CRÓNICA

La corrupción y la guerra sucia engullen el debate político en Andalucía y llevan al límite el pulso entre Moreno y la izquierda

En octubre de 2018, dos meses antes de las elecciones andaluzas que terminaron con 37 años de gobiernos socialistas, el CIS publicó su última encuesta preelectoral donde la corrupción ocupaba el segundo problema de los andaluces (para un 40,8%). El candidato del PP y hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, abrió aquella campaña a las puertas de un prostíbulo de Sevilla, ya en ruinas, donde un ex alto cargo del entonces Gobierno socialista gastó 32.000 con la tarjeta de crédito de una agencia pública.

En junio de 2022, justo antes de las últimas elecciones andaluzas, el CIS relegaba la corrupción al octavo puesto entre las principales preocupaciones de los ciudadanos (con un 7,4%), y Moreno se lanzaba al ruedo electoral con un mensaje alegre y optimista: “Tenemos ganas de comernos el mundo”. Las urnas le respondieron con una mayoría absoluta histórica de 58 diputados.

“Pelearse en la corrupción es forcejear en el barro”, decía este miércoles un miembro del Gobierno andaluz, que lleva una semana filosofando en voz alta sobre las contraindicaciones de hacer “política sucia”. El lunes pasado, durante una entrevista en Tele 5, Moreno avisó: “Nadie sale limpio de una pelea en el barro, porque todos acaban enfangados y el ciudadano ya no sabe distinguir quién es quién”. Es una frase literal del argumentario que manejan estos días en el Palacio de San Telmo, aunque no está claro si es una advertencia para los suyos o para sus rivales.

Hasta ahora, el dirigente popular había hecho gala del clima de moderación y sosiego que distingue la política andaluza, en oposición a la gresca y la polarización que se respira en Madrid. Casi como una extensión de su propia personalidad. Pero la llegada de María Jesús Montero al frente del PSOE andaluz ha puesto a los socialistas en pie de guerra, conscientes de que en un escenario de atonía y calma chicha nunca iban a despertar a los 400.000 votos durmientes que separan a Juan Espadas (en las autonómicas de 2022) de Pedro Sánchez (en las generales de 2023).

“Mafia o democracia”

Los populares lo vieron venir, pero pasaron las primeras semanas fastidiados, farfullando que contra Espadas se vivía mejor. Al fin y al cabo, la mayoría absoluta de Moreno, más el apoyo incondicional de Vox, hacen del Parlamento andaluz una cámara de oposición al Gobierno de Sánchez, más que un contrapeso al Ejecutivo andaluz.

Cada semana los populares pueblan el diario de sesiones de reproches e inquietudes de ámbito nacional, hasta llegar al clímax de este miércoles, en el que el Parlamento, con los votos de las derechas, ha aprobado una proposición no de ley que “considera necesario” que Sánchez “proceda a la disolución inmediata de las Cortes” y adelante las elecciones generales.

El mismo grito de Feijóo en la manifestación del domingo convocada por el PP en Madrid, bajo el lema “Mafia o democracia”, el mismo mensaje que le lanzaron a la cara los 13 barones territoriales del PP en la fallida Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado viernes.

Moreno ha participado en primera línea de la estrategia de confrontación total contra Sánchez -“al final tendrá que convocar a palos”- y ha regresado de Madrid asumiendo que la pelea con los socialistas será en el barro. Sirva de ejemplo el diario de sesiones del Pleno de hoy, donde populares y socialistas dejaron esputos de alto voltaje, como preámbulo acalorado del debate de política general que tendrá lugar este jueves.

Ese binomio -“Mafia o democracia”- es el que se ha instalado en Andalucía -otrora remanso de paz-, con unos y otros acusándose mutuamente de “mafiosos”, “antidemócratas” y “fascistas”. “No como insulto, sino como concepto”, ha matizado el diputado socialista Noel López, ante la bancada popular.

El portavoz del PP en la Cámara, Toni Martín, llegó a comparar al PSOE con la Stasi, la policía política y criminal de la extinta República Democrática Alemana (RDA), acusándoles de ejercer “prácticas mafiosas de espionaje franquista” contra Moreno y otros miembros del Gobierno andaluz, y de tener “pisos francos en Madrid para las reuniones de sus fontaneros con las cloacas”. Los populares han dado eco estos días a publicaciones que denuncian un espionaje al presidente andaluz, supuestamente orquestado por el PSOE.

Es difícil seguir la pista de las altisonantes acusaciones que lanza el PP andaluz estos días contra Montero, porque todas tienen la magnitud de una querella criminal, pero de momento nadie ha acudido a los juzgados a registrarla.

Sin embargo, uno de los que se ha mostrado más indignado con el PP por estas insinuaciones no ha saltado de la bancada socialista, sino de Por Andalucía, el diputado y miembro de Podemos José Manuel Jurado: “¿A alguien de Podemos le van a decir algo de espionaje? ¿A nosotros? Que teníamos a 69 diputados que estaban cagados porque sabían que la Policía les estaba persiguiendo y no sabían por qué, con 54 comisarías dedicadas a líderes de Podemos y dirigentes independentistas...”, ha espetado a la bancada popular, en referencia a la denominada policía patriótica del PP, que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Lo que sí es constatable en el discurso duro del PP andaluz es lo superlativo del mensaje que intentan trasladar: “Estamos ante un punto de no retorno, un destrozo de la convivencia entre españoles”, sentenció Martín, alertando de que la democracia “pende de un hilo”. Falta menos de un año para que, por ley, el presidente de la Junta disuelva el Parlamento andaluz y convoque elecciones. Moreno ha prometido públicamente que las urnas se abrirán “cuando tocan”, es decir, en la primavera de 2026.

