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ARAGÓN

El Aragón que viene tras el 26M: menos gente, más granjas y el reto del empleo

Un repaso al presente y el futuro de la comunidad en el último día de campaña para las elecciones autonómicas

En la comunidad hay 731 municipios, el 26,5 % (194) tienen menos de 100 habitantes, y solo 191 (26,12 %) ganaron (o no perdieron) población entre 2001 y 2016

Se cierra una legislatura con 36.000 ocupados más y 18.600 autónomos menos: se bajan más de 200 persianas cada semana

¿Cuáles son los mayores problemas de Aragón? Para el Gobierno, la financiación autonómica y la transición ecológica; para la oposición, la desigualdad fiscal; para las entidades sociales, el riesgo de pobreza, y, para todos, la despoblación

Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón currybet - es.wikipedia.org / Zaragoza

PSOE y CHA conformaron, el 3 de julio de 2015, otro gobierno de coalición en Aragón (tierra de pactos desde antes de que estos fueran tan preciados). Para ello, contaron con el apoyo (solo el apoyo) de Podemos (los morados reconocen que deberían haber explorado la opción de entrar en el Gobierno) e IU. Con 18 diputados/as y un decálogo por cumplir, los socialistas recuperaban el sillón de mando tras cuatro años reclamándolo y postulándose como el perfecto encargado de revertir los recortes de la derecha.

Con altibajos, pero la legislatura en las Cortes de Aragón ha sido relativamente plácida (quizás asalte esa sensación por pura comparación con lo acontecido en el Ayuntamiento de Zaragoza). La izquierda ha sacado adelante leyes de calado y contenido (material e ideológico) como la de memoria democrática, la LGTBI o la de igualdad entre mujeres y hombres. El PSOE se enorgullece de hacerlo con ellos al frente del Ejecutivo, y recuerda otros hitos como la inversión en servicios sociales, el descenso del paro o la contención del déficit. Los morados destacan su cuota de culpa (que consideran muy alta) para que estas y otras medidas hayan visto la luz.

Las relaciones entre PSOE y Podemos, algo más fluidas tras la marcha de Pablo Echenique a Madrid, vivió uno de sus momentos más bajos con la reforma del impuesto de sucesiones, que los socialistas sacaron adelante con la derecha, en lo que fue, para Podemos, un claro síntoma (no el único) de acercamiento a la zona naranja con la mente puesta en las elecciones (desde aquello, el escenario ha cambiado mucho, sobre todo en lo nacional).

Así es Aragón hoy. Y así puede ser mañana.

¿Seguirá siendo la despoblación el tema estrella cuando se vacíen las urnas?

La población actual de Aragón, según los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), es de 1.308.728 personas. En 2008 era de 1.326.918. Hay 663.230 mujeres y 645.498 hombres. Por edades, la franja mayoritaria es entre los 40 y los 44 años, con 107.718 representantes. Hace 10 años, eran más los y las que tenían entre 30 y 34 años. Actualmente, hay 136.692 extranjeros en Aragón. Eran 154.892 en 2008 y 173.653 en 2013.

La despoblación, tema estrella en campaña (queda por ver si lo sigue siendo tras vaciar las urnas), es uno de los principales problemas que atañen a la comunidad autónoma. Es la cuarta comunidad española con menos densidad de población, con 27,42 habitantes por kilómetros cuadrado, solo superior a las cifras de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. La gravedad del problema se muestra de manera más palmaria haciendo una precisión: si de la ecuación sobre la densidad de población se elimina Zaragoza, baja a 13,85 habitantes por kilómetro cuadrado.

En la comunidad hay 731 municipios, el 26,5 % (194) tienen menos de 100 habitantes, y solo 191 (26,12 %) ganaron (o no perdieron) población entre 2001 y 2016. Huesca, por ejemplo, es la provincia española con más pueblos abandonados: 320. Y en Teruel, exponente máximo de la España vaciada, la densidad de población es de 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado.

Cuando se pierden treinta empleadores por semana

Aragón cierra una legislatura en la que el empleo ha avanzado de manera notable, con 36.000 ocupados más tras pasar de los 540.800 de mediados de 2015 a los 577.200 con los que terminaba el último invierno. Más de ocho de cada diez de esos ocupados (488.800) son asalariados, trabajadores por cuenta ajena, cuyo volumen ha avanzado en 45.000 desde junio de 2015. Sin embargo, pese a ese avance, la comunidad sigue a 47.000 puestos de trabajo de los 614.100 con los que entró en la crisis a finales de 2008.

