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El plan para regularización de viviendas en suelo no urbanizable divide a PSOE-A e IU

La propuesta para modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se ha aprobado con la abstención del PP y los votos en contra de la coalición de izquierdas, que cree que es "precipitada"

Será un segundo intento de solucionar esta cuestión después de un decreto aprobado en 2012 en el que apenas un tercio de los municipios han diagnosticado el alcance del problema en sus territorios

Satisfacción "con cautela" entre algunas plataformas que integran a propietarios de estas construcciones, que se encuentran en un limbo juridico y que beneficiaría a unas 25.000 en Andalucía

Pleno del Parlamento de Andalucía.

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves en el Debate del Estado de la Comunidad, con la abstención del PP-A y los votos en contra de IU, instar a la Junta de Andalucía a modificación la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para posibilitar la regularización de viviendas construidas en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo dado en el decreto 2/2012 y que variaba el régimen de las edificaciones y asentamientos en esta situación. Los cálculos de la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio son que la medida, que desde el PSOE-A insisten en matizar que no es una amnistía, podría beneficiar a unas 25.000 construcciones de este tipo, en su mayoría localizadas en las provincias de Almería y Málaga.

La realidad es que se trata de un segundo intento para abordar este problema ya que en el citado decreto apenas un tercio de los municipios de Andalucía dieron los pasos para diagnosticar el volumen de viviendas en esta situación en una comunidad autónoma donde se calcula que las ilegales pueden superar las 300.000, según estimaciones, entre otros, del PP-A.

La propuesta había sido lanzada por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en el paquete de medidas que presentó el miércoles en el pleno, pero no ha contado con el respaldo de sus socios de IU. La portavoz de la coalición de izquierdas en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, justifica el voto en contra de su formación porque "se ha precipitado el planteamiento".

"El anuncio de la presidenta no lo conocíamos, pero sí la intención del PSOE-A de abordar este tema y solucionarlo, algo que también está en el ánimo de IU", ha dicho. Pero no le gustan las formas -"hace falta a trabajar a fondo un tema tan complejo- ni menos los tiempos: "Coindice en que estamos en un periodo preelectoral". Entre otras cosas, ha precisado que la presidenta ha hecho este anuncio sin dar detalles, como por ejemplo si "se van a regularizar viviendas en áreas inundables o en suelo de especial protección o aquellas que sean en realidad infraviviendas o no reúnan las condiciones de seguridad para las personas...".

Por ello, ha puntualizado que no es que IU no esté por una solución "definitiva" para este problema, pero sí que es necesario abodarlo con rigor: "Hay que ser cautelosos y estudiar el tema de manera pormenorizadas, sin generar expectativas que puedan frustrarse por una precipitación o por un anuncio que quizás se ha elegido el momento desafortunadamente".

En esta situación se encuentran muchos propietarios que compraron viviendas construidas en parcelas de suelo no urbanizable que fueron divididas y también extranjeros que se hicieron con la propiedad de edificaciones sin saber de su ilegalidad. Es el caso de muchos ciudadanos del Reino Unido, especialmente, con cuya diplomacia se ha abordado incluso desde el Gobierno de Andalucía esta cuestión. Pero los detalles concretos de la medida tendrán que ser especificados por la consejería, desde donde insisten, en que se trata de viviendas construidas "hace años".

Por su parte, desde la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) han enviado una nota de prensa en la que han mostrado su "alegría pero con cautela" por este paso. Uno de sus portavoces, Francisco León, ha subrayado en este sentido que "ahora sólo cabe esperar que sus palabras no caigan en el olvido y se estudie junto a las demás administraciones y colectivos que representan a los ciudadanos afectados (...) y se busquen soluciones viables para que se solucione este problema que perdura en la eternidad".

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