Un exdirectivo de Acuamed con el PP sugiere que la empresa pública amañó contratos con la agencia de las campañas del PSPV-PSOE

Un exdirectivo de Acuamed nombrado en la época del PP e imputado en el escándalo de la empresa pública sugiere que el contrato de la sociedad de construcción de desaladoras con la agencia de publicidad de las campañas de los socialistas valencianos estaba preparado. Arcadio Mateo del Puerto, responsable de la empresa entre 2012 y 2016, ha acudido este miércoles a la comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre la posible financiación irregular de PSPV y el Bloc, partido mayoritario de la coalición Compromís, donde ha apuntado a irregularidades en la época de José Luis Rodríguez Zapatero en el Ministerio de Medio Ambiente.

El exdirectivo de Acuamed ha apuntado que el caso de Crespo Gomar -la agencia investigada en el caso de la financiación irregular- es solo “la punta del iceberg” de una supuesta trama a nivel estatal de esta empresa pública de infraestructuras hidráulicas.

La mercantil de Gandía se llevó un contrato de publicidad de las desaladoras por un valor ligeramente superior a los 200.000 euros, justo por debajo de lo que marcaba la ley de contratos públicos para cambiar la forma de adjudicación, mientras que otra empresa del grupo, Miracasa, se llevó otro contrato de importe similar para otra desaladora valenciana.

Mateo puso a disposición de la Audiencia Nacional 47 contratos, todos ellos por debajo del límite de la ley de contratos públicos, entre los que están uno de Crespo Gomar y otro de Miracasa SA, empresa del mismo grupo, para campañas publicitarias de las desaladoras de Dénia y Torrevieja. El exdirectivo ha faciltiado esta documentación a la causa que investiga sobornos a cambio de la adjudicación de diversas obras hidráulicas en el llamado 'Caso Acuamed'.

Mateo sostiene que las adjudicaciones estaban amañadas y que se montó un teatrillo con los contratos. En ese momento, la responsable del Ministerio de Medio Ambiente era Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, que tendrá que acudir a la comisión parlamentaria en las próximas semanas.

A las dos campañas para las dos desaladoras valencianas “se presentan tres empresas que selecciona Acuamed. Se presenta Crespo Gomar, Miracasa y otra que no recuerdo. Una adjudicación se la lleva Miracasa y otra Crespo Gomar. Eso en mi pueblo es blanco y en botella. Dos empresas comunes, una de relleno y [la adjudicación] se la llevan las dos”, ha narrado el exidrectivo, que ha explicado que el procedimiento “Se repite 6 o 7 veces con otras empresas”. Según el exresponsable de la empresa pública, en los pliegos de condiciones para la contratación figuraba como obligación declarar si se presentaban varias mercantiles del mismo grupo, cosa que no hicieron Crespo Gomar y Miracasa.

El portavoz del PP y denunciante del caso de la financiación de PSPV y Bloc, José Císcar, sostiene que Acuamed exigió a las empresas constructoras de las plantas desaladoras destinar 7,5 millones de euros a campañas publicitarias entre 2006 y 2008, basándose en la documentación que Mateo entregó al juez de la Audiencia Nacional. 

Además, Mateo ha señalado en la comisión parlamentaria que la empresa pública de infraestructuras hidráulicas destinó 7,5 millones de euros, un 75% de sus ingresos a pagar campañas de publicidad sobre los beneficios de las desaladoras en 2007 y 2008. Según el dirigente popular, tesis que ha avalado el exdirectivo, ese año la empresa tuvo pérdidas por importes idénticos a los de las campañas. Mateo apuntaba que el pico de inversión en publicidad se dio entre dos y tres meses antes de las elecciones. 

La jueza de Instrucción de Valencia, que se inhibió a favor de varios juzgados, había revisado los dos contratos con Crespo Gomar, cuyo posible delito estaría prescrito al haber pasado ya diez años. No obstante, si realmente los 47 contratos se hubieran llevado a cabo de ese modo, podría darse un delito continuado, que no prescribiría aún. En el auto, la magistrada descarta, con los datos de los que dispone, la existencia de conexión entre los contratos y un posible delito electoral (financiación ilegal) que considera prescrito.

La relación de Mateo es este caso y en esta comisión de investigación es algo compleja. Imputado por el escándalo Acuamed -tuvo que pagar 300.000 de fianza para salir de la cárcel-, fue puesto al frente de la empresa pública cuando el PP llegó al Gobierno central. No era responsable ni en 2007 ni en 2008, periodo en investigación, y ha declarado en la comisión que cuando llegó a la empresa ni se preocupó por ver qué había antes, sino de sacar adelante una mercantil que “perdía cuatro millones al año”. Mateo defiende que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le pidió que entregara toda la documentación de la que dispusiera sobre este caso después de una declaración suya y ha instado a los diputados en que soliciten esta documentación al juzgado.

Un informe pericial de la Intervención General del Estado encargado por la jueza de Instrucción 21 de Valencia apuntó a posibles irregularidades en dos contratos de Acuamed con la empresa Crespo Gomar, encargada de las campañas electorales del PSPV-PSOE. Los importes eran ligeramente superior a los 200.000 euros cada uno, bordeando el límite para sacarlos a concurso público, y las adjudicatarias fueron dos empresas pertenecientes a este grupo. El informe señala que prácticamente todos los contratos públicos suscritos con las empresas del grupo Crespo Gomar contienen irregularidades, varios de ellos con indicios de infracción penal.