El Gobierno valenciano reclama 15 millones a los hospitales privatizados al detectar desperfectos y material caducado tras la reversión
La gestión pública llegó al hospital de Alzira (Valencia) el 1 de abril tras 20 años privatizada y gestionada por la concesionaria Ribera Salud, que todavía está presente en otras tres áreas de salud valenciana. Con esta reversión -por finalización del contrato- era la primera vez que en España se recorre el camino inverso a las privatizaciones sanitarias de los últimos años y que, por ejemplo en Madrid, han fracasado estrepitosamente.
Pero el cambio de manos no está siendo fácil. La Conselleria de Sanidad reclama a Ribera Salud una indemnización porque al tomar el control del hospital y su área sanitaria se han detectado desperfectos, maquinaria vieja o material caducado. Por ello, según cifra valenciaplaza.com, la Generalitat reclama 15 millones de euros, cantidad que no ha sido confirmada ni por el departamento que dirige Ana Barceló ni por Ribera Salud.
Desde la empresa -participada al 50 % por Centene y Banco Sabadell- han explicado que se trata de un informe que está en fase de alegaciones. “En nuestra opinión es un informe que no tiene sentido porque la UTE ha cumplido su compromiso de inversión de 140 millones tal y como establecía el contrato, y también ha cumplido con el compromiso de entregar el departamento en estado de funcionamiento como establece el pliego, e incluso con mejoras no recogidas en el contrato como la existencia de dos resonancias magnéticas en lugar de una y una cartera de servicios mucho más amplia de la estipulada”, han argumentado.
Este informe sobre desperfectos y material caducado forma parte del “acta de traspaso”. Fuentes conocedoras de la reclamación a la concesionaria han asegurado que cuando la sanidad pública tomó el control se encontraron con maquinaria obsoleta o material con deficiencias y caducado. Ponen como ejemplo los ecógrafos, algunos de los cuales estaban numerados y nunca han aparecido. “Eso se tiene que abonar”, afirman.
Las mismas fuentes manifiestan que la Generalitat tuvo que impulsar dos planes de contingencia porque cuando asumió la gestión no había suficientes medicamentos en stock para afrontar un servicio con garantías.
Ribera Salud depositó una fianza de 10 millones de euros que tiene la administración y de donde se podría cobrar este desacuerdo, cuando la concesionaria presente las alegaciones. También hay otros siete millones de existencias para asumir este coste.
No es el único pleito entre la administración y Ribera Salud, puesto que existen en la actualidad 175 expedientes de responsabilidad patrimonial pendientes de resolución administrativa y judicial y las liquidaciones, por las que Sanidad reclama a la concesionaria 102 millones de euros.
