La constructora Ayesa, juez y parte en un presunto caso de malversación en el Bajo Guadalquivir

El contrato firmado entre la ingeniería Ayesa y la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, al que ha tenido acceso este diario, pone en cuestión la validez pericial de uno de los pilares fundamentales en la instrucción judicial del Caso Marismas, el conocido como “Iinforme Ayesa”.

En este caso, uno de los de más calado en la actualidad, se investiga la presunta malversación de una subvención de la Junta de Andalucía y la Unión Europea de 40 millones de euros para la modernización del regadío del Bajo Guadalquivir. En él están implicados altos cargos de la propia Junta de Andalucía y de la anterior Junta Rectora de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, así como las empresas Befesa y Construcciones ALPI.

La objetividad del Informe Ayesa, un documento de 159 folios, que forma parte del sumario del caso como prueba pericial, plantea serias dudas ya que convertiría a Ayesa, la empresa que lo realiza, en juez y parte del caso. Ayesa debía certificar el estado de ejecución de las obras subvencionadas, pero según dicho contrato, que hasta ahora no había visto la luz, en él se aseguraba además la culminación de las obras pendientes de terminar. Por lo tanto, Ayesa obtendría un mayor beneficio cuanto menos obra certificase como ejecutada.

Este hecho, según varias fuentes jurídicas consultadas, plantea un conflicto de intereses que cuestiona el uso forense de dicho trabajo.

Juez y parte

Éstos son los hechos. El 4 de noviembre de 2010, la actual Junta Rectora de la Comunidad de Regantes contrató con la empresa de ingeniería Ayesa la elaboración de un informe técnico, al objeto de denunciar ante los tribunales a la Junta Rectora anterior y a las adjudicatarias de las obras de modernización de los sistemas de riego de las marismas del Guadalquivir, la UTE conformada por Befesa (entonces filial de Abengoa) y Construcciones ALPI. El objetivo de dicho trabajo, era conocer con exactitud qué porcentaje de las obras certificadas se habían completado realmente, y cuáles de ellas presentaban deficiencias técnicas que pudieran provocar sobrecostes.

Sin embargo, en el mismo contrato se estipula también que, además de elaborar el informe, Ayesa sería la encargada de la “redacción de un modificado técnico” del trabajo inicial para los “trabajos de adecuación de lo realmente ejecutado en obra”, y, por otro lado, la de “uno a varios proyectos complementarios” que comprendan el resto de las obras, que “no habiéndose podido ejecutar dentro del proyecto inicial se consideren necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación”. Según se especifica en las cláusulas, la compañía cobraría un 2% sobre el presupuesto de los trabajos proyectados por cada concepto, algo que en opinión de fuentes jurídicas consultadas supone un conflicto de intereses.

Una vez realizado, el informe de Ayesa determinó que la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado asciende a casi 3 millones de euros, y cuantifica las obras realizadas en un 60% del total previsto en el proyecto inicial. Por lo tanto, según el contrato firmado entre ambas partes, Ayesa debería finalizar, y cobrar, el 40% de la obra pendiente de ejecutar.

Sin embargo, en otro informe elaborado por la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía (DAP) para la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, se cifraba el nivel de ejecución en un 80%. Este último documento fue esgrimido por la entonces titular del ramo, Clara Eugenia Aguilera, en su comparecencia sobre este caso en sede parlamentaria a finales de 2009.

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que también recibió la denuncia de los regantes, emitió en el pasado mes de diciembre las conclusiones de una comisión de investigación encabezada por la española María Eugenia Moreno-Laborda. En el documento, que fue enviado al juzgado de instrucción nº 16 de Sevilla, se cita el informe de Ayesa como “una prueba importante de las irregularidades en la gestión” del proyecto.

La oficina europea afirma que “centra su investigación en las irregularidades en el procedimiento de contratación”, pues considera que “Ayesa ya había realizado un detallado análisis de la ejecución del proyecto”. En efecto, en ningún lugar de estas conclusiones se menciona que los investigadores de la comisión realizasen algún tipo de comprobación para verificar si el informe de Ayesa se ajusta a la realidad.

