El Ayuntamiento del PP de Callosa de Segura abonó irregularmente 187.885 euros al marido de la secretaria municipal

Ayuntamiento de Callosa de Segura.

Lucas Marco


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La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha concluido una investigación que acredita que, durante el mandato del exalcalde popular de Callosa de Segura Francisco Javier Pérez Trigueros, el consistorio abonó un total de 187.885 euros en 548 facturas para analíticas de control de la calidad del agua al marido de la entonces secretaria municipal, sin expediente de contratación alguno. Las pesquisas se iniciaron tras el 'soplo' de una “persona alertadora”

La funcionaria, que ocupó una plaza accidental durante dos décadas, dimitió hace poco menos de un año, según publicó el diario Información, escudándose en que el actual alcalde, el popular Manuel Martínez Sirvent, llevaba a cabo una “constante obstaculización” de su labor (el consistorio, por contra, sostuvo que la renuncia se produjo tras haber reclamado el puesto un habilitado nacional).

El exprimer edil Francisco Javier Pérez Trigueros puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción en 2019, cuatro años después de haber dejado el consistorio, pero su denuncia fue archivada. El exalcalde sostiene que denunció a la exsecretaria tras haber recibido una queja de una empresa y defiende que la funcionaria avalaba que no había conflicto de interés alguno.

Antifraude considera que hubo “falta de planificación y diligencia debida” para licitar el contrato, “totalmente carente del respaldo legal necesario”. Así, la prestación del servicio, “sin que por parte de los responsables del Ayuntamiento de Callosa de Segura se adoptaran medidas para su corrección”, es nula de pleno derecho “por ser contraria al ordenamiento jurídico y a las reglas básicas del ordenamiento presupuestario que regulan la realización del gasto público”.

Al no haber contrato, “no ha podido comprobarse”, explica la AVA, que el profesional cumpliera con las obligaciones exigidas por el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano que establece los criterios autonómicos. Los pagos se prolongaron entre 2003 y 2014.

La variación del precio de las analíticas “presumiblemente ha podido implicar un perjuicio económico para las arcas públicas” al no contar el encargo con la concurrencia competitiva ni con una comparativa de precios. Además, la AVA también reprocha a la secretaria municipal que no se abstuviera al ser el contratista su cónyuge, a pesar de que tenía la obligación legal de hacerlo por la “situación de conflicto de intereses”.

Existía “una clara causa de abstención en cualquier tramitación administrativa que afectara a su cónyuge”, reza el informe de la AVA, que remarca que “tratándose de su marido, la secretaria e interventora accidental debería haberse abstenido de participar en toda tramitación administrativa, tanto en los referente a los expedientes de contratación, como a las fases de ejecución presupuestaria para el reconocimiento de las obligaciones y pago de las facturas”.

La funcionaria ha ocasionado una “situación irregular” y “no ha actuado cuando venía obligada a actuar”, lo cual implica, según Antifraude, consecuencias disciplinarias.

Concesión de una licencia urbanística

Además, el hombre también solicitó la concesión de una licencia urbanística para unas reformas en una vivienda y Antifraude ha comprobado que las obras se ejecutaron más allá de lo aprobado, incluyendo la construcción de una piscina.

Aunque, agrega la AVA, el informe del inspector municipal no detectó que las reformas no estuvieran amparadas en la licencia. La secretaria municipal del Ayuntamiento de Callosa de Segura que suscribió, junto con el concejal de Obras y Urbanismo, el decreto de concesión de la licencia de obras era familiar del promotor. En el caso de la licencia de obras, el informe también remarca que la funcionaria debió haberse abstenido al concederse a un familiar en primer grado.

La AVA insta al consistorio a revisar de oficio el abono de los gastos por el servicio de analíticas de la calidad del agua y a cuantificar los perjuicios producidos (“deberá acreditarse que las cantidades pagadas responden al valor de mercado”, señala). “Así mismo deben depurarse las responsabilidades de todo tipo que corresponda del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas que pudieran ser responsables de esta actuación”, agrega.

Además, Antifraude también insta al Ayuntamiento de Callosa de Segura a incoar un expediente de protección de la legalidad urbanística sobre las obras de reforma para verificar si se ajustan a la licencia que se concedió al marido de la secretaria municipal.

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