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Magdalena Álvarez, imputada por delitos de prevaricación y malversación

Alaya, al igual que a su viceconsejero, acusa a Álvarez de ser "una de las promotoras, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales".

La exconsejera argumenta que ella no inventó las transferencias de financiación sino que era una transposición de una normativa española que se usaba en otras comunidades autónomas.

"He defendido que mi gestión fue absolutamente transparente y clara", negando irregularidades en su época al frente de Economía y Hacienda, y añadiendo que "de la imputación me ha sorprendido todo".

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Una treintena de abogados asiste a la declaración de Magdalena Álvarez

Una treintena de abogados asiste a la declaración de Magdalena Álvarez

La jueza Mercedes Alaya ha imputado a Magdalena Álvarez delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, al igual que otros ex altos cargos de la Junta de Andalucía investigados en el caso de los ERE que recientemente han comparecido. La exconsejera de Economía y Hacienda ha prestado declaración durante toda la mañana de este martes en la sala de la vistas del juzgado.

Según los cargos imputados a Álvarez por parte de la jueza, como consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, "fue una de las promotoras, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011". A juicio de Alaya, dicho procedimiento "consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación, legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones, pues su finalidad era financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas".

"He defendido que mi gestión fue absolutamente transparente y clara", negando irregularidades en su época al frente de la Consejería, según ha señalado Álvarez a los medios tras el interrogatorio de 38 preguntas por parte d la jueza. "De la imputación me ha sorprendido todo", ha afirmado la exconsejera, si bien le ha dado "toda la información" por la que se le ha preguntado. La Junta de Andalucía no ha planteado cuestión alguna y el PP, acusación popular, ha dejado constancia por escrito de una sola pregunta respecto a su presunto conocimiento de los reparos de la Intervención al modelo de financiación investigado.

Álvarez, que sólo ha querido responder a las preguntas de la jueza (38) y una única cuestión por parte de la Fiscalía, ha añadido ante los medios que se ha encontrado "muy cómoda" en su comparecencia, que se ha desarrollado "sin ninguna tensión", y que le hubiera gustado "decir más cosas" pero que se tenía que limitar al interrogatorio y "contestar" por lo que se le preguntaba. El sindicato Manos Limpias, acusación popular, ha sido la única que ha planteado medidas cautelares para la imputada y ha solicitado una fianza civil de 125 millones de euros más el correspondiente tercio legal. Al exviceconsejero José Salgueiro, Manos Limpias le pidió la semana pasada una fianza de 20 millones.

El objetivo: eludir el control de legalidad

Según ha argumentado la jueza antes de las preguntas, la adopción del procedimiento "al margen de la Ley" se iniciaría por la exconsejera "puesta de acuerdo con otros, en virtud del interés de la Junta de Andalucía de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones, que tantos reparos suspensivos había opuesto en expedientes pasados". El "uso ilegal de fondos públicos" se permitiría "a sabiendas de que necesariamente iba a realizarse con absoluta discrecionalidad, y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación".

A este respecto, Álvarez ha señalado ante la jueza que "nunca se plantearon ni en la Consejería de Economía ni en el Consejo de Gobierno dotar de mayor agilidad a los procedimientos de subvenciones sociolaborales que había emprendido la Consejería de Empleo" y que "las transferencias de financiación son un instrumento financiero para llegar fondos a las empresas públicas siempre que dichas empresas públicas tengan entre sus competencias la actividad para la que haya sido otorgadas dichas transferencias".

Al igual que los hechos imputados a su viceconsejero José Salgueiro, Alaya acusa de Magdalena Álvarez por su presunta participación en la tramitación de las modificaciones presupuestarias, aprobadas en varios Consejos de Gobierno, que dieron lugar a ayudas sociolaborales por valor de más de 250 millones de euros entre 2000 y 2004.

La exconsejera ha argumentado, a preguntas de la jueza, que ella no inventó las transferencias de financiación sino que era una transposición de una normativa española que se usaba en otras comunidades autónomas. En concreto, la exconsejera ha detallado que estas transferencias "ya venían utilizándose bajo otra denominación en la década de los 90 (Subvenciones de Explotación y de Capital) y que, efectivamente, solo estaban destinadas a financiar operaciones genéricas de las empresas públicas", añadiendo que "pueden destinarse a financiar operaciones que se considerarían como genéricas si IFA tuviera potestad subvencionadora".

