El Supremo evalúa la transparencia de la Agencia Tributaria: se ocultan los criterios para repartir decenas de millones en productividades
El Tribunal Supremo ha decidido evaluar la transparencia en los criterios de reparto de las productividades en la Agencia Tributaria Española (ATE). Y marcará jurisprudencia. La Audiencia Nacional ya ha dado la razón al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que a instancias de la Junta de Personal del fisco en la provincia de Valencia solicitó que se publicaran los motivos y los criterios para repartir alrededor de 24 millones de los casi 100 que en 2018 se abonaron a los empleados en concepto de Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA).
Este opaco reparto genera importantes diferencias en los salarios del personal de la Agencia Tributaria, algo que sorprende e indigna por igual porque es imposible saber cómo motivarse para trabajar a la hora de alcanzar esos pluses por el buen desempeño del trabajo. Por ejemplo, además del salario y los complementos específicos por cargos y empleo, un delegado territorial del fisco se puede embolsar según el dinero destinado en 2018 por productividad alrededor de 40.000 euros anuales, más de 25.000 si se es inspector y más de 10.000 si el puesto es de técnico de Hacienda. Los empleados del grupo C1 se tienen que conformar con unos 5.000 euros al año, cinco veces menos que sus jefes en la inspección.
Los criterios que diferenciaban esta productividad, que se abona desde 2014, se ocultan desde su creación por parte del exministro Cristóbal Montoro, que quiso motivar al personal de la Agencia Tributaria con la implementación del PEIA. Tampoco es posible hoy en día poder acceder al sueldo de cada empleado por parte de los sindicatos, un opacidad llamativa porque la normativa básica y la Ley de Protección de datos aprobada en 2018 sí que lo permiten, tanto para los trabajadores como para sus representantes.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reconoció en junio de 2016 a la Junta de Personal de Valencia el derecho a conocer los criterios de reparto de las diferentes bolsas de productividad. La Agencia Tributaria no se mostró favorable a esta opinión del órgano consultivo y a través de la Abogacía del Estado recurrió al Contencioso-Administrativo.
El juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 4 desestimó el recurso del fisco y le obligó a publicar los criterios. La Agencia Tributaria se volvió a oponer y recurrió a la Audiencia Nacional, que también dio la razón al Consejo de Transparencia.
En la resolución en primera instancia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juzgado desestimó los argumentos de la ATE al “estar carentes de cualquier sustrato probatorio”. La Agencia había argumentado que no podía facilitar los datos porque existía un “peligro para la lucha contra el fraude fiscal” y un perjuicio para “la prevención, investigación y sanción de ilícitos administrativos y penales o las funciones administrativas de inspección”.
Tras el tercer varapalo a la transparencia de la ATE, la Abogacía del Estado recurrió en casación al Tribunal Supremo, que ha aceptado a trámite el pleito y que decidirá finalmente si se deben publicar o no estos criterios para que estén a disposición de todos los empleados. Una manera de que todo el mundo sepa cómo mejorar su trabajo bajo unos criterios objetivos.
Otro de los puntos de falta de transparencia del fisco en estas productividades es cómo se reflejan en las cuentas de la institución. De los 224 millones que en 2018 cobraron los empleados del fisco, solo 85 se contemplaban en los presupuestos de la entidad. El resto se aprobaron a través de modificaciones de crédito, algo solo posible de localizar por un ciudadano a través de una activa búsqueda de información.