Pero el relato popular se ha llenado de sombras y ya nadie sabe si la tan cacareada “estabilidad política y económica” de Andalucía, que blinda la mayoría absoluta y los Presupuestos Autonómicos aprobados, es compatible con esa imagen de una España al borde del precipicio que proyectan a diario los de Feijóo. Cada sesión plenaria, el tam tam de las urnas se escucha más cerca.

Los socialistas no se han achantado esta vez, y este apretar de dientes de los rivales de Moreno es uno de los síntomas de un posible adelanto electoral después del verano. Un diputado comparó la actitud del dirigente andaluz a la salida de la Conferencia de Presidentes con la de “aquellos que llevaban camisas azules”, en referencia a los falangistas, dando eco a la misma acusación que vertió contra él el ministro de Fomento, Óscar Puente.

El Parlamento andaluz se ha metido de lleno en el marco mental de Feijóo: “Mafia o democracia”. Los tres partidos de la izquierda en la oposición lo han hecho suyo para atizar a Moreno, para acusar a su Gobierno de “colonizar” y “amordazar” a los órganos de control y de fiscalización a la Junta, cuyos informes sobre las irregularides en la cotratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han motivado dos causas judiciales abiertas -con personación directa de la Fiscalía Anticorrupción- por prevaricación y malversación de fondos, y cuatro altos cargos imputados.

Los diputados de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han subido, uno tras otro, a la tribuna para llamar “corruptos” a los populares y al Gobierno, acusándole de maniobrar dentro de la Cámara de Cuentas y del cuerpo de interventores de la Junta para “boicotear” y “torpedear” el trabajo de fiscalización interna, que justo ahora están reclamando dos jueces para profundizar en su investigación sobre los contratos a dedo del SAS con la sanidad privada.

“La estrategia de oposición contra Moreno en Andalucía pasa por la sanidad. Es lo único que tienen”, les ha afeado la diputada popular Jessica Trujillo, que ha culpado al PSOE de “sobrepasar todos los límites” con su “ataque a la Cámara de Cuentas”.

De reprobación a prevaricación en la Cámara de Cuentas

En los últimos días, la Cámara de Cuentas de Andalucía, con el voto mayoritario de los miembros designados a propuesta de PP y Vox, ha frenado la fiscalización de los contratos menores adjudicados a dedo por la Junta en 2022 y 2023, argumentando que no debían “interferir” en una investigación judicial sobre “el fraccionamiento masivo e indebido” de dichos contratos, una causa en la que el Ejecutivo de Moreno se ha personado como “responsable civil subsidiaria”.

El Parlamento, a propuesta del PSOE, ha debatido por primera vez la reprobación del presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, acusándole de incumplir la ley que regula la institución que dirige. Cardenete fue viceconsejero de Turismo y consejero de Educación en 2022, y la investigación de la Cámara de Cuentas incluía contratos adjudicados a dedo de su etapa en el Ejecutivo [además de expedientes del SAS que investiga un juez]. Sin embargo, éste decidió no abstenerse en la votación que ha frenado las auditorías a esos contratos.

Los socialistas también le señalan por impulsar una modificación exprés del reglamento interno de la Cámara el pasado abril para poder, un mes después, frenar la fiscalización de los contratos menores de la Junta. La propuesta de reprobación -que no es más que un reproche político- estaba abocada al fracaso, porque choca con la mayoría de PP y Vox, pero al PSOE le interesaba anclar el debate de la “corrupción del PP” en el Pleno del Parlamento.

Con esa estrategia en mente, el diputado Mario Jiménez, uno de los más veteranos y correosos de la bancada socialista, ha dado un salto de pértiga, acusando directamente a Cardenete de un delito de prevaricación. Pero el objetivo a batir no es Cardenete, sino Moreno.

Jiménez acusó a la Junta de “purgar a los interventores” del Servicio Andaluz de Salud (SAS), responsables de los informes que destaparon las irregularidades en la contratación de emergencia y en el troceamiento de contratos a dedo que ahora investigan dos jueces por prevaricación y malversación. Habló de “un inmenso caso de corrupción que implica a todos los niveles institucionales de la autonomía, de inmenso atropello a las leyes”, y culminó ddenunciando que “sólo ha podido ser posible gracias a la implicación del propio presidente de la Junta de Andalucía”. “Ya veremos si el precio no es la cabeza de Cardenete y un juicio por prevaricación”, sentenció. Fuentes del PSOE explican que, por ahora, no se plantean llevar el caso a los tribunales.

Moreno comparece este jueves, a petición propia, para lanzar un discurso sin límite de tiempo que ofrecerá pistas de la cercanía o lejanía de los comicios, según lo trufado que esté de promesas electorales. Pero será, sobre todo, la intensidad del cara a cara con los portavoces de la oposición lo que sirva de termómetro para saber quién necesita salpicar con barro.