El Defensor del Pueblo detecta cuartos “hostiles” y “trato degradante” en un centro de menores en Burjassot

El centro socioeducativo Mariano Ribera de Burjassot (Valencia), destinado al internamiento de menores infractores, cuenta con habitaciones en el módulo de ingreso con “importantes deficiencias” y un estado de mantenimiento “inadecuado”. Además, los menores han sufrido un “trato degradante”. Son algunas de las conclusiones del Defensor del Pueblo sobre el centro de menores gestionado por la Fundación Diagrama. Técnicos del Mecanismo de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, acompañados por una psicóloga y una médica, además de un asesor del Sindic de Greuges, realizaron una visita sin previo aviso al recinto el pasado 31 de enero y el 1 y 2 de febrero en la que mantuvieron encuentros con el equipo de dirección y entrevistas reservadas con los menores. Las conclusiones, recientemente publicadas por el organismo, revelan importantes deficiencias en el centro, adjudicado mediante un contrato de gestión integral por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a la Fundación Diagrama por un valor estimado en 16,9 millones de euros.

El Defensor del Pueblo ha detectado que en el módulo de ingresos del centro, donde los menores pueden estar hasta un mes, hay “suciedad, retretes averiados, enchufes sin protección, rejas en las ventanas, escasez de luz natural, el patio cubierto por una alambrada” o “timbres en las habitaciones que no funcionan”.

Las conclusiones de la visita reseñan “importantes deficiencias” en el módulo de ingreso: “Las habitaciones carecen de escritorio o silla para poder sentarse, tampoco tienen estanterías para poder dejar la ropa. Los baños comunes estaban sucios y en mal estado. En ocasiones han salido ratas de dichos retretes, tal y como han referido menores entrevistados”. Además, en este módulo coinciden menores recién ingresados en el centro con otros que han tenido mal comportamiento.

El Defensor del Pueblo considera que “el proceso de acogida debería ser un espacio más amable” y critica que “estas instalaciones son desoladoras, inadecuadas y hostiles”, por lo que recomienda a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (actualmente denominada Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda) que se clausuren estas habitaciones.

Además, todas las ventanas de los cuartos del centro y del resto de estancias cuentan con cristales opacos que dejan pasar la luz pero no permiten ver el exterior y están permanentemente cerradas, lo que impide que se ventilen. “Esta circunstancia, junto con las pocas horas que pasan en las instalaciones que están al aire libre, hace más penosa y difícil la situación de las personas que están internas en el centro, lo que puede potenciar el deterioro en el bienestar psíquico de menores y adolescentes”, concluye el organismo que dirige Ángel Gabilondo.

Algunos testimonios relataron que durante la noche es “habitual” que el personal educativo se demore en atender las peticiones de apertura de la puerta de las habitaciones para poder ir al baño, lo cual habría ocasionado que los internos hayan tenido que “aliviar sus necesidades en un bote de champú” o hayan recibido una amonestación por insistir en las llamadas. “Estas situaciones implican un trato degradante, que debería evitarse”, agrega el Defensor del Pueblo.

Las instalaciones no disponen en todos sus módulos de un sistema de climatización, por lo que en verano los internos pasan “mucho calor”, según los testimonios de los menores recogidos en el informe. El centro no dispone de un sistema de videovigilancia que abarque todos los espacios, un mecanismo que puede ser “relevante” para el esclarecimiento de cualquier tipo de incidencia. Tampoco cuenta con una sala para comunicaciones íntimas.

El organismo también recogió quejas sobre la duración de las visitas y el colapso de la línea telefónica. El Defensor del Pueblo lamenta que el centro socioeducativo Mariano Ribera no dispone de un libro de registro específico que refleje los medios de contención aplicados ni las incidencias. También reseña que de las 15 contenciones efectuadas durante 2022, sólo se realizaron tres exploraciones médicas.

Tras analizar la documentación proporcionada por responsables del centro, el informe detecta discrepancias entre la información sobre contenciones que aparece en el libro de registro de expedientes disciplinarios y los partes de incidencia realizados por personal educativo y auxiliares de control educativo. Tampoco se realizan partes de lesiones a pesar de que, en 2022, un joven fue trasladado a las urgencias médicas del Hospital Arnau de Vilanova después de aplicársele un medio de contención (una situación que, además, no fue comunicada inmediatamente al juez de menores).

Tiempo libre “en el interior de los módulos”

En el momento de la visita, 47 de las 51 personas internadas permanecían en régimen semiabierto. Sin embargo, sólo cinco menores acudían a realizar actividades formativas con recursos externos fuera del centro a pesar de estar ubicado en un municipio “con todo tipo de servicios comunitarios”. La formación online queda limitada al haber conexión a internet únicamente en el salón de actos.