Preguntada si las transferencias de financiación constituían un crédito inadecuado para la concesión de subvenciones, Álvarez ha respondido que "entiende que ha podido haber un uso inadecuado pero no una presupuestación inadecuada" y que no sabe si se tramitaban bien o mal pero que, aunque se hubiese utilizado el crédito de transferencia de financiación, "deberían haberse ajustado al procedimiento legal de subvenciones" y que "no tiene nada que ver con el instrumento de financiación usado ya que la Consejería de Empleo tenía que haberla observado", concluyendo que "el sistema mas idóneo hubiera sido la encomienda de gestión", que "nunca" hubo presión de los sindicatos para cambiar la partida presupuestaria y que sería tan solo un cambio propuesto por la Consejería de Empleo sobre su modelo de gestión de ayudas.

Alaya le ha llegado a preguntar si creía que el lenguaje y la codificación presupuestaria precisan de cierto nivel de especialización y que la detallada clasificación del gasto a nivel de artículos y subconceptos no es entendible por cualquier parlamentario. La exconsejera ha considerado que todos los parlamentarios están absolutamente especializados en materia presupuestaria y que en 2006 se creó en el Parlamento Andaluz la Oficina Parlamentaria para asesoramiento de los presupuestos a los parlamentarios.

Desde el punto de vista de la exconsejera, no tiene nada que ver el déficit presupuestario con el cumplimiento legal de subvenciones y la fiscalización previa, siendo partidaria de dichos controles de que se hubiese cumplido la normativa legal de subvenciones y, por consiguiente, la referida fiscalización por parte de la Intervención General.

Su abogado no aprecia doble ánimo de lucro para imputar malversación

En cuanto a los delitos de prevaricación y malversación imputados, el letrado de la exconsejera "no entiende como se puede montar, en derecho penal, una autoría mediata de Magdalena Alvarez con bastantes consejeros de la Junta que, mediante un instrumento doloso, que casi siempre es inimputable y que aquí son los parlamentarios, pueda dictar una resolución que consista en una Ley anticonstitucional y una Ley ilegal". Ha añadido que entre los presupuestos de la prevaricación "nunca puede entrar el examen sobre la ilegalidad de la Ley y, respecto a la malversación, con estos presupuestos anteriores "tampoco puede hipotizarse ningún indicio" sin olvidar que en la malversación "se exige el doble animo de lucro que aquí ni por asomo aparece", por lo cual ha suplicado al juzgado que no imponga ninguna medida cautelar de carácter real hasta llegado el momento del auto de apertura de juicio oral.

La esperada declaración de la exconsejera Magdalena Alvarez ante la jueza Alaya se ha visto de algún modo ensombrecida por el desarrollo de la continuación de la Operación Heracles por parte de la UCO. Se da la circunstancia de que alguno de los abogados que han acudido a la declaración de Magdalena Álvarez representan a alguna de las personas arrestadas o cuyos domicilios se estaban registrando, llegando a preguntar a la prensa en algún receso "qué hay de lo mío", dada la coincidencia entre la operación de la UCO y la declaración de Álvarez. A esos letrados se les ha permitido este martes asistir con teléfono móvil a la declaración, cuando habitualmente la jueza no deja que los abogados entre con ningún tipo de dispositivo.

La imputada, que ha acudido afectada por un flemón en la boca, afirmaba antes del interrogatorio estar tranquila y aseguraba, a las puertas de la sala de vistas, que se había preparado concienzudamente su comparecencia. Un voluminoso trolley, del tipo que utiliza la propia Alaya, la acompañaba durante la habitual media hora de espera a la jueza por parte de los imputados.

Hay que recordar que los  argumentos previos de Alaya para imputar a Álvarez,  apoyados por la Fiscalía Anticorrupción, inciden en que la entonces consejera de Economía y Hacienda fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la Orden de 4 de junio de 2003. Dicha transferencia venía usándose para el pago de ayudas sociolaborales desde el año 1999 al 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de Presupuesto como concepto de financiación, si bien los créditos para los pagos de las ayudas sociolaborales mediante transferencias se realizaban con modificaciones presupuestarias.

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