Precariedad en la universidad valenciana: los profesores asociados reclaman un convenio para dejar de ser “mano de obra barata”

“Es un escándalo la precariedad en la Universidad española”. La cita, del ministro de Universidades, Manuel Castells, se repite en las conversaciones con el profesorado asociado. “Nos tienen como mano de obra barata”, clama una profesora. “Es una estructura feudal”, espeta otro. Los profesores asociados arrastran la misma problemática desde hace años: las universidades públicas, con serios problemas de financiación y unas estrictas reglas de gasto, echan mano de una figura laboral más barata para completar las horas de docencia, a menudo de manera irregular.

Esta figura, pensada para profesionales de sus campos que quieren ejercer algunas horas de docencia -y que beneficia a las Universidades del conocimiento o la innovación en la iniciativa privada- se ha convertido en una marca de precariedad. Los contratos son de entre tres y seis horas semanales de docencia, con salarios de entre 250 y 650 euros al mes. A ello hay que sumar la preparación de las clases y la corrección de trabajos -cuatro horas de trabajo por cada hora de docencia, estiman-, las tutorías y si coordinan los trabajos de final de grado. A algunos profesores universitarios estiman que la hora de trabajo les sale a cinco euros.

Se calcula que en las universidades españolas, en su conjunto, los asociados suponen el 43% de las plantillas docentes y superan ya a los titulares, la principal figura docente en los campus, aunque hay insitituciones en las que está por encima del límite legal. Según el Observatorio Universitario, en España hay más de 25.000 profesores asociados y en la Comunitat Valenciana rondan los 4.000. Doce autonomías, incluida la valenciana, superaban el límite legal del 40% de asociados y en 38 universidades públicas se excede. El ministro Castells, catedrático, reconoció que hay universidades que utilizan de manera irregular esta fórmula laboral, de un modo similar al de los falsos autónomos.

Hace apenas dos semanas, el 6 de septiembre, el Tribunal Supremio dio la razón a tres profesores ayudantes doctor de la Universidad de Málaga, despedidos tras 30 años de contratos temporales, al concluir que la universidad utilizó esos contratos en fraude de ley porque cubría necesidades permanentes y estructurales. Los profesores asociados se basan en el mismo arugmento: las universidades públicas recurren a esta figura porque tienen necesidades docentes que deben cubrir.

Aunque la reclamación es estatal, el caso valenciano presenta algunas particularidades. Entre ellas, según denuncian los asociados, ser la única autonomía en la que no hay un convenio colectivo para el personal docente investigador. El pasado año la mesa negociadora del convenio del personal laboral de las cinco universidades públicas valencianas acordó mejoras para el personal laboral, entre ellas una subida media del 35% del sueldo de los profesores, tanto asociados como contratados ayudantes de doctor. Los profesores asociados reclaman a las universidades públicas valencianas y a la conselleria del ramo -Innovación y Universidades según el nuevo organigrama del Ejecutivo autonómico- que dé el paso final para suscribir el convenio colectivo, preacordado hace más de un año, que se encuentra en el limbo. Según explican, las universidades remiten a conselleria y conselleria al ministerio, que señala que son competencias autonómicas.

La Conselleria de Universidades indica que el problema con el convenio tiene que ver con una de las medidas aprobadas con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que pone límite al gasto universitario y por tanto las universidades no pueden aprobar esa subida de sueldo al personal. En su último encuentro con el ministro Castells, la consellera Carolina Pascual trasladó las reivindicaciones del profesorado y recibió el compromiso del ministro de mediar con Hacienda para flexibilizar ese límite.

La portavoz de la Plataforma de Asociados, Isabel de la Cruz, explica a elDiario.es que han detectado en algunas universidades casos de no renovación de los contratos, que dejan a algunos profesores totalmente desamparados. En el caso valenciano, reclamaron a las Universitat de València que no vinculara el contrato a la actividad laboral ajena a la docencia mientras durase la pandemia, ya que muchos profesores han perdido sus otros empleos o han suspendido su régimen de autónomos por ausencia de ingresos. En la UV estiman que el profesorado asociado imparte el 70% de la docencia y algunos profesores han tenido conflictos con los tribunales que evalúan sus plazas, para las que compiten con investigadores de la propia universidad.La plataforma se ha mostrado muy crítica con el convenio preacordado y con el borrador que prepara el ministro Castells, aunque, a estas alturas, y con un curso marcado por la incertidumbre sanitaria y económica, reclaman que se aplique como punto de partida.

En el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, un sindicato denuncia que se van a amortizar 100 plazas de profesor asociado, una conversión a laboral que deja fuera a los perfiles que las ejercían. Otra de las quejas de este colectivo es que los concursos para optar a plaza titular tienen criterios que les perjudican, al exigir un mínimo de publicaciones y estancias en otras universidades, en lugar de primar la docencia. El vicerrectorado encargado de contratación y profesorado explica a este diario que la Politécnica sigue desde hace años una política de estabilización de la plantilla, que pasa por suspender plazas de asociados y abrir otras a concurso. Dos de cada tres asociados entran en ellas, aseguran, al tiempo que afirman que han ampliado los créditos de docencia -reducen 10.000 horas a tiempo parcial y aumentan 15.000 a tiempo completo- para ajustarse a las necesidades de la universidad y a la demanda de titulaciones.

Al margen de sus condiciones laborales, los profesores consideran que las restricciones de aforo derivadas de la pandemia pueden repercutir sobre los alumnos. En el caso de la UPV, recuerdan que el desdoble de algunos grupos para las prácticas de laboratorio tiene dos soluciones posibles: o dar la mitad de las clases, o contratar al doble de profesores. Las medidas de seguridad “hacen imposible el uso de cualquier otra metodología docente que no sea la charla magistral. Se pierde, en la práctica, todo el trabajo de adaptación a nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y se vuelve a un modelo de formación tradicional”.