Las actividades al aire libre se reducen a 75 minutos al día y “menores y adolescentes manifestaron que el tiempo libre se pasa sobre todo en el interior de los módulos”. Además, la formación impartida por el profesorado de la Conselleria de Educación se realiza “en condiciones de vigilancia y control” por parte de personal del centro a pesar de que el organismo considera que “se deberían generar situaciones de aprendizaje donde se priorice un clima de aula normalizado, evitando el control y vigilancia directa”.

El Defensor del Pueblo también reprocha que los auxiliares de control educativo no reciban formación en técnicas de desescalada y resolución de conflictos o de derechos de la infancia y adolescencia. Estos auxiliares reciben una formación por parte de la Fundación Diagrama que “no se ajusta, en cuanto a su duración, a las exigencias el protocolo”. El organismo no pudo obtener información sobre la formación que recibe el personal de seguridad del centro en materia de aplicación de medios de contención a menores.

Atención médica “bastante mejorable”

Por otro lado, concluye el Defensor del Pueblo, la satisfacción de los internos con la atención médica que reciben es “bastante mejorable”. Ni existe coordinación con el sistema público de salud mental ni un programa de tratamiento de toxicomanías. Además, el informe también constata un exceso de prescripciones de psicofármacos (el 45,5% en chicas y un 27,5% en chicos), principalmente antipsicóticos, antidepresivos y medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

“El Mecanismo Nacional de Prevención considera que muchas de las personas que están recibiendo medicación psicotrópicas podrían disminuir su dependencia si desde el centro se ofrecieran como alternativa sesiones de terapia para el manejo de emociones y de la agresividad, fortaleciendo la intervención terapéutica y educativa a través de talleres y acciones grupales”, señala la ficha de seguimiento de la visita.

El centro tampoco cuenta con un servicio de asistencia jurídica. Si bien en el recinto presta servicio un jurista, “esta figura es desconocida por la mayoría de menores a los que se realizó entrevista”. Por otro lado, a pesar de que la dirección del centro asegura que no se efectúan registros con desnudo integral, varios menores manifestaron que cuando regresan al centro o tras una visita “les hacen quitarse toda la ropa y cubrirse con una toalla, incluso deben realizar sentadillas”.

El Defensor del Pueblo recuerda que la realización de registros con desnudo integral, además de regirse por los principios de necesidad y proporcionalidad, requiere en todo caso de la autorización del director del centro y la previa notificación urgente al juez de menores de guardia. Así, el organismo concluye que “se estarían practicando este tipo de registros sin cumplir con la previsión legal”.

Además, un 18% de los menores residentes en el centro eran de etnia gitana. Sin embargo, el organismo ha comprobado que no hay ningún ajuste específico en el proyecto educativo o terapéutico para trabajar con menores de etnia gitana.

“Desatención médica con la menstruación”

La visita también incluye una ficha específica en materia de género. El centro contaba con 40 chicos y 11 chicas aunque en su memoria anual no figura la desagregación por sexo para casi toda la información, “muchas veces esencial”, como el tipo de delito cometido, el nivel académico al ingreso o la formación recibida en el recinto. Tampoco se realiza una “intervención proactiva en la detección” de violencia de género.

El personal de seguridad encargado de contenciones físicas y registros, tanto auxiliar de control educativo como vigilantes, está compuesto por hombres. Así, los registros a las menores se hacen en presencia de educadoras . “El hecho de que sea la educadora la que tenga que responsabilizarse de esas tareas, influye en la vinculación de las menores con las educadoras y puede generar contextos de desconfianza”, señala el organismo.

“Durante la noche”, destaca el Defensor del Pueblo, “es habitual que el personal se desentienda de las peticiones de apertura de la puerta de las habitaciones para poder ir al baño, situación especialmente grave en caso de menstruación”. Las menores reseñaron “comentarios estereotipados” y “desatención médica en relación con la menstruación”. En entrevistas grupales, las menores revelaron “conductas de falta de respeto y etiquetas homófobas a su diversidad sexual por parte del personal educativo”.

Por otro lado, el protocolo de prevención del suicidio “presenta carencias de enfoque de género” y el centro carece de un registro de autolesiones. El personal del centro “minimiza las autolesiones”. Sin embargo, varias menores “refieren autolesiones y, en el caso de una de ellas, consta atención hospitalaria por ingesta de alambre”.

La ficha de seguimiento de la visita también indica que el traslado de los menores a sedes judiciales o al hospital por parte de la Policía Nacional “suelen realizarse frecuentemente con grilletes”. Algunos menores, según los testimonios recabados por el Defensor del Pueblo, permanecieron engrilletados en la sala de espera de la consulta médica junto con otros pacientes. Dentro de la consulta, no se les retiraron las esposas.