Moreno intenta desmarcarse del alcalde de Algeciras denunciado por acoso, que se aferra al cargo y a las siglas del PP

Hace sólo un mes, Juanma Moreno se subió al escenario del salón plenario donde se celebraba el XVII Congreso regional del PP andaluz, en el Palacio de Congresos de Sevilla, para dar un discurso de agradecimiento a los cientos de compromisarios que iban a apoyar su reelección como presidente del partido con el 99,95% de votos.

Había 5.000 militantes y simpatizantes. Moreno mencionó un puñado de nombres propios para sacar pecho del papel que estaba jugando el PP en Andalucía, entre ellos, el de José Ignacio Landaluce, histórico alcalde de Algeciras, la décima ciudad más poblada de la comunidad (125.000 habitantes) y un bastión de la derecha en Cádiz desde 2011.

Un año antes, el agitador ultraderechista Alvise Pérez había difundido en Telegram unos pantallazos con mensajes de WhatsApp de dos concejalas de Algeciras comentando los supuestos abusos sexuales del regidor, tocamientos en el lugar de trabajo. “Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo”, decía una. “Y ya me ha metido mano por debajo de la mesa”, replicaba otra.

Aquel día, en medio de la euforia del congreso que entronizaba a Moreno, el presidente andaluz hizo un reconocimiento público a la gestión de Landaluce en su ayuntamiento, y muchos entendieron que el líder del PP andaluz y presidente de la Junta respaldaba públicamente al veterano alcalde y senador, que terminó entrando en su nueva ejecutiva.

Senador del Grupo Mixto, alcalde del Grupo Popular

Ese apoyo público se ha enrarecido en los últimos días, después de que el PSOE denunciara a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por acoso sexual, malversación y tráfico de influencias, y el alcalde reaccionara (para sorpresa de muchos) dimitiendo como presidente del PP de Algeciras y pidiendo la suspensión temporal de militancia y de todos sus cargos orgánicos para poder defenderse sin dañar la imagen del partido.

Muchos dirigentes del PP andaluz quedaron en shock. No entendían el movimiento brusco del veterano alcalde, justo el día en que el PSOE se estaba cociendo vivo en el hervidero del caso Salazar y otras acusaciones de mujeres del partido contra dirigentes por supuestos abusos sexuales.

Pasados diez días desde el terremoto, las réplicas se han sucedido sin mover a Landaluce de su posición más estable: la de alcalde de Algeciras. Lo sigue siendo, además, como miembro del grupo municipal popular, a pesar de que Moreno haya esquivado accionar cualquier resorte contra él (y de paso las preguntas) escenificado la ruptura con una frase rotunda: “Ya no es del PP”.

La sentencia del jefe del PP andaluz se ancla en la suspensión de militancia pedida por el propio Landaluce el día 10, y en la baja “materializada y registrada” desde el 11, según el PP de Cádiz. Pero tiene una traslación práctica muy imprecisa: Landaluce sigue siendo senador y alcalde. En el Senado ya no forma parte del Grupo Popular sino que es del Grupo Mixto, mientras que en el consistorio sigue siendo parte del Grupo Popular, tal y como este viernes certificó el secretario municipal.

Este viernes, el PSOE local trató de hacer visible la brecha desbrozando el embrollo: ¿Landaluce es alcalde del PP o es no adscrito? Las socialistas habían pedido al secretario que fuera pidiendo la “certificación de la baja definitiva” en el partido, con vistas a declararle luego “no adscrito”. Pero la respuesta del habilitado nacional, encargado de dar fe pública, fue que no tenía “constancia formal” de la baja de Landaluce como militante. Mientras, el PP de Cádiz explicaba que la baja se “materializó” hace más de una semana.

Más tarde, el secretario aclaró a los medios que ni siquiera cuando compruebe que ya no es militante lo tendrá por no adscrito, porque es el grupo municipal el que debe expulsarlo. “¿Es necesario ser miembro de un partido para ser miembro de un grupo municipal? En absoluto. Hay muchos independientes. Puede ser miembro del grupo aunque no sea militante”. Además, antes de tenerlo por “no adscrito” hay que darle audiencia y debe ser el Pleno el que lo declare como tal.

