La absolución del concejal Pere Fuset deja al equipo de gobierno de València libre de casos judiciales

“Estoy limpio. Estoy tranquilo. Cierro mi despacho aquí, en la Ciudad de la Justicia de València”. Así se pronunció este lunes el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, tras confirmarse su absolución en el procedimiento abierto contra él y cuatro personas más por el accidente laboral en el montaje de las gradas para los conciertos de Viveros de 2017, en el que falleció un trabajador. La absolución se produjo tras un acuerdo alcanzado entre las aseguradoras.

Esta es la última causa que tenía pendiente el concejal de Compromís, superado el aluvión de denuncias interpuestas por el PP desde que en el año 2015 perdió la alcaldía, un gran número de ellas contra el propio Fuset, pero también contra el resto de concejales de la coalición valencianista, del PSPV y durante el primer mandato contra Podem.

Esto permite al actual equipo de Gobierno municipal formado por Compromís y el PSPV quedar libre de causas judiciales de cara a las próximas elecciones municipales, a pesar de la estrategia de judicialización emprendida por los populares, con el asesor Luis Salom como principal protagonista al interponer en torno a una quincena denuncias, la mayoría de ellas por supuestos fraccionamientos de contrato, todas ellas archivadas tras las declaraciones de los ediles de todas las formaciones que han estado investigados.

De hecho, esta intensa actividad judicial ha supuesto hasta ahora un coste de de 22.210 euros para las arcas del Ayuntamiento de València en concepto de gastos de abogados de los concejales afectados, los cuales tienen derecho a que se les cubra el coste de su defensa al no poder optar a los servicios de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento por provenir la denuncia de otro empleado público del Consistorio.

El Ayuntamiento ya tuvo que abonar 3.600 euros al alcalde, Joan Ribó, por el mismo concepto, tras archivarse una denuncia por un tema de protección de datos; otros 2.200 euros a la concejala socialista de Deportes durante el pasado mandato, Maite Girau; 3.700 euros al concejal de Comercio, Carlos Galiana, también para cubrir el gasto de sus letrados, tras sendas denuncias de Salom archivadas; otros 4.600 euros al propio Fuset, a los que ahora se sumaron el pasado mes de julio otros 8.110 euros, con lo que la factura total para las arcas municipales se ha elevado a 22.210 euros.

Con anterioridad la propia Justicia ya archivó otras denuncias del asesor popular contra el que fuera concejal de Cultura Festiva como los supuestos fraccionamientos de contratos desmentidos por los juzgados de los carteles de Fallas o el buzón real.