El Defensor del Pueblo reprocha al CIE de València que los partes de lesiones del servicio médico no se remiten al Juzgado

Suciedad y mal olor en duchas y aseos, un servicio médico sin comunicaciones que garanticen la protección de datos y el libro de registro de entradas y salidas y de traslados de internos desactualizado. Son algunas de las deficiencias detectadas por los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscritos al Defensor del Pueblo, durante su visita por sorpresa el pasado mes de noviembre al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València.

La ficha de seguimiento de la visita al recinto concluye que es necesario mejorar la limpieza de los baños y duchas y ofrecer “alimentos y bebidas en las máquinas expendedoras de los salones de ocio y comedor a un precio razonable” (hasta ahora sólo suministran bebidas). Durante la visita por sorpresa, algunos internos denunciaron ante los técnicos del Defensor del Pueblo que “la comida era escasa y poco variada”.

El polémico CIE de Zapadores mantiene una condiciones de higiene que han sido cuestionadas por las ONG que trabajan con los inmigrantes tras la publicación en eldiario.es de un video grabado clandestinamente por un interno. 

Los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también reprochan que los partes de lesiones expedidos por el servicio médico “no son remitidos al Juzgado de guardia competente, sino que son remitidos a la dirección del CIE”. Así, el Defensor del Pueblo pide cumplir con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que el servicio médico del CIE, externalizado, traslade “inmediatamente” al Juzgado de guardia y al de control del recinto los partes de lesiones. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de València, encargado del control del CIE, acusó a la Policía de ocultarle información, en un duro auto desvelado por este diario tras el suicidio de un joven en una celda de aislamiento. Los técnicos que inspeccionaron Zapadores, conocedores del auto, solicitaron información sobre la implementación de las medidas que exigía el juez “en relación con los internos sometidos a separación preventiva”. 

El servicio médico del recinto “no cuenta con una línea telefónica segura y un correo electrónico seguro que garantice la protección de los datos” de los pacientes por lo que el Defensor del Pueblo requiere a la empresa concesionaria que instale una línea telefónica propia que “garantice la privacidad de los contenidos” que se envíen fuera del CIE. También solicita que se habilite un “espacio ajeno al servicio médico” en el que los internos puedan cortarse las uñas “con pleno respeto a su intimidad y a la seguridad” del recinto. 

Los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura constatan que los libros de registro de entradas y salidas de internos y de traslados y desplazamientos “no se encontraban actualizados en el momento de la visita” y que el único teléfono público para comunicarse con el exterior “se encuentra fuera de servicio por decisión de la compañía operadora”. Aunque los internos pueden usar, en determinado horario, sus teléfonos móviles, el Defensor del Pueblo demanda a los responsables del CIE que provean al recinto de un nuevo teléfono público.  

Las sugerencias de los técnicos tras su anterior inspección en 2018 “no se habían llevado a cabo” aunque, a la vista de las obras de reforma previstas por el Ministerio del Interior en el CIE de Zapadores, “esta conclusión queda en suspenso”, señala la ficha de seguimiento. Interior tiene previsto cerrar el recinto por reformas durante tres meses.