Los rastreadores cántabros no entienden que el Gobierno prescinda de la mitad de la plantilla: “Es difícil dar un servicio de calidad”

El Gobierno de Cantabria parece seguir con la idea de prescindir de la mitad de los rastreadores COVID, a los que se les expira el contrato este mes de diciembre. En concreto, la plantilla pasará de 84 a 42 a final de año, una decisión que los propios trabajadores no entienden en plena sexta ola de contagios.

“Cada vez es más difícil dar un servicio de calidad por el volumen de trabajo”, defiende Raúl Carmona, uno de los afectados, en conversación con elDiario.es. Según este profesional, se han reunido con todos los grupos políticos de la comunidad excepto con el PSOE. “Incluso su socio de gobierno se ha prestado a hablar y a escucharnos”, asegura. “Todos han entendido nuestra postura, pero el que tiene que tomar la decisión sigue sin tomarla”, lamenta, en referencia al consejero de Sanidad.

Y es que el departamento que dirige Miguel Rodríguez (PSOE) no ha vuelto a ponerse en contacto con ellos, y según este rastreador, a 25 de los 42 profesionales se les acaba el contrato este martes y no han recibido ningún tipo de comunicación en lo que a una posible ampliación de su periodo de trabajo se refiere.

“Con más trabajo y menos efectivos, el servicio o se hace peor, o es más lento o disminuye la calidad”, explica Carmona. “Como en cualquier empresa, solo que en este caso nos referimos al derecho a la salud de la ciudadanía”, añade. Así, este rastreador manifiesta que “resulta muy difícil de entender que se siga adelante con una decisión política, que en su día podía tener sentido con una incidencia baja del virus, pero que ahora no lo tiene”.

“No tiene sentido sanitario, ni científico, ni económico”

Carmona ha participado en la rueda de prensa que ha celebrado este lunes el sindicato Trabajadores Unidos (TÚ) para pedir al Gobierno, y en especial al presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), a que “rectifique” la decisión de suprimir “a la mitad” la plantilla de rastreadores.

El sindicato considera que la medida planteada por el Ejecutivo autonómico “no tiene sentido ni sanitario, ni científico, ni económico”, y no solo pide que se mantenga toda la plantilla, sino que se tiene que incrementar, porque “no hay suficientes” trabajadores, y los que están, “no dan a basto”.