El Gobierno valenciano de Mazón deberá decidir sobre la legalidad de 18.000 viviendas proyectadas en la costa

La situación en la que quedan los siete planes urbanísticos ubicados en la costa valenciana afectados por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado en mayo de 2018 y refrendado el pasado año por la justicia será una de las primeras patatas calientes a resolver por el nuevo Gobierno valenciano conformado por el líder del PP, Carlos Mazón.

En concreto, se trata de los programas de actuación integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados e implicarían la construcción de 18.000 viviendas.

Como informó elDiario.es, el PAI Sant Gregori Golf de Borriana, que prevé el desarrollo de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo, con unas 6.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, ha sido recientemente paralizado por la justicia al haber adjudicado el Ayuntamiento sin concurso público la figura de agente urbanizador a la mercantil Golf San Gregori SA.

El Pativel otorgó a todos estos proyectos un plazo de cinco años para iniciar los obras que se cumplió el día 12 del presente mes. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido, en el que no cabría por lo tanto la construcción de inmuebles.

Antes de las elecciones del pasado 28 de mayo, la Consellería de Política Territorial solicitó un informe a la Abogacía de la Generalitat que aclarara la hoja de ruta a seguir a nivel jurídico para proceder en cada caso.

Según el órgano jurídico del Gobierno valenciano, al ser los ayuntamientos los que han tramitado y aprobado los PAI, les corresponde a ellos analizar las circunstancias concretas de cada proyecto y determinar si se ha producido o no alguna paralización del procedimiento y, en este caso, si es por causas imputables a la administración y sus concesionarios, ya que son ellos quienes han tramitado el PAI y disponen de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse.

Con todo, añade el informe, la Generalitat debe velar por el cumplimiento de lo que establece el Pativel y por lo tanto puede requerir a las autoridades municipales todo tipo de documentación para comprobar que se ha obrado correctamente, e incluso, si se estima oportuno, impugnar en los tribunales cualquier posible infracción del Pativel por parte de los ayuntamientos.

En el caso de El Puig, la Dirección General de Política Territorial y Paisaje elevó una resolución a la Conselleria por medio de la cual propone autorizar a la Abogacía de la Generalitat para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del proyecto de reparcelación del sector residencial 'La Casota', Sectores SP 3 y SP4, del Ayuntamiento del Puig.

La ejecución de este PAI implicaría la construcción de entre 400 y 450 viviendas, de las cuales 200 irían en torres, 200 en adosados y unas 25 unifamiliares. La superficie ocupada sería de 105.000 metros cuadrados.

La resolución viene a decir que el Ayuntamiento del Puig, gobernado por el PSPV, habría realizado una aprobación exprés del PAI incurriendo en posibles irregularidades con el objetivo de anticiparse al plazo que establece el Pativel. Tras tener conocimiento de esta resolución, el Ayuntamiento del Puig remitió nuevo información a la Conselleria que está siendo analizada por los técnicos, pero es muy poco probable que se tome alguna decisión drástica antes de que se conforme el nuevo Gobierno valenciano.

En el caso de Torreblanca, gobernado por el PSPV, el equipo de Gobierno municipal convocó un pleno urgente días antes de las elecciones para aprobar otro importante PAI de unas 4.000 viviendas y campo de golf.

Según ha explicado la concejala de Compromís Miriam Pañella, la propuesta de aprobación no llegó a debatirse puesto que el pleno no pasó la primera votación por la que se establecía el carácter urgente, al unirse los votos de Compromís, PP y Ciudadanos y no asistir al pleno dos de los cuatro concejales socialistas, supuestamente por estar en desacuerdo con la aprobación exprés, que además contaba con informes desfavorables del secretario y el interventor municipal.