Aviso para navegantes: un tribunal paraliza la ampliación del aeropuerto de Heathrow por no tener en cuenta la emergencia climática

Un tribunal británico ha dictado una sentencia sin precedentes al tumbar una obra millonaria por no tener en cuenta los compromisos internacionales contra el cambio climático. El Tribunal de Apelación de Inglaterra (Court of Appeal, el segundo tribunal más alto) ha declarado ilegales los planes que sostienen la construcción de una tercera pista en el aeropuerto londinense de Heathrow, infraestructura que en 2017 lideró el número de viajeros de Europa. 

Los jueces del segundo tribunal inglés han considerado que el Gobierno del Reino Unido no ha tenido en cuenta los compromisos internacionales que suscribió contra el calentamiento global en el momento de elaborar la planificación para la ampliación del aeropuerto. El proyecto, iniciado en 2008 y respaldado por la Cámara de los Comunes en 2018, suponía una inversión de 16.500 millones de euros y tenía en contra al entonces alcalde de Londres, Boris Johnson, que criticaba los riesgos de aumento de polución y contaminación. El ministro de Transportes de la expresidenta Theresa May compareció en el Parlamento británico y consideró que el Acuerdo de París no era importante.

En mayo de 2019 se presentaron cinco recursos judiciales ante el Tribunal Superior, uno de ellos del alcalde de Londres, otro de varios distritos de la ciudad y tres de asociaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace. Los colectivos reclamaron que se tuviera en cuenta el convenio internacional firmado contra el cambio climático, pese a que este se suscribiera en 2016 y el proyecto comenzara años atrás.

Es la primera ocasión en la que en una argumentación jurídica se utiliza el Acuerdo de París, que incluye los compromisos internacionales contra el cambio climático, para tumbar una infraestructura estatal. La European Climate Foundation argumenta que las decisiones legales inglesas son influyentes en otros tribunales y podrían significar que otras expansiones planeadas de aeropuertos y proyectos de infraestructuras pueden ser impugnadas. Por ejemplo, la ampliación del Puerto de Valencia, que implica, entre otras acciones, construir un nuevo muelle de contenedores de 1,3 millones de metros cuadrados y que algunos expertos apuntan a que duplicaría el tránsito de camiones para cargar y descargar las nuevas mercancías. El Puerto argumenta que la declaración de impacto ambiental de 2007 sigue vigente 13 años después, aunque se haya modificado el proyecto.