Presiones para fingir un “desequilibrio mental”

Ese desconcierto aterrizó en pista este miércoles, cuando El Correo de Andalucía publicó la grabación de una reunión entre un dirigente de la ejecutiva del PP de Málaga y asesor jurídico en el Ayuntamiento de Algeciras, Marcos Borrego, presiona a la exedil Laura Ruiz, que difundió y comentó los mensajes sobre supuestos abusos a sus compañeras, para que reconociera ante notario y por escrito que lo había hecho por “odio”, por su “cabreo personal”, “por perjudicar al alcalde”, y por último, por sufrir un “desequlibrio mental”, pero que ya había “recuperado la sensatez”.

En el audio, Borrego se presenta como “el abogado del partido en el caso este de José Ignacio” [Landaluce], aunque desde la dirección del PP de Málaga trataron de explicar que no actuaba en representación del partido, sino como “abogado particular”. Al difundirse más partes de la grabación, los populares optaron por guardar un silencio sepulcral, ni desautorizaron a Borrego ni pidieron públicamente el acta al alcalde de Algeciaras.

“¿Desequilibrio mental? Marcos, eso me puede hacer daño”, le responde Ruiz en la grabación. “Laura, hay dos personas que, hipotéticamente, según los pantallazos que Alvise [Pérez, agitador ultraderechista] publica, son objetos de una conducta de agresión sexual y en ese chat participas tú como oyente, ¿vale o no? Estas dos personas dicen que es falso, tú no puedes decir que es verdadero”.

La grabación se difundió coincidiendo con el debate final de los Presupuestos Autonómicos de 2026 en el Parlamento. Varios portavoces de la oposición, desde Vox a Adelante Andalucía, mencionaron el asunto desde la tribuna. Una diputada de la ultraderecha preguntó a la bancada del Gobierno de Moreno si apoyaban que un dirigente de su partido presionara a una concejala de su partido para que firmara ante notario “que estaba loca” con tal de proteger a Landaluce de las acusaciones de abuso sexual.

Encapsular al presidente Moreno

En privado, altos dirigentes del PP andaluz admiten que Moreno ha pedido marcar distancias con el histórico regidor, que está llamando a miembros del Gobierno andaluz y de la cúpula del partido, pero no le cogen el teléfono. Nadie le ha pedido que entregue el acta públicamente, pero admiten que esperan que él de ese paso, como lo hizo al pedir la suspensión temporal de militancia y abandonar sus puestos orgánicos. Landaluce es senador y, por tanto, aforado, y está en ciernes de una investigación por parte de la Fiscalía del Supremo.

El equipo de Moreno no quiere que el presidente se vea salpicado por un asunto tan turbio, que además rompe su línea de ataque contra el PSOE por los casos de abuso sexual, pero reconocen que marcar distancias tiene un riesgo añadido: Algeciras no es un municipio cualquiera que el PP pueda arriesgarse a perder, es un puntal del voto conservador donde Landaluce ha encadenado varias mayorías absolutas con un discurso duro que neutraliza el avance de Vox. Son 125.000 habitantes, votos clave en las autonómicas que tocan en menos de seis meses, y donde Moreno se juega la mayoría absoluta ante el avance disparado de la ultraderecha.

Alvise Pérez borró los mensajes nada más publicarlos, pero ya se instalaron en la pugna política del municipio algecireño, de Cádiz y del Parlamento andaluz, donde el presidente de la Junta empezó a recibir presión desde la oposición para que forzara a Landaluce a dimitir. El asunto estaba lleno de aristas: las dos concejalas que aparecen en los mensajes -Susana Pérez Custodio y Eva Pajares- negaron haber sufrido acoso sexual y hablaron de la “distorsión” de sus Whatsapp, pero nunca lo denunciaron.

Una de ellas, Pajares, había sido nombrada delegada de Salud en Cádiz, un movimiento “sospechoso” que empujó al PSOE a denunciar un supuesto delito de malversación, en teoría, por usar fondos públicos para “comprar el silencio” de las víctimas del presunto acosos sexual.

El PSOE anunció en febrero una denuncia en los tribunales, que no registró ante la Fiscalía del Tribunal Supremo hasta el pasado 10 de diciembre, justo el día en que Landaluce y la portavoz socialista algecireña, Rocío Arrabal, estaban citados para un acto de conciliación previo a la demanda civil que Landaluce dice que va a presentar contra ella.