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La Fiscalía pide dos años de prisión a un hombre que amenazó a una pareja gay: “Vamos a reventarles por maricones”

Entrada de la Ciudad de la Justicia de València.

Lucas Marco

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“Maricones, mariquitas, que asco dan, con una hostia con la mano abierta le quitaba esa tontería de maricón, que asco dan esos maricones, menuda pose ponen con esa piernas de marica”. Así se dirigió el acusado Antonio M. C. a una pareja de homosexuales en el autobús 99 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia la tarde del 7 de noviembre del 2021. El joven, de 18 años en el momento de los hechos y sin antecedentes penales, se sienta este martes en el banquillo ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, acusado de los presuntos delitos de odio y de amenazas. 

Antonio M. C., según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso elDiario.es, profirió las amenazas e insultos homófobos mientras se encontraba acompañado por cuatro amigos en el autobús de la EMT, cuyo conductor tuvo que detener el vehículo en pleno trayecto para que la pareja pudiera bajarse.

Sin embargo, la misma tarde, el acusado volvió a encontrarse con la pareja gay en el centro comercial Aqua de Valencia.

“Vamos a reventarles”

Antonio M. C. gritó al resto de personas que lo acompañaban “con la intención de promover una agresión física” contra los dos homosexuales “por razón de su orientación sexual”, indica el escrito de la Fiscalía. “Vamos a reventarles por maricones de mierda, que asco dan los mariquitas”, exclamó el acusado.

La pareja se refugió en el interior de un conocido establecimiento de ropa “junto al personal de seguridad de dicha tienda para evitar la agresión” hasta que agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y detuvieron al acusado. Los dos vigilantes de seguridad que protegieron a la pareja gay están citados como testigos en el juicio.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de los presuntos delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y de amenazas. Así, el Ministerio Público solicita una pena de un año y seis meses de prisión, además de inhabilitación para profesión u oficio educativo, por el presunto delito de odio y seis meses por el presunto delito de amenazas.

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