El CES exige a la Junta que incluya a la Iglesia en la Ley de Transparencia

El Consejo Económico y Social de Andalucía exige al Gobierno andaluz que incluya a la Iglesia entre las instituciones obligadas por la futura Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Así, en la página 13 del dictamen sobre la Ley, el CES afirma: “La ley autonómica debe recoger claramente que entre las mismas están incluidas las iglesias, confesiones, comunidades y otras entidades inscritas en el Registro de entidades religiosas (…) y cuantas otras entidades perciban ayudas o subvenciones públicas”.

Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad en la sesión plenaria del CES celebrada el pasado lunes 20 de enero de 2014. Al pleno asisten cerca de 40 personas en representación de organizaciones patronales, sindicales, consumidores y usuarios, corporaciones locales, universidades y expertos de las diferentes áreas sobre las que el CES debe emitir dictámenes, como empleo, economía, ordenación del territorio, etcétera.

Según explica un miembro de dicho pleno, el CES entiende que “independientemente de lo que diga el Concordato firmado con la Santa Sede, la Iglesia recibe mucha financiación pública andaluza, y desempeña con ella muchas tareas en ámbitos tan sensibles como la educación, la sanidad o los servicios sociales, que son de enorme interés público”.

Sindicatos y patronales

Asimismo, el dictamen también pide a la Junta de Andalucía que delimite mejor las competencias de la ley con respecto a las organizaciones sindicales y empresariales, ya que, dice el texto, “no está del todo bien definido ni resuelto en la redacción actual de la norma”. El pleno del CES entiende así que “no se puede asimilar sin más la obligación de publicidad activa que pesa sobre el sector público (…). Ha de quedar limitada al ámbito de gestión de los recursos públicos y de los programas de financiación pública que administran”. Para, de esa forma, “compatibilizar la defensa de los derechos e intereses legítimos de dichas entidades con el acceso a la información pública”.

Según explican fuentes sindicales del CES, no sólo se trata de garantizar el derecho fundamental de asociación, o el ejercicio de la libertad sindical, como dice el texto del dictamen, sino de diferenciar claramente entre su relación con sus afiliados y su relación con las administraciones: “Las cuentas de nuestros afiliados son cosa nuestra”, dicen.

Desgravaciones y retribuciones

Hay otro punto destacado entre las correcciones que el CES pide al “Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía” “que atienda”, para, “en la medida de lo que considere razonable, incorporarlas al proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía”. Así el CES, por su parte, considera que sería razonable ampliar el ámbito de la ley para que vaya más allá de las subvenciones públicas: “Para que junto a esas subvenciones, se publicaran por las administraciones públicas igualmente otras ayudas de carácter económico (…) como las desgravaciones fiscales o las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otras, que cumplen una función similar y suponen un gasto público relevante en muchas ocasiones”.

Ya dentro del análisis pormenorizado que el CES hace del articulado de la Ley, el dictamen propone ampliar el plazo de 15 días para responder a un requerimiento de información por parte de los órganos afectados por la futura ley, ya que, dice el CES, “es demasiado ajustado”. También pide que se especifique que la obligatoriedad de publicar relaciones de puestos de trabajo y sus retribuciones incluye “al personal funcionario y laboral, al indefinido y eventual”, con el fin de “evitar interpretaciones reduccionistas”.

También cree que debe incluirse un apartado que establezca la obligación de publicar “la relación de servicios y actividades externalizadas”. Y ampliar el número de entidades obligadas a publicar: “Las Administraciones Públicas andaluzas, así como las empresas y fundaciones públicas, publicarán…”

“El CES quiere mostrar su malestar...”

Por último, el dictamen se inicia con una dura crítica. Relata primero que el texto del proyecto de Ley no les fue remitido hasta el día 2 de enero de 2014, exigiendo “por motivos de urgencia y oportunidad” que su dictamen estuviera listo “en 15 días”. A continuación afirma que el CES quiere “mostrar su malestar por la premura con la que se ve abocado a desarrollar su cometido”. “Especialmente”, añade, teniendo en cuenta que la Ley establece un “vacatio legis de un año”, o lo que es lo mismo, que tardará un año en entrar en vigor tras su aprobación por el Parlamento andaluz. Visto lo cual, afirma el dictamen, “no es fácil descifrar cuáles pueden ser las razones urgentes que exigen que este órgano cumpla sus funciones estatutarias con tan escaso margen temporal”. Podría ser precisamente ese “vacatio legis” de un año lo que lo explica, ya que lo coloca al límite de que la presidenta Susana Díaz, que ha vendido la transparencia como una de sus estrellas legislativas, pueda defenderla en su primera campaña electoral (más allá de las europeas) como un deber cumplido.