El juez estudia imputar al jefe técnico de urbanismo por el caso Rabasa

José Luis Ortuño,  tecnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, a las puertas de los Juzgados de Benalúa.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón ha suspendido, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la declaración de José Luis Ortuño, hasta decidir su grado de implicación en la causa. El jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, acudía como testigo del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, imputado en la causa, para dar, según fuentes del caso, “carácter de normalidad” a las reuniones entre Castedo, Ortiz y los técnicos municipales.

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Según el informe policial elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Ortuño participó como asesor en diferentes reuniones entre Sonia Castedo, entonces responsable de Urbanismo y el empresario Enrique Ortiz, además rubricó con su firma documentos como la modificación del PGOU o el convenio con Ikea.

El fiscal Felipe Briones explica que antes de tomarle declaración “tiene que quedar claro papel de José Luis Ortuño después de que el TSJ suspendiera el Plan Rabasa”. Hay que evitar, apunta el fiscal, la teoría del Ping Pong: que el político y el técnico se escuden el uno en el otro y “los dos se libren”, concluye.

Para los abogados de la acusación popular –Esquerra Unida y PSPV-, que se han sumado a la petición de Briones, la iniciativa es razonable. Sobre todo, “teniendo en cuenta que alguna de las actuaciones, presuntamente irregulares, de la exalcaldesa, Sonia Castedo, vienen avaladas por José Luis Ortuño”, apunta el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero. Es la manera, continua el letrado, “de evitar posibles nulidades, ya que algunas de las preguntas pueden resultar intimidatorias”.

Por su parte, los abogados de la defensa, entre ellos el de Enrique Sanus, se han opuesto a la petición de Anticorrupción y han criticado duramente a Briones, ya que aseguran “ha tenido tiempo suficiente para solicitar su imputación”.

Por cierto, que a la acusación popular no se le ha notificado formalmente la razón de que se eliminara, a última hora de ayer, la declaración como testigo, del abogado urbanista de Enrique Ortiz, Enrique Ballester, prevista también para hoy.

Desde Esquerra Unida muestran su satisfacción por el inicio de las declaraciones. Después de diez años se va a poder demostrar, asegura Miguel Ángel Pavón, “las responsabilidades penales” de todos los que intervinieron en la aprobación de este plan, uno “de los más especulativos, insostenibles y absurdos alumbrados en el seno de la burbuja inmobiliaria”, concluye.

La exalcaldesa Sonia Castedo, imputada por prevaricación y tráfico de influencias, declarará el 16 de enero. El promotor Enrique Ortiz, también imputado, lo hará el 30 de este mismo mes.

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