Castilla-La Mancha da una ayuda directa para viviendas eficientes en Toledo mientras no decide sobre otras protegidas

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado un decreto por el que regula la concesión directa del Gobierno regional de una subvención de más de seis millones de euros para la construcción de 124 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la localidad de Toledo.

Se da la circunstancia de que esta ayuda coincide con el hecho de que se haya cumplido un año de la finalización del plazo para una de las parcelas residenciales que las que dispone el Gobierno regional en el Polígono de Toledo, donde podrían construirse 86 viviendas en dos bloques.

El contexto en el que se ha aprobado el nuevo decreto se enmarca en el Real Decreto de octubre de 2021 por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, que establece como un programa específico el de “ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”.

El objetivo del nuevo modelo es el incremento del parque público de viviendas eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública. Los edificios resultantes de la actuación se destinarán al arrendamiento social o a precio asequible y por un plazo de al menos 50 años.

La beneficiaria de la ayuda en este caso concreto de Toledo es la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.U. (Gicaman, S.A.U.), integrante del sector público regional por estar participada al cien por cien por el Gobierno regional y propietaria de la parcela seleccionada. Según el decreto del DOCM la ayuda se concede “con carácter excepcional y por concurrir razones de interés público, social y económico que lo justifican” y las obras deben finalizar antes del 30 de junio de 2026.

El importe de la subvención máxima reconocida es de más de seis millones de euros, casi el 38% del presupuesto destinado a la actuación. Se distribuye en tres anualidades: 924.420 euros en el presente ejercicio, 2,1 millones de euros en 2024 y más de tres millones de euros en 2025.

¿Qué costes cubrirá la subvención?

Los costes a los que Gicaman podrá destinar esta inversión son los generales de la edificación, pero no se incluyen los correspondientes a licencias, , tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente podrá ser considerado coste subvencionable siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial. La ayuda directa tampoco puede destinarse a inversiones en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

La promoción de viviendas construidas deberán obtener la calificación provisional y definitiva como vivienda protegida y los edificios que se construyan deberán tener un consumo de energía primaria no renovable inferior a una serie de valores límite en función de la zona climática en la que se ubique el edificio, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación.

En la construcción de los edificios, el proyecto debe incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. El diseño del edificio y las técnicas de construcción deben apoyar la economía circular para la reutilización y reciclaje. De igual forma, se deben retirar del ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto. En general, se debe justificar que cumple el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. El proyecto también debe cumplir con el etiquetado climático y medioambiental asignado a la actuación propuesta, en base al certificado de eficiencia energética del edificio,

Registro de Demandantes de Vivienda

Finalmente, las viviendas financiadas con cargo a esta ayuda directa deben destinarse a personas que vayan a tener en ellas su domicilio habitual y permanente. Asimismo, los arrendatarios deberán estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los ingresos de la unidad familiar de la persona arrendataria han de ser inferiores a cinco veces el IPREM.

Esta ayuda se aprueba justo cuando se cumple un año desde que finalizó el plazo de presentación de ofertas para adquirir una de las parcelas residenciales que tiene la Junta de Castilla-La Mancha en el Polígono de Toledo. El suelo se ubica en la calle Río Cabriel número 5 y le corresponde una edificabilidad máxima de 9.600 metros cuadrados repartidos en 86 viviendas, distribuidas en dos bloques de una altura máxima de seis plantas.

La subasta al alza que lanzó en marzo de 2022 la Administración regional a través, precisamente, de su empresa pública Gicaman tuvo un precio de salida de 1,3 millones de euros. Pese a que las ofertas que presentaron tres empresas interesadas ueron admitidas, la adjudicación sigue sin resolverse. Esta licitación desbloqueaba parte del suelo público residencial propiedad de la Junta en el Polígono, un barrio donde la demanda como el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, se ha incrementado desde la apertura del nuevo Hospital Universitario de Toledo.

En este sentido, tanto la Asociación Vecinal El Tajo como la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo llevan tiempo alertando del “encarecimiento” del precio de la vivienda en este barrio y pidiendo soluciones al respecto, también para terminar promociones de vivienda pública como el bloque de 86 viviendas de la calle Río Guadalmena que se ubica frente a la parcela en venta.