Mutismo de las partes

Este medio ha contactado con la responsable del informe para averiguar si efectivamente se limitaron a dar por bueno el informe de Ayesa sin contrastarlo, y si conocían de la existencia del otro informe de DAP, pero no ha obtenido respuesta. Al mismo tiempo, desde la oficina de la Comisión Europea en España responden con un escueto “no vamos a hacer ningún comentario”.

También han declinado ofrecer opinión al respecto la sociedad a la que se adjudicó originalmente la obra, Befesa, ni su entonces matriz Abengoa. Tampoco la propia Ayesa, cuyo Departamento de Comunicación asegura que el Caso Marismas “no tiene nada que ver con nosotros”.

Por su parte, Antonio Reyes Maya, director gerente de la actual Junta Rectora de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, ha declinado hacer declaraciones sobre las posibles consecuencias jurídicas del contrato. De hecho, ha insistido en que “no tiene nada que ver con la denuncia”, ya que es un documento “privado entre partes”. Asegura, además, que “por supuesto no voy a dar mi opinión sobre eso, porque considero que no lo debéis tener [el contrato entre la Comunidad de regantes y Ayesa]”.

Por otro lado, preguntado por si la OLAF verificó las conclusiones del informe de Ayesa, responde: “No lo puedo corroborar”. Y añade que “aquí estuvieron pidiendo documentación, pero no puedo decir si fueron al campo”. Respecto a si se han pagado los conceptos incluidos en sus cláusulas, sostiene: “Lo sé, lo que pasa es que no lo voy a decir”. Otras fuentes consultadas y cercanas al caso aseguran que el contrato “está pagado en su totalidad”.

Por otra parte, José Pliegos, director general de Estructuras Agrarias de la Junta de Andalucía, confirma que han “terminado un expediente de pérdida total de la ayuda por incumplimiento de los plazos y los requisitos”, y que “pusimos en marcha el reintegro”del dinero. No obstante, afirma haber “paralizado el cobro hasta que se pronuncie la Justicia”, tras la petición a tal efecto de los abogados de los regantes al juez.

El papel de la Junta

La labor de la Junta de Andalucía en el proceso de adjudicación del proyecto es otro de los aspectos que se encuentran bajo la lupa judicial. En la causa están imputadas 21 personas por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial. En concreto, dos exdirectores generales de Regadíos, dos exjefes del departamento de Infraestructuras Agraria y Actividades Estructurales de la Consejería de Agricultura, miembros de la anterior Junta Rectora de la Comunidad de Regantes y de la mesa de contratación por haber sido presuntamente conniventes en las irregularidades, los representantes de las tres UTE implicadas y otros funcionarios de la Junta.

La UTE Befesa-ALPI recibió la adjudicación del proyecto de modernización de los sistemas de riego por un total de 66,6 millones de euros. El 60% de esta suma (40,1 millones) provenía de una subvención de la Junta de Andalucía y el fondo para el desarrollo agrario (FEADER) de la Unión Europea. Algo más de 11 millones han sido reclamados por la OLAF debido a los indicios de delito descubiertos a raíz de la denuncia. Según la oficina europea, el proyecto se otorgó en segunda adjudicación —la primera fue anulada por la “detección de una posible irregularidad”— a la UTE de Befesa y Construcciones ALPI a pesar de no resultar la oferta más ventajosa en términos de precio. De hecho, era un millón de euros más cara que la oferta mejor posicionada en las valoraciones de la Mesa de Contratación.

También asegura que miembros de la anterior Junta Rectora de los regantes pudieron presionar a la entonces filial de Abengoa para que Tegner y MECI Works, dos empresas locales que no cumplían los requisitos de capacidad técnica pero aun así habían recibido la primera adjudicación, fueran subcontratadas en el proceso de realización de las obras. Es más, hasta que Befesa y ALPI no se comprometieron ante notario a hacerlo, no recibieron la adjudicación. Segun la OLAF, el administrador de Tegner era miembro de la Comunidad de Regantes y MECI habría tenido relaciones económicas previas con ésta. También sostiene que “durante la segunda adjudicación, miembros de la Mesa de contratación recibieron una llamada telefónica de la Junta de Andalucía indicando qué oferta debía ser elegida”. Según el “Informe Ayesa”, estas empresas son las principales causantes de las deficiencias técnicas en las obras ejecutadas hasta el momento.