La alta funcionaria cercana a Rita Barberá investigada en el 'caso Azud' se niega a declarar ante la jueza instructora

La primera ronda de declaraciones de investigados en el 'caso Azud' tras el levantamiento del secreto de sumario ha contado con muchos silencios y con algún olvido. De los cinco imputados previstos, una funcionaria se ha negado a declarar y la declaración de Salvador Grané Terradas, director general de una mercantil fusionada con la inmobiliaria Astroc, se ha suspendido al haber cambiado de letrado.

Esmeralda Orero, la alta funcionaria del Ayuntamiento de Valencia cercana a la fallecida alcaldesa Rita Barberá, se ha negado a declarar al estar todavía parte de la causa (cinco piezas separadas) bajo secreto. Orero, apodada en el consistorio como la 'Araña Negra', tenía línea directa con la primera edil y “mucho mando en plaza”, según dijo el arrepentido Jesús Gordillo, asesor del entonces vicealcalde Alfonso Grau. Si Grau “le ordenaba algo que no le gustaba, Esmeralda inmediatamente acudía a Asunción Barberá o a Rita”, aseguró Gordillo en su declaración como testigo.

Carlos del Romero, según fuentes conocedoras de las declaraciones, ha relatado que era asesor fiscal del presunto corruptor de la trama del 'caso Azud', el empresario Jaime Febrer, y que ayudó a Alfonso Grau, también investigado en la causa, a crear una mercantil para alquilar inmuebles por indicación de Febrer. Del Romero ha asegurado que ante la gran cantidad de filiales creadas por el empresario, optó por presentarle al auditor José Gabriel Martínez, el siguiente investigado en declarar ante la jueza instructora.

Martínez ha declarado que participó en la creación de un holding para el empresario Jaime Febrer y ha asegurado, al igual que Carlos del Romero, que José Luis Vera, presunto conseguidor de la trama en la vertiente socialista, no realizó trabajo jurídico alguno. La declaración de los dos investigados supone un golpe para la defensa de Vera, abogado históricamente vinculado al PSPV-PSOE que participó en varios proyectos del empresario precisamente con la condición de asesor jurídico.

El letrado se habría embolsado 1,3 millones de euros de la presunta trama (sin contar el dinero en efectivo adicional) con “supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias” por pagos por servicios “inexistentes”, según un auto de la jueza instructora del 'caso Azud'.