La diferencia entre el precio de origen y lo que paga el consumidor por la patata en Andalucía es del 630 %

El Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) de septiembre de 2025 reveló que la patata es uno de los productos más castigados de la cadena alimentaria española. El agricultor recibe 0,27 €/kg, mientras que el consumidor paga 1,97 €/kg, una diferencia del 630 %.

Este margen no es un fenómeno aislado. Desde hace años, las organizaciones agrarias vienen denunciando que la patata, el ajo, la cebolla y el tomate sufren los mayores márgenes entre campo y supermercado. En campañas anteriores, los incrementos oscilaron entre el 400 % y el 700 %.

Los agricultores trabajan en un mercado dominado por grandes cadenas de distribución (Mercadona, Carrefour, Lidl, etc.), que concentran más del 60 % de las ventas minoristas de productos frescos. Esta concentración les otorga un enorme poder de negociación frente a los productores, que suelen tener que aceptar precios a la baja o ver cómo sus productos quedan sin salida.

La patata importada llega con precios más bajos gracias a diferencias en los costes laborales y ambientales, lo que genera una competencia desleal para el productor local

La falta de contratos estables y transparentes. La Ley de la Cadena Alimentaria obliga a firmar contratos por escrito y prohíbe pagar precios por debajo de los costes de producción, pero muchas veces esta norma se incumple o se elude mediante fórmulas indirectas. Los controles son limitados y las sanciones, escasas.

El coste de los insumos. El alza de los fertilizantes, la electricidad, el gasóleo agrícola y el agua de riego ha disparado los costes de producción en más de un 50 % desde 2021, según datos del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, los precios en origen permanecen prácticamente estancados o incluso bajan.

Intermediarios y logística. Entre el campo y la tienda hay varios pasos inevitables: transporte hasta el centro de acopio, clasificación y calibrado por tamaño o calidad, envasado y etiquetado, distribución y almacenamiento en plataformas logísticas, etc. Cada eslabón añade costes y márgenes, pero el problema radica en la opacidad: no se sabe con exactitud qué parte del precio final corresponde a costes reales y qué parte a beneficios excesivos.

La entrada masiva de patata temprana procedente de Egipto, Israel o Francia permite a las cadenas mantener los precios bajos en el lineal, incluso cuando la producción española está en plena campaña. Esta práctica desincentiva la compra de patata nacional y derriba los precios en origen, obligando a los agricultores a vender por debajo de su coste. Además, la patata importada llega con precios más bajos gracias a diferencias en los costes laborales y ambientales, lo que genera una competencia desleal para el productor local.

Consecuencias económicas y sociales para los agricultores

Pérdida de rentabilidad: en muchas explotaciones, producir un kilo de patata cuesta más de lo que se cobra. 

Riesgo de abandono: los márgenes tan reducidos llevan al cierre de pequeñas explotaciones familiares.

Pérdida de relevo generacional: los jóvenes evitan incorporarse al sector ante la falta de estabilidad económica.

Para los consumidores: pagan precios inflados sin que el incremento se justifique en su totalidad por los costes reales. Desconocen el origen del producto y su impacto en el territorio rural.

Para el país: menor autosuficiencia alimentaria, despoblamiento rural y pérdida de tejido productivo, mayor dependencia de importaciones y vulnerabilidad ante crisis logísticas o geopolíticas.

La patata andaluza es fresca, de calidad y sostenible. Lo que falta es voluntad para defenderla

En 2024, las importaciones superaron las 80.000 toneladas, mientras miles de toneladas de patata andaluza permanecían almacenadas sin salida comercial. Todo ello a pesar de que la oferta nacional es suficiente para abastecer al mercado con un producto fresco, de calidad y con estándares europeos de trazabilidad y sostenibilidad.

Y es que no es razonable que, en Andalucía, con miles de hectáreas sembradas, los consumidores encuentren en los supermercados patatas “Origen Israel” u “Origen Egipto”. La patata andaluza es fresca, de calidad y sostenible. Lo que falta es voluntad para defenderla.

Qué reclaman las organizaciones de productores

Aplicar con rigor la Ley de la Cadena Alimentaria, sancionando la venta a pérdidas. 

Refuerzo del Observatorio de Precios con datos públicos y actualizados. 

Etiquetado de transparencia: que el consumidor conozca el precio en origen y el margen acumulado. 

Fomento de los canales cortos de comercialización (mercados locales, cooperativas, venta directa). 

Control de las importaciones fuera de temporada nacional para evitar distorsiones.

Resolver este desequilibrio exige un cambio de modelo: pasar de un sistema dominado por grandes distribuidores a uno más colaborativo y transparente, donde cada eslabón reciba una remuneración proporcional y sostenible.

La patata, un alimento básico en la dieta española, no debería ser símbolo de especulación ni de desigualdad entre campo y ciudad. Su caso refleja una problemática más amplia: la crisis de rentabilidad del sector primario y la necesidad de revalorizar el trabajo agrario.