La Fiscalía pide 5 años de cárcel por prevaricación para el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Sagunto
- El Ministerio Público acusa a Francisco Crispín, asesor socialista en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de un delito continuado de prevaricación, falsificación y malversación
La Fiscalía reclama una pena de cinco años de prisión para el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Sagunto, Francisco Crispín, como supuesto autor de un delito continuado de prevaricación, falsificación y malversación.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, Crispín y otros cuatro técnicos municipales han sido procesados por haber gastado dinero público destinado a la compra de uniformes para adquirir prendas de vestir de uso personal.
El Ministerio Público considera a Crispín responsable los citados tres delitos, motivo por el cual le reclama cinco años de prisión, la privación de la plaza de técnico municipal y una multa de 12.000 euros; mientras que al resto de procesados les considera autores de un delito continuado de malversación y reclama una multa de 2.400 euros.
En declaraciones a EFE, Crispín, quien fue colocado por el PSPV como asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se ha mostrado tranquilo y convencido de la “absoluta inocencia” de los cinco encausados y ha insistido en que cada euro gastado contó con varias firmas que lo autorizaban.
“Eran 150 euros al año, no entiendo que se pidan penas como por delitos de robo o terrorismo. Tengo claro que vamos a salir absueltos porque nadie ha hecho nada. No sé si todo esto es una concatenación de errores o desde luego hay una intencionalidad política clara, no es una casualidad que esto haya salido ahora, que estamos en pleno proceso de preprimarias en el PSPV”, ha agregado Crispín.
Operación Flotador
Los ahora procesados, entre ellos el concejal socialista y exjefe del servicio de la Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento, Francisco Crispín, fueron detenidos en el contexto de la 'operación Flotador' por el supuesto uso irregular de una partida de 300 euros que tenían asignada cada dos años, desde 2007, para renovar su vestuario laboral.
Sin embargo, supuestamente, estas personas destinaron ese dinero a compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y armerías entre los años 2007 y 2014.
En los recibos presentados figuran prendas de diferentes tallas, artículos de mujer y de bebé, artículos de deporte, calzado deportivo también de varias tallas, algunas infantiles, munición y carabinas.
Según el escrito del fiscal, Crispín, en calidad de jefe del servicio de Inspección, firmaba dichas facturas dando así conformidad al suministro, reconociendo la adquisición de esos productos y que estos estaban destinados al uso contemplado en el convenio.
Asimismo, el fiscal deja patente que no existe constancia de que los concejales que posteriormente autorizaron ese gasto ni el interventor del Ayuntamiento conociesen las irregularidades de las facturas.
“De este modo, los acusados disponían de un crédito en los establecimiento, donde acudían en distintas fechas para adquirir prendas de vestir, zapatos y otros objetos para ellos o sus familiares que no se correspondían con lo incluido en las facturas, y que en muchos casos ni siquiera eran prendas de uso diario para el desempeño de su trabajo”, concluye el fiscal.