El avance de ese dato no es capaz de enmascarar otros dos registros que deberían encender las luces de alarma entre los responsables económicos de la comunidad: un desplome del autoempleo, con la pérdida en menos de cuatro años de 18.600 de las 166.100 personas que se ganaban la vida como autónomos o empresarios sin trabajadores, y un ilusorio aumento de los empleadores en el que el incremento de un millar en relación con el 2015 llega tras una merma de 5.900 en seis meses. Eso significa que se bajan más de 200 persianas cada semana, más de treinta al día.

Hay menos paro que hace cuatro años, aunque la evolución de ese indicador pone sobre la mesa la cada vez mayor irrelevancia de ese dato en términos únicamente cuantitativos. ¿Cómo se pueden perder 43.000 parados ganando 36.000 ocupaciones? Es sencillo: teniendo 6.000 activos menos y otros tantos inactivos más.

A alguien debería llamarle la atención que dentro de este último grupo, y con una pirámide demográfica que va tomando forma de letra “V”, el número de estudiantes haya crecido en cuatro años casi tanto como el de jubilados (7.700 por 9.000). ¿Tendrá algo que ver con la falta de oportunidades laborales para la juventud que haya 58.300 estudiantes más de entre veinte y 35 años? ¿Y que tres de cada cuatro de esos nuevos alumnos tengan más de 25?

En ese escenario, la economía aragonesa inicia un proceso de transformación de resultado incierto en el que el desmantelamiento de iconos que tributan fuera de la comunidad, como ocurre con el cierre de la térmica de Andorra, convive con la transición hacia el coche eléctrico de una empresa extranjera como Opel, que generará fuertes recortes en el empleo, mientras el discurso oficial, con una logística saneada a base de rescates públicos y del pago de empresas salpicadas por la corrupción como Acciona, presenta la desmesurada y contaminante expansión de las macrogranjas y los mataderos de porcino y el alambicado (financieramente) despliegue de las energías renovables como los focos de futuro. A menudo, con un ruido mediático que, por mucho que actúe como sordina, no llega a tapar el sonido de las persianas que caen para no volver a subir.

Reducción del abandono escolar y apuesta por la escuela rural

El presupuesto para educación ha aumentado, en los últimos cuatro años, algo menos de 200 millones de euros, revirtiendo, en cierto modo, los recortes de la legislatura anterior. El abandono escolar, según los datos del Ministerio de Educación, se ha reducido en 4 puntos (del 19,5 % de 2005 al 15,6 % actual). Se ha hecho una importante apuesta por la FP, con la creación de 50 nuevos ciclos, y se han salvado del cierre 100 escuelas rurales con 6 o menos alumnos.

Además, se ha establecido un porcentaje máximo del 15 % de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). Este fue uno de los asuntos que más polvareda levantó durante la legislatura, tras descubrirse que varios centros privados concertados habían cometido irregularidades a la hora de diagnosticar a este tipo de alumnado. Anomalía que ha quedado sin sanción.

La educación concertada fue otro de los caballos de batalla, no solo entre el PSOE y la oposición, sino también de los socialistas con quienes les auparon al poder, Podemos. La controversia llegó incluso a la calle con una manifestación en Zaragoza, que PP, Ciudadanos y PAR sacan a colación cada vez que tienen oportunidad como una suerte de grito unánime en pos de lo que califican “libertad de elección”.

¿Cuáles son los problemas de Aragón según los agentes sociales, políticos y económicos?

Los agentes sociales, políticos y económicos no coinciden cuando hablan de los problemas más acuciantes de esta tierra, lo que indica que las carencias son muchas. Cada uno fija sus prioridades, aunque hay una que sobrevuela a todos: la lucha contra la despoblación. Más allá de eso, los sindicatos hablan de precariedad laboral y pérdida de poder adquisitivo, y las entidades sociales de la desigualdad y la pobreza.

El Gobierno de Aragón en funciones califica de "urgente" la financiación autonómica o la transición ecológica justa en las cuencas Mineras, en una lista de reivindicaciones larga. Mientras que el principal partido de la oposición, el PP, habla de la desigualdad fiscal que sufren los aragoneses frente al resto de españoles.

