El Síndic de Comptes retrata a la Generalitat: los valencianos sufren un “déficit estructural” de vivienda protegida

“A pesar de que en los últimos años se han movilizado instrumentos financieros y normativos relevantes para incrementar la oferta de vivienda protegida, la Comunitat Valenciana continúa presentando un déficit estructural, con un parque público reducido y con riesgos de ejecución que amenazan el aprovechamiento pleno de los fondos europeos y estatales”. Así se recoge en el informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Comptes en coordinación con el Tribunal de Cuentas sobre la promoción y gestión de la vivienda de protección pública en el territorio valenciano en los ejercicios 2023 y 2024, y proyección de actuaciones hasta el presente ejercicio.

El trabajo de fiscalización se articuló en torno a siete objetivos: desde el análisis de la necesidad y la oferta de vivienda hasta la autorización y ejecución de actuaciones, la movilización de fondos, el registro de solicitantes y viviendas y los procedimientos de adjudicación. Así, la Sindicatura explica que, pese a que el marco normativo y procedimental es, en general, “adecuado”, la ejecución práctica “presenta retrasos, falta de planificación estratégica consolidada y deficiencias en el control y el seguimiento y digitalización”.

Las convocatorias de subvenciones analizadas por la institución cumplen con la normativa aplicable, aunque indican que la dependencia de procedimientos manuales y la falta de integración en la plataforma estatal de seguimiento “aumentan el riesgo de demoras en la justificación de fondos”. En cuanto al diseño normativo de las convocatorias, sostienen que es “sólido”, porque incluye garantías, penalizaciones y obligaciones registrales, mientras que la ejecución material se caracteriza por “avances desiguales y riesgo de incumplimiento de hitos críticos”.

Asimismo, la Sindicatura confirma un “esfuerzo” por la ampliación del parque público de viviendas, “aunque todavía insuficiente ante las necesidades detectadas”. Del mismo modo, se corrobora la existencia de normativa extensa para regular el registro de demandantes de vivienda y el parque público autonómico, gestionado por la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha), “pese a que persisten deficiencias en el control interno, la actualización de datos y la consistencia de las cifras”.

El análisis de los procedimientos de adjudicación contó con la muestra de expedientes remitidos por la Conselleria que tenía asignadas las competencias en materia de vivienda: “Se cumplen los requisitos establecidos por la asignación ordinaria de viviendas de protección pública, pero se identifican riesgos en la aplicación de procedimientos excepcionales de adjudicación, en los que la transparencia y la trazabilidad de los criterios aplicados resultan más limitados”.

Recomendaciones de la Sindicatura

La Sindicatura de Comptes desarrolla una serie de recomendaciones en su informe de fiscalización, como la mejora de la planificación estratégica de la política de vivienda “con objetivos realistas, priorizados y sostenidos en el tiempo”; también solicita un refuerzo de la capacidad de gestión y control de la Conselleria de Vivienda y la Evha mediante sistemas de información integrados y digitalizados.

La institución reclama que se asegure la ejecución en los plazos previstos de las actuaciones financiadas con fondos europeos, evitando la pérdida de recursos por incumplimiento; optimizar el registro de solicitantes y viviendas, así como que se garantice su actualización y fiabilidad como instrumentos de gestión.

De igual modo, demanda el fortalecimiento de la transparencia y equidad en la adjudicación de viviendas, con un control sistemático de expedientes y, por último, la consolidación de la cooperación público-privada para “garantizar un flujo estable de nueva oferta de vivienda protegida”.

“Inacción” del Botànic

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, quien “comparte” el diagnóstico de fondo de la Sindicatura, ha destacado “la política integral de vivienda del Consell, para hacerla más ágil, generar oferta y proteger a los más vulnerables con soluciones reales que están poniendo coto a la crisis habitacional histórica provocada por ocho años de inacción en las anteriores legislaturas”. Así, ha denunciado que el Botànic construyó “cero vivienda social”.

Respecto a la promoción de VPP, Fernández ha recordado que el desplome de la vivienda protegida no es un fenómeno reciente, sino “la consecuencia directa de una década perdida en materia de vivienda pública” y ha presumido de que el Consell “ha logrado poner en marcha la VPP y está activando el mercado para ampliar el parque público, no solo mediante promoción directa y en derecho de superficie, sino que hemos buscado fórmulas que eviten el fracaso constante del Botánic en las licitaciones, con el régimen de permuta, que permitirá incorporar al parque público el 10% de las viviendas que se están construyendo”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que “hemos devuelto al sector a la ecuación, porque es quien tiene la capacidad real de construir, y, tras la modificación de decreto de VPP en diciembre de 2024, en solo un año se ha triplicado el número de solicitudes de calificación provisional por parte de promotores privados. Esto demuestra que el problema no era el mercado, sino el bloqueo normativo y administrativo que existía”.

Respecto a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia atribuidos a vivienda en la Comunitat Valenciana, Fernández ha destacado que, en dos años, “este Consell ha destinado más del doble de fondos de lo que comprometió el Botánic en el mismo periodo, y no solo eso, sino que esta buena gestión ha logrado cumplir los hitos establecidos por Europa que han permitido sumar 46 millones de euros adicionales al programa, pasando de 383 millones que contemplaba inicialmente a más de 429,5 millones para la vivienda en esta tierra en el programa europeo 2021-2026”.

En cifras exactas, ha dicho, “el Botánic comprometió apenas 95 millones de euros en dos años, esto es, un 25% del total de los fondos previstos inicialmente en 2021 (383 millones), de los cuáles no ejecutó ni el 20%, dejando proyectos sin iniciar, licitaciones desiertas, proyectos a los que renuncian adjudicatarios y fondos sin utilizar. Frente a ello, también en un mismo periodo de dos años, este Consell ha destinado ya más de 213 millones, un 50% del global que actualmente contempla el programa gracias a la gestión del Consell (429,5 millones), esto es, más porcentaje sobre un mayor importe”. “Esto ha hecho que, a día de hoy, gracias al trabajo de este Consell, podemos decir que un 72% del dinero ya está comprometido, con más de 301 millones concedidos, y un 27% ejecutado de los fondos, más de 115 millones ya invertidos”, ha subrayado.

Parque público

El secretario autonómico ha valorado las recomendaciones se realizan sobre un periodo anterior y que están en línea con este Consell, dado que “ya están en marcha”, como la modificación de la normativa reguladora del parque público -que salió a consulta pública previa el pasado mes de diciembre-. En concreto, ha explicado que esta modificación adapta el Registro de Demanda de Vivienda al nuevo decreto de VPP, de modo que solo sea obligatorio para solicitantes de vivienda del parque público, esto es, la referida como vivienda social.

Fernández también se ha referido a las adjudicaciones de vivienda y ha sostenido que la Evha “cumple siempre escrupulosamente con la normativa”, al tiempo que ha recordado que la administración “está para estar al lado de quienes más lo necesitan”.