Los cabecillas de la red de blanqueo del caso Zaplana tienen una decena de inmobiliarias, constructoras y firmas de comercio
Eduardo Zaplana es la principal figura política entre los detenidos en la Operación Erial desplegada este martes pero junto al exministro han caído tres de sus personas de más confianza desde que llegara a la alcaldía de Benidorm y de ahí saltara a ganar las elecciones a la presidencia de la Generalitat en el año 1995, la etapa en que según los investigadores habría amasado una fortuna millonaria. Entre esos arrestados se encuentran el que fuera su número tres en el PP valenciano, Joaquín Barceló Llorens, la esposa de este, Felisa López González, y el actual asesor fiscal, Francisco Grau Jornet.
Entre los tres son propietarios y administradores de más de una decena de empresas. Solo Barceló es administrador único de cuatro inmobiliarias, tres constructoras y una explotadora de apartamentos turísticos en Alicante. Felisa López participa en alguna de esta sociedades y, además, tiene dos empresas, una de comercio al por mayor y otra al por menor, en concreto relojes y bisutería. Francisco Grau, además de asesorar a Zaplana, tiene una asesoría fiscal y es auditor de cuentas en una docena de sociedades, aunque en este caso estas no tienen ninguna vinculación con la investigación.
Tanto Barceló como Grau son dos figuras importantes a las que Eduardo Zaplana situó en puestos estratégicos cuando fue el todopoderoso presidente de la Generalitat Valenciana. Barceló fue director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, el parque de atracciones público que fue una ruina pero en el que hicieron negocios empresarios vinculados al PP. Por su parte, Grau fue secretario del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de 1998 a 2007 y estuvo posteriormente en la comisión de control que no detectó el hundimiento de la que fuera la quinta caja de España.
La otra pata de la investigación que dirige la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia apunta a las empresas de la familia Cotino. La Guardia Civil ha citado este jueves con abogado al que fuera director general de la policía nacional en el Gobierno de Aznar, Juan Cotino Ferrer. Este martes, los agentes detuvieron a dos de sus sobrinos, Vicente y José Cotino Escrivá. Vicente es el presidente de Sedesa, la empresa registrada durante todo el día y que aparece en todos los negocios oscuros de la etapa de Francisco Camps en la Generalitat.
En esta investigación, los agentes buscan información de la participada de Sedesa Proyectos Eólicos Valencianos SA, en la que también estaban Endesa (55 %) y en sus inicios Bancaja. Esta sociedad fue adjudicataria de varios parques de aerogeneradores dentro del plan eólico impulsado en 2001 cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat.
Vicente Cotino Escrivá tiene en la actualidad media docena de empresas y a través de Sedesa participa en residencias de mayores y otros negocios vinculados a la contratación pública. Por su parte, José Cotino Escrivá tiene sociedades tan diversas como Alquería Dolores, la finca agrícola familiar, una compañía para la elaboración de videojuegos o una tienda de muebles e iluminación.
