Objetivo: acabar con la protección del litoral

El Gobierno de Mazón pretende revisar el Pativel

El PP y Vox quieren urbanizar en la franja de costa que protegió el Pacto del Botánico

Es uno de los instrumentos de ordenación territorial más importantes que se han puesto en práctica en los últimos tiempos. El Pacto del Botánico (formado por el PSPV, Compromís y Unides Podem) lo aprobó en la primera de las dos legislaturas en que ha gobernado la Generalitat Valenciana, con la socialista María José Salvador como consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) otorga desde 2018 un régimen de conservación activa a casi 7.500 hectáreas dentro de una franja de 1.000 metros de la costa valenciana, regula los usos y actividades y contribuye a cualificar el espacio no edificado, tras décadas de urbanización descontrolada.

El plan estableció la caducidad en cinco años, si no se activaban antes, de los proyectos urbanísticos aprobados con anterioridad, en concreto, siete programas de actuación integrada (PAI) en Torreblanbca, El Puig, Cullera, Tavernes, Gandia y Orihuela que supondrían el desarrollo de 5,4 millones de metros cuadrados y la construcción de 18.000 viviendas y que habrían quedado descartados una vez superado el plazo, el pasado mes de mayo.

El Pativel ha sido objeto de múltiples recursos por parte de empresas promotoras. Una incomprensible sentencia inicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la norma fue revocada por el Tribunal Supremo y el plan de ordenación acumula ya hasta 16 sentencias favorables del alto tribunal que lo avalan con rotundidad.

La amenaza a su continuidad, por tanto, no es legal. Proviene de la política. El cambio de Gobierno en la Generalitat Valenciana ha abierto la puerta a desandar lo que el Pativel ha conseguido avanzar en términos de protección del territorio. El Consell bipartito del PP y Vox que preside Carlos Mazón tiene intención de revisar el plan. Así lo anunció la actual consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, que lo acusó de haber sido aprobado “de espaldas a una buena parte de la sociedad” y planteó “hacer compatible la protección medioambiental y la sostenibilidad con la llegada de inversiones a la Comunitat Valenciana”. Según el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el Pativel “va contra la propiedad privada”.

Sobre la mesa está, de momento, la posibilidad de que los proyectos de urbanización de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera, El Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela encuentren de la mano del Consell y la nueva mayoría de derechas en las Corts Valencianes la forma de recuperar su vigencia. No se sabe qué otros criterios de ordenación revisará la anunciada reforma de una norma que se había tomado en serio la salvación de lo que queda del maltrecho litoral valenciano. En todo caso, apunta a una auténtica contrarreforma ambiental.

MSC se asocia con Boluda y presiona por la ampliación y por la terminal de Baleària

¿El Puerto de Valencia o de la mayor naviera del mundo?

Una campaña alentada por sectores empresariales pretende, sin la más mínima base objetiva, hacer de la polémica ampliación del Puerto de Valencia un elemento victimista frente al Gobierno a cuenta de la negociación del eventual pacto de investidura de Pedro Sánchez con fuerzas del independentismo catalán. Se trata de una cortina de humo basada en una supuesta paralización por motivos políticos que no puede camuflar los problemas que el proyecto acumula. En primer lugar, debido a la obsoleta declaración de impacto ambiental en que se basa, cuya legalidad estudia el TSJ de Madrid. También por el impacto reconocido sobre las playas del sur de la ciudad, que son actualmente objeto de regeneración con un coste de 28 millones de euros que paga el Ministerio de Transición Ecológica, de los que no aporta ni un céntimo la Autoridad Portuaria de Valencia. Pero, sobre todo, por lo que representa de cara al futuro que la mayor naviera del mundo se haga con el control, no solo del macromuelle que se pretende construir, sino de otros elementos de la infraestructura.

Para empezar, la urgencia de construir un enorme muelle de 137 hectáreas para carga y descarga de grandes buques de contenedores que gestionaría la empresa MSC (Mediterranean Shipping Company), la mayor multinacional de transporte marítimo, es puesta en cuestión por los datos recientes de tráfico de contenedores en el Puerto de Valencia, que experimenta un caída de más del 10%. Un transporte en el que priman los contenedores de tránsito (que pasan de barco a barco).

Pero es que, además, MSC presiona para otorgar espacio a sus grandes cruceros de pasajeros en la terminal cuya adjudicación ganó la compañía valenciana Baleària asociada con Global Corts Holding (MSC no se presentó a esa licitación). Es tal la presión, que Baleària se ha llegado a plantear la renuncia a la concesión. La multinacional naviera de capital suizo ha hecho otros movimientos llamativos. Por ejemplo, hace unos meses adquirió el 7% de la compañía de remolcadores de Vicente Boluda, consejero del Puerto de Valencia y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), muy activo en defensa de la ampliación portuaria.

La Audiencia reabre el caso sobre un par de agentes de Vilamarxant

Audios de dos policías locales inventando que les había agredido un detenido

Escucharlos impacta. Los audios de dos policías locales de Vilamarxant que se inventaron que un detenido les había agredido han llamado la atención de varios medios tras su publicación por Lucas Marco en elDiario.es. “Esta vez no lo ha hecho”...,“tenemos que poner que estaba violento”, se oye en la grabación, obtenida de manera inadvertida por el teléfono móvil del detenido.

La Audiencia de Valencia ha reabierto la investigación del caso que una juez de instrucción había archivado. Señala la Audiencia en su resolución “la gravedad de los hechos”. Juan Luis Sánchez se ocupó del asunto desde su podcast en un espacio que tituló Así suena un montaje policial.

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