El Consell aprueba la contratación de servicios de explotación de la depuradora de Pinedo, saqueada en la etapa del PP
La Conselleria de Medio Ambiente destinará más de 86 millones de euros en los próximos cinco años a la realización de los servicios de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de la saqueada depuradora de Pinedo en Valencia.
Por ello, el Pleno del Consell ha dado este viernes la autorización para que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar) lleve a cabo la contratación de estas actuaciones, al finalizar en febrero el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) AVSA-SAV-DAM, actuales explotadores.
La Epsar tiene como objetivo gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras, tanto de abastecimiento como de saneamiento y depuración, que la Administración de la Generalitat Valenciana determine o le sean encomendadas por otras entidades locales u organismos.
Entre sus funciones se encuentra la de recaudar, gestionar y distribuir el cánon de saneamiento establecido por Ley.
Dado el elevado valor de la intervención, los contratos adquieren consideración de 'especial relevancia', ya que su presupuesto estimado es superior a los cuatro millones de euros, por lo que para su tramitación se requiere un control previo a través de informes preceptivos que emiten la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Sector Público, así como el previo examen, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos.
La depuradora de Pinedo da servicio a 1,5 millones de personas de València y su área metropolitana. Es con diferencia la mayor planta de depuración de aguas de la Comunitat Valenciana y de las más grandes de España.
Su nombre ha estado vinculado a la corrupción desde que el verano de 2010 saltara el escándalo Emarsa, nombre de la empresa pública que explotaba las instalaciones, por saquear presuntamente unos 24 millones de euros de dinero público.
