Tanta, tanta corrupción

Primera condena al 'yonqui del dinero'

Camps y Rus, en el banquillo por los casos Gürtel y Taula

Los casos de corrupción de la época de gobierno del PP siguen llegando a juicio. Estos días coinciden las vistas orales de una pieza del caso Gürtel, con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el banquillo de la Audiencia Nacional, en Madrid, y de una de las piezas del caso Taula, en la Audiencia de Valencia, en la que es el expresidente de la Diputación Alfonso Rus quien se sienta entre los acusados.

Ambos juicios empezaron con incidencias. En el caso de la Audiencia Nacional, se aplazó una semana el inicio del juicio debido a que la Generalitat Valenciana modificó a muy última hora su escrito de acusación para pedir una mayor indemnización en concepto de responsabilidad civil por adjudicaciones y contratos menores del Gobierno de Camps con la trama Gürtel que ascendieron a 1,8 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de dos años y seis meses para el expresidente, a quien señalan en sus declaraciones varios de los que se sientan con él en el banquillo, entre otros el cabecilla valenciano de la trama, Álvaro Pérez.

Por otra parte, el juicio del caso Taula en la Audiencia de Valencia tuvo que superar una incidencia que también amenazaba su inicio cuando uno de los acusados planteó en las cuestiones previas el rechazo a su abogada. Se trataba de uno de los empleados zombis de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa (contratados que no ocupaban su teórico puesto de trabajo) por los que se juzga, entre otros, a quien fuera presidente de la Corporación provincial, Alfonso Rus.

Las estrategias de defensa de Rus y de Marcos Benavent, que fue gerente de Imelsa y es conocido como el yonqui del dinero, coinciden en la pretensión de anular las grabaciones que dieron pie al caso Taula realizadas precisamente por Benavent, que ha modificado su postura de varios años de colaboración con la Fiscalía y los investigadores para declarar que las cintas estaban manipuladas. Como explicaba Lucas Marco en su crónica, “es el último cartucho que les queda a los dos principales acusados, sentados muy cerca en el banquillo, ante los pactos de conformidad que han alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción una decena de acusados”.

Y entonces, en pleno comienzo del juicio por esta pieza de Taula, se hizo pública la sentencia por otra pieza del caso juzgada con anterioridad, en la que se condena a Marcos Benavent a cerca de ocho años de prisión por el uso de dinero público para financiar campañas del PP y por el blanqueo de fondos para “enriquecerse a costa del erario”. La sentencia, que supone su primera condena, avala los audios del 'yonqui del dinero' y acredita el “entramado” delictivo de la red corrupta. Un aval de las grabaciones originarias que supone un duro golpe para las estrategias de defensa tanto de Rus como de Benavent. 

En la siguiente sesión, empezaron a declarar los acusados que han llegado a pactos de conformidad. Uno de ellos, por ejemplo, confesó que fue contratado en la empresa pública Ciegsa de construcción de colegios para trabajar, en realidad, “en la sede del PP en Valencia”. Otro aseguró haber sido contratado por Rus en Imelsa para actuar, en realidad, como jugador del equipo de fútbol Olímpic de Xàtiva. Rus negó todo en su declaración y retó a la Fiscalía a que demuestre que a los futbolistas del club de su propiedad, en el que habría multiplicado el presupuesto gracías al ingreso de mordidas, se les pagaba en efectivo: “Tendrán que demostrar los sobres”.

La agricultura de la Vega Baja afronta una fase de transición

Del trasvase Tajo-Segura al agua desalada para los regantes

Al final, pese al choque con la Generalitat Valenciana, el Gobierno aprobó el decreto que impone unos caudales ecológicos que recortarán de manera muy significativa la transferencia de agua del Tajo al Segura sin las condiciones que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, había pactado inicialmente para que la representación valenciana se abstuviera en el Consejo Nacional del Agua. Así, el Consejo de Ministros introdujo solo algunas referencias a revisar los caudales mínimos del Tajo antes de recortar el trasvase con la pretensión de evitar que el Gobierno valenciano acabe llevando el asunto a los tribunales. 

Ante la situación que se plantea a los regantes de la Vega Baja con el nuevo plan de cuenca del Tajo, el presidente del Consell, Ximo Puig, anunció en las Corts Valencianes que la Generalitat subvencionará el agua desalada con una línea de ayudas de 10 céntimos por metro cúbico para que puedan suplir las transferencias hídricas que no llegarán del Tajo, en una fase de transición en la que, de forma gradual hasta 2027 el trasvase verá recortado su caudal entre 70 y 110 hectómetros cúbicos. La reducción se compensará, según la ministra Ribera, con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales de agua desalada y reutilizada, así como con la mejora de la eficiencia del riego.

Queda fuera de la reforma puntual de la Constitución

Portazo del PSOE y el PP al Derecho Civil valenciano

La recuperación del Derecho Civil valenciano es una reivindicación que goza de amplio consenso. La asociación Juristes Valencians ha llevado al Congreso la propuesta de introducir esa recuperación en la reforma puntual del artículo 49 de la Constitución planteada para actualizar la referencia a las personas con discapacidad. Como ha destacado el presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, la introducción de un párrafo permitiría que las Corts Valencianes legislaran, tal como prevé el Estatut d'Autonomía tras la reforma del año 2006, en normas de derecho de familia, derecho sucesorio o con leyes autonómicas que posibiliten una regulación civil más adecuada para las personas con discapacidades.

Sin embargo, PSOE y PP optaron por dar el portazo a esa reivindicación al acordar que la reforma estará “ceñida” a la referencia a la discapacidad en una reunión en la que participaron el ministro de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. El presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, reaccionó reclamando que el Congreso de los Diputados tenga en cuenta la petición de la Cámara autonómica suscrita por todos los grupos para poner fin a un “agravio histórico”.