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Cómo no hacer una reforma electoral

Estamos a ocho meses de las próximas elecciones municipales y aún no sabemos cuál será el régimen electoral que se aplicará en ellas. El culebrón del verano ha sido el rumor de que el gobierno está preparando una reforma del ley electoral para las elecciones locales que favorecería a las listas más votadas, a costa de una reducción de la proporcionalidad en el reparto de concejales (la lista más votada podría formar gobierno más fácilmente, pero la relación entre proporción de votos y concejales sería menor).  

Empezaré por lo evidente: es perfectamente legítimo e incluso pertinente debatir sobre el sistema electoral en un contexto como el nuestro en el que los ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la democracia y exigen profundas reformas institucionales. Discutamos pues sobre las ventajas e inconvenientes de “territorializar” a los representantes (haciendo por ejemplo que los concejales representen a determinados barrios o distritos, en lugar de a la ciudad en su conjunto), de traducir los votos en concejales de forma más mayoritaria o más proporcional (cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes), o de permitir un papel más sofisticado de los votantes permitiéndoles elegir con listas abiertas a qué candidatos prefieren dentro de los que presenta cada partido (algo que, aunque celebrado casi unánimemente, también tiene sus pros y contras). [Aprovecho para difundir esta “guía breve de reforma electoral para pensadores críticos” que escribimos hace un tiempo un grupo de politólogos y que trata con algo de detalle todas estas cuestiones].  

Como digo, podríamos ver en qué medida los problemas de España tienen que ver con ciertas peculiaridades de nuestro sistema electoral, y cómo algunas reformas podrían ayudar a corregirlos (aunque para empezar, yo recomendaría bastante prudencia a la hora de atribuir propiedades mágicas a los cambios en estas reglas). Pensando en las elecciones locales, podríamos ver si aquellos municipios con gobiernos de coalición o en minoría disfrutan de una gestión mejor o peor que la de los gobiernos con mayoría absoluta. Mejor aún, podríamos ver si las variaciones en los efectos del sistema electoral (porque eso es lo que aspiramos a alterar, no los votos de los ciudadanos) se corresponden o no con diferentes niveles de satisfacción ciudadana respecto del gobierno local. ¿Están los municipios grandes (donde hay más proporcionalidad) peor gobernados que los pequeños? ¿En qué contextos hay más corrupción? La experiencia de otros países, ¿qué nos dice de las listas abiertas, de los efectos de los premios a las listas más votadas, de los gobiernos monocolor frente a los de coalición?

Pero no. Nuestros gobernantes han considerado que no somos ciudadanos lo suficientemente adultos para hablar de estas cosas, y mucho menos para evaluar los pros y contras de cada alternativa. Sin haber escrito (o al menos, sin haber difundo) ni un mísero documento, sin decirnos qué es lo que se quiere corregir ni cómo, se nos habla de una reforma para “elegir directamente a los alcaldes” (cuando luego nos enteramos de que lo que está sobre la mesa no es la presidencialización del sistema político municipal, sino simplemente dar un premio de mayoría a la lista más votada, una cosa muy distinta) y de impedir “que se elijan a los alcaldes en los despachos” (es increíble que haya personas que usen sus puestos de responsabilidad política para desacreditar de manera tan torticera nuestro sistema político actual).

Dejando de lado las formas, ¿qué consecuencias tendría el cambio del que se está hablando? Aquí tenemos que ser un poco atrevidos y fiarnos de lo que dicen los periodistas a partir de “fuentes bien informadas”, porque a fecha de hoy no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se quiere hacer. Parece que la idea es otorgar la mitad más uno de los concejales a la lista que obtenga el 40% de los votos, siempre que la segunda lista no alcance el 35%. (De nuevo, habría que preguntarse por qué a dar un premio de mayoría a la minoría con más votos le llaman algunos “elección directa de alcalde” y no “triple salto con tirabuzón”, que es un nombre mucho más bonito y rimbombante).

Por supuesto, dar un premio de representación a la lista con más votos no es una excentricidad. En nuestro entorno, es algo que hace Grecia cuando elige a su parlamento, y a nivel local, en muchos otros lugares. La idea es sencilla: dar una ventaja a los grandes partidos para así facilitar la formación de gobiernos y darles estabilidad en contextos de alta fragmentación partidista.

Hay que recordar sin embargo que régimen electoral local ya tiene algunas características que benefician a los partidos más votados: para entrar en el reparto de concejales es necesario obtener un 5% de los votos (un umbral muy alto en términos comparados, y que sirve para excluir a muchas candidaturas pequeñas). Gracias a esta regla, por ejemplo, el Partido Popular obtuvo en Logroño en las pasadas elecciones el 63% de los concejales pese a obtener “sólo” el 47,7% de los votos emitidos. En segundo lugar, la actual LOREG ya especifica que si ningún candidato logra una mayoría absoluta de apoyos en el pleno, se nombrará alcalde al líder de la lista más votada.

Pero la propuesta va más allá: con obtener el 40% de los votos bastará para controlar en solitario el gobierno municipal. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que cabría esperar de esta medida?

  1. Habrá más gobiernos monocolor. Estaría bien disponer de evidencia que indicara que tales gobiernos son más transparentes, menos corruptos y mejores gestores que los gobiernos en minoría o en coalición. Pero no la tenemos.
  2. Si la fórmula es, como se ha mencionado, mantener el reparto proporcional según la fórmula d’Hondt pero forzando que si una lista obtiene el 40% de los votos tenga la mitad más uno de los concejales, ocurrirá que habrá más gobiernos sostenidos por una mayoría mínima de concejales (todos aquellos en los que haya una lista con entre el 40% y el 50% de votos). Con más mayorías de un sólo concejal, es sorprendente que se presente la reforma como una forma de impedir el transfuguismo, cuando uno pensaría que indirectamente lo incentiva.
  3. Los partidos que dispongan de un porcentaje de votos superior al 40% del voto válido (que, en circunstancias normales de participación, se corresponden con un 25% del censo electoral), no tendrán ningún incentivo a ensanchar su base de apoyo. Para ellos, tendrá más sentido mantener satisfechos a la minoría de afines y leales que tratar de convencer a otros votantes.

Esto no es en absoluto una lista exhaustiva de consecuencias de la reforma. Señalo sólo estas para mostrar que hay motivos para cuestionar su supuesta bondad intrínseca, y que los ciudadanos al menos nos merecemos un debate sobre pros y contras de este cambio de las reglas del juego. Porque sin ese debate, a muchos no nos quedará más remedio que concluir que el partido en el gobierno está cambiando algo tan importante como el sistema electoral en su propio beneficio. Y eso no es regenerar la democracia. Es emponzoñarla.

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