Andalucía abandera el reparto por población de los fondos anti Covid frente a las “componendas” del Gobierno a Euskadi

Andalucía, con 8,5 millones de habitantes, es la comunidad más poblada de España, y también es el territorio más extenso que gobierna el PP. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se ha concentrado en el primer dato más que en el segundo para exigir este viernes a Pedro Sánchez, en el marco de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que la población sea el primer criterio de referencia en el reparto de fondos para combatir el impacto económico y social de la pandemia, tanto la partida incondicionada de 16.000 millones del Gobierno a las comunidades, como el Fondo de Reconstrucción de 140.000 millones que la UE destinará a España.

Moreno es el primer presidente andaluz de centro derechas, pero su discurso en el foro autonómico sigue la estela de sus predecesores socialistas. Se erige en defensor del “principio de igualdad entre territorios hasta sus últimas consecuencias”, y exige al Gobierno “no primar a las regiones ricas sobre las pobres”. Coincide con el resto de barones del PP al denunciar los “privilegios” que Sánchez ha pactado, de forma “bilateral”, con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, autorizando a Euskadi un objetivo de déficit del 2,6% del PIB, mientras las comunidades de régimen común tienen el tope en el 0,2%. “Si Euskadi tiene la posibilidad de endeudarse en un 2,6%, Andalucía quiere también un 2,6%”, dice, tras denunciar que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos está condicionado por el PNV, su socio de legislatura, de quien dependen en parte la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

“No vamos a permitir que haya criterios subjetivos ni un trato desigual en el reparto de fondos en función de negociaciones bilaterales y componendas con Euskadi, no vamos a dejar que maltraten a Andalucía”, reitera Moreno. La renta per capita del País Vasco es el doble que la andaluza. Pero ese desequilibrio también se da con la comunidad de Madrid, gobernada por PP y Ciudadanos, con un nivel de riqueza superior a la media, que le ha permitido históricamente regular beneficios fiscales en abierta “competencia desleal” con el resto. El impacto para las arcas públicas de Madrid de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones es notablemente inferior al vacío que provoca en Andalucía, con mucho menos ingresos por tributos propios.

Moreno sabe que su reivindicación en la Conferencia de Presidentes puede servir al líder nacional del PP, Pablo Casado, en su estrategia de denunciar que el Gobierno de Sánchez se apoya en los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes. Pero también le aleja de su compañera, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le acerca a otros barones socialistas, como el valenciano Ximo Puig, con el que comparte los problemas de infrafinanciación.

El foro de presidentes autonómicos, que ha tenido lugar en San Millán de la Cogolla (La Rioja), ha servido para proyectar una imagen de unidad institucional frente a la pandemia (pese a la ausencia del president catalán Quim Torra), y para compartir estrategias para la severa crisis social y económica que se avecina. El PIB de España se ha desplomado un 18,5% entre abril y junio, el mayor hundimiento de la región europea. El Fondo para la Reconstrucción de la UE se repartirá entre comunidades atendiendo a proyectos estratégicos, primando dos ejes fundamentales: la digitalización y el llamado 'green deal' (pacto verde). A los barones del PP no les ha gustado esta fórmula que, en parte, viene prefijada desde la negociación en Bruselas.

Moreno también ha expresado su discrepancia, sin embargo, su postura tiene algo de contradictorio: el presidente andaluz defiende que los criterios elegidos por la UE para repartir el Fondo de Reconstrucción entre los países miembros -población, PIB y tasa de desempleo- son “los más acertados y equitativos posibles”. De hecho, el líder popular ha pedido a Sánchez que use esos mismos criterios para distribuir el fondo incondicionado anti Covid de 16.000 millones para las comunidades. Sin embargo, Moreno discrepa con Bruselas respecto al hecho de que el Fondo de Reconstrucción esté “condicionado a proyectos” estratégicos concretos. “Los proyectos tienen un grado de subjetividad que nos preocupa. Al menos podríamos recibir un 50% del fondo ligado a proyectos, y otro de libre disposición para trasladarlo a las prioridades económicas de cada comunidad”, ha expresado tras la reunión con sus homólogos.

De momento se sabe poco sobre la definición de esos proyectos económicos que van a condicionar la distribución de los fondos de la UE entre comunidades, más allá de que será una comisión de Hacienda quien estudio la viabilidad de los mismos, y que dicha comisión estará presidida por la ministra del ramo, María Jesús Montero. “¿Cuáles son los criterios para autorizar un proyecto? ¿Cuál es la cuantía tope? ¿Habrá criterios correctores para el reparto entre comunidades o es que una región puede impulsar diez proyectos y otra cero?”, se ha preguntado Moreno. En la rueda de prensa posterior le han pedido que mencione algún proyecto estratégico para Andalucía en ciernes, y el presidente andaluz ha explicado que tienen “muchos”. “Estamos preparados desde el minuto uno. Tenemos en proyectos en medio ambiente, en economía sostenible para energía solar y eólica, y también en digitalización”, ha asegurado.

Respecto a la estrategia para frenar la expansión del virus en las comunidades, tras el fin del estado de alarma el pasado 22 de junio, Moreno ha defendido en sintonía con otros líderes autonómicos que el Gobierno articule reformas legales y cambios normativos “para que las comunidades puedan aprobar el confinamiento de una calle, un edificio o un municipio si es necesario”. Sin una declaración de estado de alarma, las regiones no tienen esa competencia, que necesita de la autorización previa de un juez. “Eso no es ágil, y para combatir una pandemia hace falta celeridad”, ha dicho Moreno. El presidente andaluz también ha pedido mejorar la coordinación entre instituciones en áreas estratégicas, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (que lleva un año sin convocarse), la mesa de Turismo, de Economía o de Agricultura.

Por último, Moreno ha recordado al presidente Sánchez que la atención a los inmigrantes que llegan de forma irregular a España, mayoritariamente a través de las costas andaluzas, “son competencia del Estado”. “Después de 72 horas hay un vacío legal, los inmigrantes pueden marcharse sin que nosotros podamos retenerles, aunque algunos llegan contagiados por el Covid-19”, dice el líder andaluz. El Gobierno y la Junta están negociando un protocolo de actuación con inmigrantes que llegan afectados por la pandemia, pero las discrepancias respecto al reparto de competencias de cada Administración ha retrasado la firma del mismo.