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El Ayuntamiento de Sevilla descarta "atajos" para adjudicar VPO a la Corrala Utopía

Dolores de Pablo-Blanco señala el "rechazo sistemático de los representantes de la Corrala y de IU a todas las posibles soluciones".

"¿Se quieren saltar el baremo social y el registro de demandantes?", ha preguntado retóricamente recordando que debe regir "la igualdad de trato a la ciudadanía".

El Consistorio descarta "atajos" para adjudicar las VPO y alega que ha "cumplido" su obligación con la Corrala

La concejal de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco (PP), ha advertido este lunes de que las administraciones no se pueden servir de "atajos" a la hora de adjudicar viviendas protegidas y ha alegado que el Consistorio ha "cumplido todas sus obligaciones" en el conflicto de las familias que habitaban sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', hasta su reciente desalojo.

Dolores de Pablo-Blanco ha protagonizado a última hora de este lunes una rueda de prensa, después de que el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián (IU-CA), haya solicitado a la Administración local 16 viviendas protegidas de titularidad municipal para unirlas a seis viviendas públicas de titularidad autonómica, y realojar así a la totalidad de las familias que habitaban sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja'. Y es que según García Cebrián, la sociedad municipal de la vivienda dispondría de 528 viviendas protegidas aún sin habitar.

La concejal popular, en ese sentido, ha defendido que desde que en mayo de 2012 comenzase el conflicto con la ocupación del mencionado bloque de viviendas de renta libre y nueva construcción, el Ayuntamiento hispalense, a través de sus servicios sociales de urgencia, ofreció a estas familias, dentro de los protocolos, "todos los recursos de la ciudad" en materia de "manutención y alojamiento" en el centro de acogida municipal u "hostales", pero dicho ofrecimiento "fue rechazado" y estas personas "no dejaron que los profesionales" entrasen en el inmueble ocupado.

En ese sentido, ha explicado que en el marco del desalojo de las viviendas, consumado este domingo por la Policía Nacional merced al auto judicial del pasado mes de enero que ordenaba tal extremo y el auto de febrero que reclamaba a las fuerzas de seguridad del Estado la ejecución de la citada orden, nuevamente el Consistorio, dentro de sus protocolos de actuación, ofreció "manutención y alojamiento" a estas familias "para evitar que estén en la calle".

En cuanto a la negociación entablada para intentar resolver el conflicto mediante un desalojo voluntario, ha manifestado que el pasado 18 de marzo fue celebrada una "audioconferencia" entre las administraciones local y autonómica e 'Ibercaja como titular de las viviendas ocupadas, y el banco habría reiterado su ofrecimiento de resolver la situación poniendo a disposición de las familias "22 viviendas" en Sevilla y su área metropolitana, durante un periodo de hasta "un año", una solución que exigía que las familias "saliesen del edificio" ocupado. "No han aceptado esas viviendas. Dicen expresamente que no", ha enfatizado la concejal, quien señala el "rechazo sistemático de los representantes de la Corrala y de IU a todas las posibles soluciones".

"BAREMO SOCIAL"

Por eso, ha lamentado que "ahora se intente responsabilizar de esto al Ayuntamiento", que según defiende "ha cumplido con todas sus obligaciones desde el principio". En ese sentido, y en cuanto a la demanda de la Junta de Andalucía sobre las viviendas protegidas de titularidad municipal, ha recordado que la adjudicación de las viviendas públicas del Ayuntamiento se rige por el "baremo social" que elaboran cada cuatro meses los profesionales en la materia en el caso de las viviendas sociales, y por el registro municipal de demandantes, sometido a una regulación autonómica, en el caso de las viviendas protegidas comunes y corrientes.

"¿Se quieren saltar el baremo social y el registro de demandantes?", ha preguntado retóricamente recordando que debe regir "la igualdad de trato a la ciudadanía" y que "no se pueden tomar atajos" para adjudicar las viviendas protegidas de manera dirigida. Al respecto, por cierto, ha asegurado que en el baremo social del Ayuntamiento figuran 388 familias y sólo tres de ellas pertenecen al colectivo de la 'Corrala Utopía', toda vez que "una de ellas ya tiene vivienda y las dos restantes no están precisamente en los primeros puestos del baremo".

Manifestando que no conoce el número exacto de viviendas libres con las que cuenta el Ayuntamiento de Sevilla, la concejal ha asegurado que el número de 528 inmuebles esgrimido por el viceconsejero de Fomento y Vivienda "está desactualizado" y ha llamado a distinguir entre viviendas protegidas plenamente libres y viviendas protegidas "en proceso de adjudicación" a través de los procedimientos del baremo social o el registro de demandantes de vivienda. De cualquier modo, ha insistido en que no puede mediar ningún "atajo", a menos que la propia Junta de Andalucía "decrete una excepción al procedimiento y la motive". "El Ayuntamiento ha cumplido todas sus obligaciones", ha concluido.

En paralelo a la rueda de prensa, varias de las mujeres del colectivo de familias, acompañadas de un nutrido grupo de partidarios, la mayoría de ellos jóvenes, ha celebrado una protesta a las puertas del centro de prensa del Ayuntamiento. Aunque en un principio algunas de estas personas abogaban por mantener la concentración a la espera de que la concejal abandonase el edificio, finalmente el colectivo decidió regresar a la Plaza Nueva, donde las familias han instalado sacos de dormir y otras pertenencias al objeto de pernoctar allí.

LA CORRALA UTOPÍA

Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, extremo consumado el domingo.

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