La Generalitat aprovecha la dana para modificar la ley de puertos y prorrogar las concesiones con el reproche de la Abogacía

El Gobierno valenciano aprovecha la dana del pasado 29 de octubre para abrir la puerta a prorrogar las concesiones de los puertos de titularidad autonómica. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana recoge este viernes la aprobación del decreto ley “de medidas urgentes en materias de puertos de la Generalitat y de minimización del impacto generado por la DANA al Parque Natural de L'Albufera”, que recoge una serie de modificaciones sobre las infraestructuras, severamente cuestionadas por la Abogacía de la Generalitat. Un informe de la letrada advierte que se trata de una norma “ad hoc” y que “posiblemente se está pensando en supuestos concretos”.

El decreto, elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, amplía la limitación temporal de las concesiones, fijada hasta la fecha en un máximo de 30 años. El texto modifica este artículo para que puedan llegar a prorrogarse durante 50 años, si la empresa que lo gestiona lleva a cabo una “inversión relevante no prevista en la concesión”. Entre los supuestos, la inversión debe “mejorar la integración entre el puerto, la ciudad y la costa, o la seguridad y la operatividad de las instalaciones u obras realizadas en virtud del título concesional, su productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o que supongo la introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementan la competitividad”. En todo caso, indica la redacción, “que sea superior al 20 por ciento del valor actualizado de la inversión prevista en el título concesional”. La norma afecta a las empresas que gestionen instalaciones portuarias autonómicas: restaurantes, chiringuitos, o puertos deportivos, entre otros.

El pleno del Consell aprobó la medida, que tiene carácter urgente, el pasado 8 de julio, y requiere de la validación de las Corts Valencianes. En el comunicado de la Generalitat recoge que “la modificación de la normativa otorga seguridad jurídica a la posible prórroga de concesiones cuando éstas impliquen inversiones significativas que mejoren la integración entre el puerto, la ciudad y la costa”. El objetivo, apunta el Ejecutivo, es “conseguir esta integración en colaboración con los ayuntamientos, vinculando las inversiones públicas y privadas a medidas de integración del puerto en la trama urbana y eliminación de barreras. Con esta prórroga concesional se apuesta por la transparencia y se fomenta, además de la inversión, la implicación de las instalaciones en las mejoras de eficiencia energética, de impulso de la economía circular, la reducción de emisiones o de la responsabilidad ambiental”.

La Abogacía de la Generalitat ha emitido un contundente informe que cuestiona la urgencia del decreto y las medidas adoptadas. La letrada que lo suscribe afirma que “más bien parece (y así es a juicio de esta Letrada) que la única justificación es la de la mayor rapidez en la tramitación de un Decreto-ley frente a los plazos más largos de una tramitación parlamentaria, pero sin indicar el motivo por el que deba tramitarse de forma más rápida esta norma. Que la norma tenga por fin ayudar y amparar situaciones concretas de dificultad, tampoco la convierten en urgente ni en necesaria”. Varios párrafos después, recalca que considera que se trata de una norma elaborada “ad hoc” para “aplicar a supuestos concretos, a próximas iniciativas, posiblemente se está pensando en concretas iniciativas”.

La letrada insiste en su informe en que no hay argumento que ampare el uso del decreto-ley para esta medida: “ ¿Qué consecuencias tendría la no aprobación inmediata de la medida que justifiquen la adopción de un decreto-ley? (...) ¿qué situación actual perjudicial al interés público y que no se puede revertir con una tramitación ordinaria de una ley se está tratando de corregir?”, se pregunta. “La respuesta a esta pregunta sería la justificación requerida para aprobar un Decreto-ley”, añade.