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El fiscal de la dana rechaza tras casi dos meses la imputación de Miguel Polo que pedía una acusación popular

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, a su entrada al juzgado el pasado 19 de septiembre.

Lucas Marco

València —

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El fiscal Cristóbal Melgarejo se opone de nuevo a que se investigue a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El representante del Ministerio Público, en un escrito fechado el pasado 17 de septiembre (dos días antes de la declaración de Polo como testigo) notificado este martes a las partes personadas, considera que la resolución del 29 de julio de la jueza instructora de la causa de la dana que denegó la petición de una acusación popular (la asociación Liberum) de que se imputara al presidente del organismo es “ajustada a derecho”, por lo que solicita su confirmación.

El Ministerio Fiscal reitera su postura: según el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones, correspondía al director de la emergencia “determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse”.

El fiscal también alega la “innecesiaridad” de averiguar las causas que “conllevaron” a que la actividad de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre “se centrara inicialmente en la emergencia relacionada con el embalse de Forata porque dicha atención no era incompatible con la vigilancia de las restantes emergencias surgidas en la provincia de Valencia”.

Valores cree que la “inacción” de Polo tuvo “consecuencias letales”

El presidente de la CHJ describió durante su testifical del pasado 19 de septiembre la inoperancia del Cecopi y la “indecisión” de la entonces consellera, Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa junto con el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Tras su declaración, la acusación popular que ejerce el partido Valores, ha pedido que se investigue a Miguel Polo. El letrado Juan Chapapría, muy cercano al expresident Francisco Camps, considera que Polo tuvo una “posición de garante” y que, pese a su “conocimiento efectivo del riesgo”, mantuvo una “inacción durante una situación de emergencia” de “consecuencias letales”.

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