El TSJCV admite a trámite un recurso contra el proyecto urbanístico del PAI 'la Serreta' en la Nucia por delito ecológico

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Acció Ecologista-Agró contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Nucía que aprobó la Modificación Puntual n.º 1 del Plan Parcial del sector 'la Serreta'. Esta modificación urbanística, publicada al Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el diciembre de 2024, permite la continuación de un proyecto que la organización ecologista considera ambientalmente inviable y destructivo para el territorio.

En su recurso, AE-Agró solicita como medida cautelar la suspensión inmediata de las obras al sector UE-1, alegante que ponen en peligro una especie vegetal protegida: el Teucrium lepicephalum Pau, una planta endémica y amenazada incluida en el Catálogo Valenciano de Flora Amenazada, así como en normativas estatal y europea.

Según denuncia la organización, las obras se iniciaron sin cumplir los requisitos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA), como por ejemplo la realización previa de un reconocimiento de campo y un informe técnico. Esta carencia de garantías habría provocado ya la destrucción de ejemplares y hábitats de la especie, como demuestra un informe pericial independiente aportado por el colectivo.

Además del riesgo ecológico, AE-Agró denuncia la caducidad de la DIA, la ausencia de una evaluación ambiental actualizada, deficiencias en la tramitación urbanística, carencia de informes sectoriales rigurosos e incumplimientos de los procedimientos de participación pública. Según la entidad, todo ello responde a “intereses especulativos” por encima de los criterios de sostenibilidad y legalidad.

Una ofensiva legal para frenar la destrucción ambiental

Este recurso contencioso se inscribe dentro de una estrategia más amplia de defensa del territorio. La organización ecologista ya había denunciado anteriormente los hechos ante la Dirección Territorial de Medio Ambiente, que abrió un expediente sancionador en el Ayuntamiento. Ante la inacción institucional y el que consideran una “connivencia” entre el Ayuntamiento de la Nucía y la Generalitat Valenciana, Agró presentó también una denuncia penal ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante contra el alcalde Bernabé Cano y el Director General de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, quien anteriormente ocupaba el cargo de regidor de urbanismo en el mismo municipio. Esta denuncia se encuentra actualmente en fase de investigación.

Con la admisión a trámite del recurso por parte del TSJCV, se abre ahora un nuevo escenario jurídico. AE-Agró confía que la justicia actúo “con celeridad y contundencia” para evitar daños irreversibles. “Si las obras continúan y después nos dan la razón, ya será demasiada tarde para proteger aquello que habremos perdido”, advierten desde la organización.