Centros de protección a víctimas de violencia de género llevan seis meses sin cobrar de la Generalitat Valenciana

Compromís denuncia que la Conselleria de Servicios Sociales adeuda seis meses de pagos a centros municipales que trabajan con víctimas de violencia machista. La coalición ha puesto el foco en un centro de Petrer, que presta servicio a toda la comarca de la Marina Alta, y que según los servicios municipales arrastra impagos por valor de 235.0000 euros.

Según afirman fuentes de la coalición, otras fundaciones que prestan el mismo servicio se encuentran en la misma situación: no se ha prorrogado el convenio con la Generalitat, que vencía en septiembre, y arrastran un semestre de impagos. Del departamento que dirige Susana Camarero (PP), por el momento, no se ha pronunciado sobre esa cuestión, a preguntas de elDiario.es.

La portavoz de Igualdad de Compromís en Les Corts, Verònica Ruiz, el diputado Gerard Fullana y el alcalde de Pedreguer (Alicante), Sergi Ferrús, se han reunido este martes para abordar una respuesta conjunta. Según ha explicado el alcalde, llevan meses preguntando a la conselleria y pidiendo un encuentro, pero solo han conseguido respuesta del comisionado para la lucha contra la violencia contra las mujeres, Felipe del Baño, en el que “pide que continuemos con el servicio hasta que activen la prórroga del convenio”.

En concreto, en el comunicado, del Baño transmite que “no ha sido posible, hasta este momento, la formalización de un nuevo acuerdo antes de la finalización del período de prórroga, al encontrarse en tramitación el expediente para una nueva convocatoria en el momento de mi incorporación como Comisionado a finales del mes de julio”. En el escrito apunta que la conselleria “no dispone de suficientes plazas para la atención integral de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas que las acompañan” y por tanto, pide a la fundación, que continúe “el servicio que viene prestando en las mismas condiciones a las actuales hasta que se formalice el nuevo concierto”.

Los parlamentarios presionan a la conselleria para que actualice el convenio y acelere los pagos, advirtiendo que esta situación pone gravemente en riesgo la seguridad de los usuarios del centro, junto al “peligro laboral del personal que se encarga del servicio y la atención que está en una situación de incerteza y precariedad laboral total”.