El Defensor del Pueblo Andaluz exige que entren “más usuarios en el sistema de dependencia”
La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recibió 6.926 quejas en 2013, lo que supone un 4,3% menos que en 2012, si bien crecieron las consultas, y en general, el número de personas y colectivos que han planteado sus problemas en este organismo: 42.500, un 5,5% más. Lo ha explicado este lunes el titular de la oficina, Jesús Maeztu, cuando ha presentado el informe anual en el Parlamento de Andalucía, 1.300 folios donde se detalla una labor de vigilancia y auxilio centrada básicamente en problemas relacionados con la aplicación de la ley de la dependencia y otros servicios sociales, la vivienda (desde cláusulas suelo hasta desahucios) y los menores. De hecho, el 40% de las quejas están relacionadas con estos temas.
Por el contrario, destaca un descenso notable de la actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz, que con 152 representan un 38% menos. Jesús Maeztu lo ha atribuido a un criterio suyo “más restrictivo” por ejemplo con las quejas de oficio, “que son como pequeños informes” y que se hacen cuando entiende que la situación “lo requiere”. En este sentido, ha recalcado que este informe anual está marcado por la “identidad” de las dos personas que han ocupado el cargo en 2013, dado que él relevó a Jesús Chamizo el pasado verano.
De hecho, Jesús Maeztu ha sido más parco en la valoración del trabajo de los políticos que su predecesor, pero sí ha insistido en la necesidad de que se reduzca “la distancia con la que analizan la realidad y dan respuesta a los problemas de la gente”. Les ha recordado que “la ciudadanía es más consciente y se ha vuelto más exigente”, por lo que no se puede dejar “que esto derive en un aumento de la abstención o el populismo”. Ha abogado por “la creación de puentes, entre las administraciones y entre los distintos grupos políticos porque hay temas que exigen consenso, independientemente de la discrepancia ideológica”.
Es más, tras reconocer que lo que presenta “es una radiografía de lo que no funciona”, porque es lo que llega a la institución, ha insistido en que es un “reflejo de esta crisis de la desigualdad”, como lo es el reciente informe de Cáritas, cuya mirada ha molestado en el Gobierno de la Nacióninforme de Cáritas, y que Jesús Maeztu ha citado expresamente.
Sobre la situación de la dependencia, ha insistido en el trabajo que se ha ido desarrollando desde la oficina, que ha recibido 588 quejas nuevas en la materia, sobre todo por la demora en las prestaciones, lo que se arrastra del año anterior. “No me cansaré de decir que tienen que entrar más usuarios en el sistema. No se puede reconocer un derecho y luego decir 'pero no te lo aplico porque no tengo presupuesto'”, ha enfatizado, para recordar que se ha reunido con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para plantearle esta cuestión. Tras el pago de las cantidades pendientes de 2012 a los proveedores de estos servicios, exige que se ponga fecha a todos los pagos de 2013.
Propone renta básica y suministros esenciales
Es una de las leyes del estado de bienestar “en riesgo”, por lo que ha incidido en que “hay unos mínimos que no pueden desaparecer”. Entiende la situación económica, pero insiste en que “es fundamental mantener la red de mínimos” para que cuando llegue “la recuperación no nos encontremos con que el estado de bienestar se ha roto”. Y las principales víctimas, por lo que arroja este estudio, son las mismas: mayores, mujeres y niños. Eso sí, también ha resaltado que “los datos estadísticos reflejan el aumento de unos sectores de la población, hasta ahora ajenos a las consecuencias de la crisis, que han acudido a la oficina denunciado la pérdida de derechos”.
Junto a este aliento a los más vulnerables, el documento recoge una serie de propuestas en las que la oficina quiere trabajar para mejorar las cosas, como es la reclamación de una renta básica para que no haya riesgo de exclusión social -existe ya un grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía para ello- y la garantía de los suministros esenciales -luz y agua- para los más pobres, tema que IU está peleando dentro del Gobierno de Andalucía. Junto a ello, Jesús Maeztu ha abogado por “dar una respuesta al problema del sobreendeudamiento”, es decir, “que también haya una ley de segunda oportunidad para las familias, igual que por ejemplo los promotores pueden aplazar el pago de sus deudas”.
