Liberadas 162 mujeres tras desmantelarse una red de explotación sexual con epicentro en la Comunitat Valenciana

Una macrooperación policial ha liberado a un total de 162 mujeres víctimas de explotación sexual al desmantelarse una red criminal que tenía su epicentro en la Comunitat Valenciana pero se expandía hacia otras comunidades. La operación ha sido coordinada por la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, y ha permitido detener a 37 personas.

Aunque la actividad delictiva comenzó en la Comunitat Valenciana, donde ha habido 29 detenidos, la red ya había iniciado su expansión hacia provincias como Barcelona, Màlaga, Múrcia y Tarragona. La operación ha puesto fin a esta ramificación territorial y ha evitado que se perpetuase un modelo de explotación sexual basado en la violencia, la privación de libertad y el beneficio económico a costa de mujeres vulnerables.

La investigación, que comenzó tras la denuncia de tres víctimas, ha revelado una organización perfectamente estructurada, dedicada a captar mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas de origen sudamericano y sin permiso de residencia, para obligarlas a ejercer la prostitución en viviendas y locales de toda España, principalmente en la Comunitat Valenciana.

Prostíbulos camuflados en viviendas

La red adquiría o alquilaba inmuebles que reformaba para convertir en prostíbulos, camuflados como locales de masajes. Las mujeres vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas: dormían en literas o incluso en la misma cama donde atendían a los clientes, con limitaciones de movimiento, videovigilancia las 24 horas y apenas dos horas de salida al día.

Los registros realizados en 39 inmuebles de siete provincias, incluidos los domicilios de los principales cabecillas, han permitido intervenir 141.000 euros en efectivo, tres vehículos y abundante documentación contable, lo que refuerza la hipótesis de un sistema organizado de explotación y blanqueo.

Según la investigación, la red tenía tres niveles jerárquicos: líderes con vínculos familiares y sentimentales entre sí, encargados de los locales y recaudación, y finalmente, el personal que controlaba directamente a las mujeres, entre ellas las llamadas “encargadas”, responsables de la vigilancia y de gestionar la venta de drogas en los prostíbulos.

Paralelamente, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en València ha iniciado una investigación por blanqueo de capitales para identificar a las personas que gestionaban las empresas pantalla utilizadas por la red. En los registros se hallaron decenas de libretas contables, ordenadores y más de 60 cuentas bancarias, así como propiedades y otros activos que han sido bloqueados preventivamente.