La alcaldesa de Marbella ratifica en su puesto al responsable de Urbanismo juzgado por una estafa inmobiliaria
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del Partido Popular, mantiene su confianza plena en el jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión (Urbanismo) del Ayuntamiento, Federico Guardabrazo, al prorrogar de nuevo su puesto en comisión de servicios. Todo ello a pesar de que el funcionario municipal se enfrenta a dos años de prisión, a la espera de sentencia, tras ser juzgado recientemente por una presunta estafa inmobiliaria en la Audiencia Provincial de Málaga.
En un decreto firmado por la regidora el pasado 30 de agosto, al que ha tenido acceso eldiario.es, Muñoz apela a la “urgente e inaplazable necesidad de desempeño de puestos de trabajo singularizados vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de funcionarios”. Así pues, la munícipe marbellí se refiere a “prorrogar con carácter provisional la Comisión de Servicios acordada por decreto de fecha 17-08-2013”.
La alcaldesa adopta tal medida, “hasta la cobertura definitiva de los puestos”, no sólo en lo que a Guardabrazo se refiere, sino también en lo que atañe a otras seis jefaturas de servicio, cuyos responsables, funcionarios de carrera, las han venido ocupando durante los últimos años en situación de provisionalidad, sin que se convoque concurso alguno.
En el caso concreto de Guardabrazo, fuentes sindicales consultadas llaman la atención sobre el hecho de que dicho funcionario lleve desde la legislatura 2007-2011, tras la la llegada de Ángeles Muñoz a la Alcaldía, ocupando su cargo mediante sucesivas comisiones de servicios, o bien mediante la figura de la “adscripción provisional”, apuntaron.
De hecho, la legislación invocada por dichas fuentes recoge que el plazo máximo para ocupar un puesto en comisión de servicios en la administración municipal sería de dos años. “La relación de puestos de trabajo que tiene valor de reglamento obliga a que esos puestos se cubran por concurso ordinario, sin comisiones de servicios a dedo”, explica un portavoz sindical del Ayuntamiento de Marbella.
Cabe recordar que el 28 de agosto de 2007 la junta local de gobierno municipal, presidida por Muñoz, quedaba “enterada” del escrito presentado por Guardabrazo, con el fin de reincorporarse a su puesto en el Consistorio, tras una excedencia, como “jefe del área de Planeamiento, con la categoría de adjunto a jefe de servicio, con efectos de 1 de septiembre de 2007”, reza el documento. Paralelamente, dicha junta autorizó a Guardabrazo la “compatibilidad” para el “ejercicio profesional de consultor”, trabajo que comenzó por las tardes en una consultoría urbanística privada en Marbella, Urbanismo y Gestión Consultores S.L.
A pesar de las peticiones reiteradas de los partidos de la oposición municipal, desde 2007, para que la alcaldesa de Marbella destituyese a Guardabrazo tras su imputación, la regidora siempre ha defendido que los hechos por los que ha sido juzgado “lo fueron en el ámbito privado y no en el marco de su actividad como funcionario”.
En octubre de 2009 fuentes del equipo de gobierno marbellí aseguraron a distintos medios de comunicación que Guardabrazo había sido relevado en su puesto, tras investigar la Policía sus supuestas relaciones con la trama del ‘caso Astapa’ de Estepona, por presunta corrupción municipal. Sin embargo, el imputado siempre siguió al frente de su cargo en el Ayuntamiento de Marbella, tal y como corroboró el jefe del servicio jurídico de urbanismo del Consistorio, Jorge González, testigo principal en el caso ‘Malaya’.
Las competencias de Guardabrazo siguen siendo las de “aplicación y gestión del PGOU de Marbella”, según fuentes del propio gobierno marbellí. El actual edil de Urbanismo, Pablo Moro, ya ha mostrado su “confianza plena” en el procesado cada vez que se le ha preguntado al respecto de la grave acusación que afronta.
Se da la circunstancia de que una hija del mencionado funcionario, Isabel Guardabrazo, ocupa desde la llegada de Ángeles Muñoz a la Alcaldía, en junio de 2007, un cargo de confianza como coordinadora del PGOU y ahora como directora de Planificación Urbanística. Su sueldo, de unos 90.000 euros al año ha sido siempre muy criticado por la oposición.
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