Igualdad se defiende de las críticas del PP por los centros de menores: la deuda es de 7 millones y los pagos están al día
El PP y el Consell vuelven a chocar con la gestión de los centros de menores y el modelo social. La portavoz popular de Educación, Maria José Catalá, ha denunciado este miércoles que la Conselleria de Igualdad adeuda a las entidades sociales que gestionan estos centros 16 millones de euros y que algunas están sin contrato.
Tras unas duras acusaciones, en las que se ha hecho referencia al incidente del lunes en el centro de Buñol, los populares han exigido la comparecencia de la titular de Igualdad, Mónica Oltra, para que dé explicaciones. Apenas unas horas después, desde este departamento han desmentido algunos de los datos del PP. La conselleria sostiene que la deuda con los centros es de 7 millones de euros, menos de la mitad de lo que señalan los populares, que cuentan con datos desactualizados. Y además, desde el grupo parlamentario de Compromís, remiten a los 20 años de gestión del PP en los que “abandonaron los servicios sociales”.
Según la versión del PP, en palabras de Catalá, “hay diez centros de reeducación de gestión indirecta a cuyas entidades gestoras se les deben más de 7.500.000 de euros” y según sus cifras, a las instituciones sociales con conciertos en Valencia se les adeudan 2.300.000 euros, 300.000 euros a las de Castellón y 4.400.000 euros a las de Alicante.
Desde el departamento que gestiona Oltra aseguran que están al día con los pagos de 34 de los 37 centros de menores con plazas concertadas que dependen de conselleria, que sólo hay 3 a los que se les deben algunos pagos. Además, indican que en legislaturas anteriores nunca se ha pagado en el momento a las entidades y que los retrasos del gobierno del PP eran de un año y medio.
Respecto al trabajo sin contrato, en Igualdad señalan que efectivamente hay contratos que vencieron, pero que se está pagando a los centros por resarcimiento, como se hace en el resto de administraciones. Sobre la falta de personal, recuerdan que la ley de racionalización de las administraciones públicas -'ley Montoro'- no permite nuevas contrataciones.
Cabe recordar que el Consell presentó en mayo el nuevo modelo de gestión de los centros sociales, en el que las entidades contarán con más personal y más fondos. Según este departamento, las adjudicaciones están en la recta final.
Respecto al centro de Buñol, en el que se sobrepasaba el ratio de menores, 15 de ellos ya han sido trasladados a otros centros para llegar a los niveles normales. La conselleria está investigando en qué momento se sobrepasó el límite de 29 personas, ya que el centro hasta hace 2 meses era de gestión privada.