El portavoz de la Red Aragonesa de entidades sociales para la Inclusión, Daniel Gimeno, afirma que un 15,8 % de los aragonesas está en riesgo de pobreza, según los datos del informe AROPE. Es un porcentaje que se sitúa muy por debajo de la media española (26 %) pero que sigue siendo "preocupante" porque son 200.000 personas en esta situación, de las cuales 31.000 están en riesgo de pobreza extrema.

Por ello, exigen la aprobación de la ley de la renta básica, la medida estrella del PSOE y Podemos, que se ha quedado en el tintero en esta legislatura por falta de acuerdo.

"Llevamos trabajando en este tema más de siete años, fuimos pioneros en redactar la ley y hemos visto que, mientras se aprobaba en otras comunidades, aquí se ha dejado escapar esa oportunidad. Confiamos en que se retome el tema en la próxima legislatura, aunque dependerá del resultado electoral", recalca.

Para CCOO y UGT los problemas que asolan a Aragón desde su área de acción se deducen de una realidad: el 75 % de la actividad económica de la comunidad se genera en Zaragoza, que está teniendo un "fuerte" y "potente" desarrollo. Por el contrario, el resto del territorio se vacía por falta de inversiones.

Los servicios públicos son también más costosos en el medio rural, por ello, el secretario general de CCOO en Aragón, Manuel Pina, reclama un cambio de financiación autonómica que tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población. Zaragoza, y su entorno, concentra el 50 % de la población aragonesa, "eso no se da en otras comunidades despobladas", indica. 

Y esto tiene un coste económico: "En Zaragoza una plaza escolar cuesta 3.000 euros y en el Pirineo, 9.000", apunta.

Desde el Gobierno de Aragón, además de la financiación autonómica y la despoblación, establecen como prioridades para la próxima legislatura la firma del convenio de transición justa, con el que se comprometió la ministra Teresa Ribera; los proyectos del corredor Cantábrico-Mediterráneo; los desdoblamientos de la N-II y la N-232; concluir el eje Huesca-Jaca-Pamplona y culminar las obras del pacto del agua.

El Partido Popular pone el foco en las listas de espera en la sanidad; la falta de médicos en el medio rural o en el hecho de que colegios y hospitales, como el de Teruel, se hayan quedado sin construir, "cuando este Ejecutivo ha tenido 1.300 millones de euros más que la pasada legislatura", apunta la secretaria general de los populares en Aragón, Mar Vaquero.

La "elevada" carga fiscal ha sido también otro de los problema más señalados y repetidos por parte de los populares en estos cuatro años. "Los aragoneses son los españoles a los que más se les han subido los impuestos", concluye.

Tras el 26M

La euforia socialista (en Aragón) después de la machada de Pedro Sánchez en las elecciones generales, se tornó preocupación cuando la extrapolación de los datos de estos comicios al ámbito autonómico presentó que la derecha iba en cabeza. Según esta traslación, el PSOE pasaría de 18 a 23 diputados (y sería la fuerza más votada), le seguiría Ciudadanos (de 5 a 15), el PP (de 21 a 14), Podemos + IU (de 15 a 8) y Vox, que entraría con 7.

Después llegó el CIS –del, ahora sí, fiable Tezanos– y devolvió parte del optimismo. Con los dato de esta macroencuesta, el PSOE revalidaría el Gobierno de Aragón: los socialistas serían la fuerza más votada con entre 20 y 22 escaños; seguidos del PP, con 18-19; Podemos, que obtendría entre 10 y 12, Ciudadanos quedaría relegado a la cuarta posición y conseguiría entre 9 y 10 escaños; el PAR sumaría 6; entre 3 y 4 CHA, y 3 IU. Vox se quedaría sin representación.

Cogiendo la cifra más alta de la horquilla, PSOE, Podemos, CHA e IU sumarían 41 diputados (superando con holgura los 34 que marcan la mayoría absoluta). Con el dato más bajo, la adición sería de 36 asientos.

Todos se han afanado en dejar claro que no se pueden extrapolar los datos de las generales. El presidente cree que se valorará su gestión y que el voto será, mayoritariamente, en clave autonómica. En Podemos se muestran optimistas y creen que se atemperará la caída. Confían en la suma de izquierdas y, esta vez sí, pedirán consejerías si están en disposición de hacerlo.

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