El Gobierno valenciano echa atrás la venta de un edificio de la Sareb a un fondo de inversión porque está habitado

El Gobierno valenciano interviene por primera vez una operación de compraventa de viviendas para revertirla e incorporar los pisos al parque público. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ejercerá el derecho de retracto para quedarse con un bloque de viviendas que la Sareb, el llamado 'banco malo', vendió a un fondo de inversión sin comunicar que estaban habitadas por familias en riesgo de exclusión.

La conselleria que dirige el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, echa en cara a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que no comunicara que las viviendas estaban habitadas, un requisito al que el “banco malo” está obligado por la ley autonómica de función social de la vivienda, y que, al eludirse, evitó que la Generalitat optara por ejercer la adquisición preferente. Si la Sareb hubiera señalado, como es su deber, que las viviendas se encontraban habitadas, el Ejecutivo autonómico se hubiera hecho cargo de las familias en riesgo con alternativas como un alquiler social, señalan desde este departamento. La vicepresidencia segunda está explorando las sanciones contra la Sareb por omitir información relevante en la comunicación de la operación.

Las viviendas se encuentran en una calle del barrio valenciano de El Cabanyal y fueron adquiridas mediante el procedimiento de ejecución hipotecaria (impago) por la Sareb a principios de 2018. En el procedimiento de ejecución hipotecaria, el banco malo se adjudicó las 10 viviendas y 5 plazas de garaje por el 50% del valor de tasación a efectos de subasta y lo hizo por 1,5 millones de euros, según ha podido saber este diario. Poco después, la Sareb vendió estas viviendas a Tempore Properties Socimi, un fondo que gestiona 2.964 viviendas en alquiler valoradas en unos 383 millones de euros, según su web, todas procedentes de la Sareb. Ni la sociedad ni la notaría informaron de la compra a la Conselleria de Vivienda, denuncian fuentes de este departamento. “En la notificación de tanteo presentada se indica expresamente que las viviendas se transmiten libres de arrendatarios y ocupantes, circunstancia que finalmente ha resultado no ser cierta”, indican.

La noticia llegó a Unides Podem cuando el fondo quiso desprenderse de una de las viviendas adquiridas y volvió a sacarla al mercado. Tras realizar varios exámenes documentales, los técnicos de la conselleria comprobaron que las viviendas estaban habitadas ya en el momento de su primera venta, sin que la Sareb lo comunicara. Una serie de irregularidades a ojos del departamento, que duda sobre si se cometieron deliberadamente y con qué fin.

Según la normativa autonómica de vivienda, el Gobierno valenciano puede ejercer el derecho de tanteo y retracto -una forma de intervenir en operaciones relevantes- hasta 60 días después de la comunicación de la operación. Al no haber comunicación formal, Vivienda vio el plazo vencido. Pero en el decreto se reservaron un comodín: un artículo que añade que, de no haber comunicación, el plazo arranca de nuevo cuando la conselleria tiene constancia de la misma, carta que la conselleria acaba de activar para revertir la compra e incorporar los edificios al parque público. Desde Vivienda se muestran contundentes con la actuación: “No vamos a tolerar ningún intento de engaño. El objetivo del decreto es ampliar el parque público de vivienda y se redactó pensando en que nadie pueda sacar beneficio de una infracción”, señalan fuentes de este departamento.

El vicepresidente Martínez Dalmau explica que la detección de irregularidades en el proceso indica que “algunas entidades financieras están intentando ocultar información que perjudica, sobre todo, a las familias alquiladas en las viviendas que van a ser transmitidas. Esto evidencia que los mecanismos de control establecidos en los procedimientos del tanteo funcionan”. Asimismo, ha asegurado: “Estamos estudiando otros casos similares, ejerceremos el derecho de retracto en cada una de las transmisiones que se hayan hecho de espaldas a lo que establece la ley. No vamos a permitir que los intereses de los fondos buitre prevalezcan sobre el interés común que defiende la Generalitat Valenciana”.