120 hectáreas si el proyecto no se hubiera truncado por vicisitudes políticas y el propio estallido del 'caso De Miguel' en 2010 con el arresto de quien todos conocían como Txitxo y de otros cuadros del PNV como Aitor Tellería o Koldo Ochandiano.

En Ipar Kutxa nadie tuvo nunca constancia de que De Miguel o una mercantil Kataia Consulting realizara trabajo alguno. El interlocutor en todo momento era Arruti a través de su empresa Sidepur, como han remarcado. Arruti pactó unos honorarios de 3 millones de euros por su labor en Zambrana. Igualmente, han indicado que tampoco tuvieron conocimiento de que Tellería fuera el "delegado" de la filial alavesa de Riera, Riera Urbanizer, de la que cobró un salario durante una temporada. 

Además de los dos representantes de Ipar Kutxa ha comparecido el que fuera subdirector de Sprilur, José Miguel Artaza. Sprilur es la sociedad pública del Gobierno vasco dedicada a la gestión de suelo y De Miguel, que fue alto cargo en ella antes de pasar a titular de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) en la Diputación en 2007, había 'ofrecido' este proyecto de Zambrana. Al margen de lo confuso del papel de Sprilur durante la tramitación de la recalificación más allá de un interés genérico en contar con una "reserva de suelo" en el sur de Álava, Artaza sí ha criticado que De Miguel impulsase el proyecto mientras cobraba de él. Él tampoco tuvo nunca conocimiento de la existencia de Kataia Consulting.

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