El TSJ condena a la Generalitat a pagar casi 700.000 euros a una constructora por intereses de facturas de la época del PP
La Conselleria de Educación deberá pagar 674.165,20 euros a la constructora Grupo Bertolín por los intereses de demora generados por el pago tardío de facturas de certificaciones de obra de varios contratos de la empresa para obras de colegios, instalaciones deportivas y culturales concertadas con el Ayuntamiento de València y con el de Riba-roja del Túria. Los contratos fueron firmados por el Gobierno autonómico del Partido Popular y el conseller Vicent Marzà ha heredado el asunto, que finalmente ha costado casi 700.000 euros.
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso de la constructora y condena a Educación a abonarle los casi 700.000 euros además de los intereses legales calculados desde las fechas de las certificaciones de obra.
La constructora reclamó el pago el 31 de marzo del 2016 pero la Conselleria de Educación sólo reconoció intereses por un valor de 404.708,76 euros. El departamento que dirige Marzà arguyó que “algunas facturas fueron abonadas por confirming, otras por el mecanismo de pago a proveedores y otras no han tenido entrada en el centro”, por lo que entendía que no procedía pagar los intereses de demora “ni el cálculo de los intereses sobre el IVA respecto de determinadas facturas”.
La Conselleria también se opone al recurso de la constructora por “la grave situación económica que está atravesando”. El jefe del Servicio de Programación Económica y Presupuestos cuestionó el IVA de las facturas emitidas que se utilizan como referencia para calcular los intereses de demora.
La sentencia del TSJ rechaza los argumentos de la Conselleria, representada por los servicios jurídicos de la Generalitat, sostiene que los cálculos de los intereses sobre el importe del IVA “se ajustan a la doctrina” de la Sala y, por tanto, los declara procedentes.
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