La factura de la corrupción: la Generalitat Valenciana ha recuperado seis millones de euros de casos del PP, a la espera de las causas todavía abiertas

El exconseller de Cooperación, Rafael Blasco, en el banquillo.

La Generalitat Valenciana espera recuperar cerca de 18 millones de euros del 'caso Erial', si se demuestra la culpabilidad y el perjuicio económico causado por la trama que presuntamente lideraba Eduardo Zaplana. Para esta tarea, el Gobierno Valenciano cuenta desde octubre de 2015 con la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat, a cargo del exportavoz socialista Antonio Torres.

Las funciones de esta oficina son el auxilio a los órganos judiciales y a las fiscalías en la localización de activos y en la gestión de los bienes incautados, embargados o decomisados. En otras palabras, reintegrar el dinero público de los casos de corrupción. Desde su creación hace ya cinco años, se han recuperado más de seis millones de euros procedentes de una decena de casos de corrupción.

La recuperación de los activos es lenta porque depende de los procesos judiciales, que en algunos casos se han prolongado casi una década, como ha sucedido en piezas de Gürtel como Fitur o en la estafa de Terra Mítica. El Ejecutivo autonómico confía en seguir recuperando fondos de otras piezas de Gürtel como la visita del Papa o el caso Zaplana, que sería el de mayor cuantía. Hasta hoy, esta es la factura de la corrupción:

La condena de la Audiencia de Valencia a los directivos y empresas que participaron en la construcción de Terra Mítica por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental llegó en abril de 2016. De ocho empresas que tenían el derecho de superficie del parque temático de Benidorm, cánones atrasados y deudas varias, la Generalitat ha recuperado 3,3 millones de euros en una tanda y 17.000 euros de otra empresa que explotaba el entorno del parque. Las empresas tenían concesiones por el uso de la superficie que no habían pagado desde hace diez años y que el anterior Ejecutivo no había reclamado. El Ejecutivo autonómico progresista autorizó la subasta de los terrenos en 2017 para intentar recuperar 26 millones de euros y dejar de pagar gastos del parque temático.

Del despilfarro de la extinta Canal 9 se han conseguido recuperar por el momento 19.000 euros correspondientes a dietas ilegales que una empresa de comunicación pagó a un locutor de eventos deportivos. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Paterna emitió sentencia en la que condena a la empresa Hupa Comunicación a devolver este importe, correspondiente a las dietas que recibió en 2010 y 2011, años de la Fórmula 1.

En el caso Emarsa, que aún tiene varias piezas pendientes de ser juzgadas, la Generalitat Valenciana ha podido recuperar 910.000 euros. La Fiscalía cifra el saqueo de los directivos a la empresa de depuración de aguas de Pinedo en 24 millones de euros. Por el caso Cooperación, la trama de desvío de fondos para países en desarrollo, también con una pieza pendiente de juicio, se han recuperado ya 1,3 millones de euros. De esta trama, con el exconseller Rafael Blasco en el centro, todavía queda pendiente recuperar lo que se pueda en la subasta de bienes inmuebles que la trama compró con dinero de las subvenciones. El tribunal de cuentas ha valorado las fincas y en los próximos días se iniciará el procedimiento de subasta para conocer el precio con exactitud. A su vez, el Consell está pendiente de recuperar ingresos por la venta de dos apartamentos en Miami de la familia.

Por el caso Fitur los directivos condenados han abonado al erario público 130.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Esta pieza es una de las derivadas del caso Gürtel y se ha saldado con una exconsellera, la responsable de Turismo y expresidente de la Corts Valencianes Milagrosa Martínez, en prisión.

En el Palau de Les Arts se han recuperado dos deudas. La primera, de Bankia, de 33.000 euros; la segunda, del Partido Popular valenciano, que celebró sin pagar un acto de 25.000 euros en 2011. Se trata de un evento de presentación de candidaturas para las elecciones, el 1 de marzo de 2011, que Compromís denunció a través de una pregunta parlamentaria. Además, indica la oficina, las arcas de la Generalitat han recuperado 260.000 euros de una empresa organizadora de la Volvo Ocean Race de Alicante.

Con estos antecedentes, a la espera de que culminen los procesos judiciales, la Generalitat Valenciana insistirá en personarse en el 'caso Erial' para recuperar el dinero de "mordidas" del plan Eólico y las concesiones de ITV valencianas. La Abogacía quiso personarse en 2018, pero se rechazó esta pretensión al considerar el juez que no se había demostrado el perjuicio a la Generalitat. Ahora, con el secreto sumarial levantado, el Ejecutivo intentará recuperar 6 millones de euros en metálico y 11 en bienes inmuebles.

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20 de febrero de 2020 - 22:30 h

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